En la mañana de este jueves el capitán Ányelo Palacio presentó una solicitud ante la Procuraduría General para que ejerza un poder preferente en su proceso, pues advirtió que en su contra existía un complot para sacarlo de la Policía. Esta solicitud fue presentada después que fuera suspendido de la Institución por un periodo de 12 años
Su argumento es que por sus denuncias por la presunta existencia de una red de prostitución en el interior de la Fuerza Pública -denominada mediáticamente como la "Comunidad del Anillo"- lo quieren sacar de la Institución. Debido a esto el capitán asegura que no cuenta con las garantías procesales tras presentar el recurso de apelación.
El objetivo de Palacio es que el Ministerio Público asuma el caso y falle en segunda instancia. Fuentes cercanas manifestaron que el uniformado asegura que no contó con un debido proceso en la investigación que le adelantaron por una declaración no autorizada que hizo a medios de comunicación.
En los próximos días un procurador revisará el proceso disciplinario interno que se adelantó en la Policía Nacional, verificará las pruebas y evaluará todo el trámite que se hizo. En un plazo de 15 días la Procuraduría General deberá definir si acepta o no la petición presentada por Palacio.
Se espera que las próximas horas se conozca un pronunciamiento oficial por parte de la Policía Nacional sobre el proceso del capitán, quien hace pocos meses fue trasladado a Bogotá para asumir un cargo de planeación en la Policía Metropolitana.
En contra del capitán cursa otra investigación por el presunto pago de un soborno de 500 mil pesos por parte de un comerciante para que no le sellara su licorera cuando se desempeñaba como comandante de la Policía en Caquetá.
Lea aquí el comunicado completo de la Policía Nacional respecto a la situación del capitán Ányelo Palacios Montero.
La Policía Nacional se permite informar:
1. La Inspección General aperturó investigación al oficial en noviembre de 2015, por una presunta trasgresión al régimen disciplinario de la Policía Nacional, relacionada con injuria, calumnia, omisión de denuncia e incumplimiento de normas internas.
2. La investigación se desarrolló mediante procedimiento verbal disciplinario público, garantizando el debido proceso y permitiendo el ejercicio efectivo al derecho de defensa, mediante apoderado judicial.
3. La Procuraduría General de la Nación ha venido realizando vigilancia especial al expediente como garante de los derechos procesales del investigado.
4. El lunes 11 de abril de 2016, en audiencia pública, se profirió decisión disciplinaria de primera instancia, consistente en destitución. Actuación notificada personalmente al abogado del oficial.
5. La decisión fue apelada por el apoderado del capitán Palacios y surte el trámite correspondiente en segunda instancia, momento en el que habrá fallo definitivo.
6. La Policía Nacional da cumplimiento estricto a los parámetros legales que rigen la acción disciplinaria y respeta los derechos que le asisten a los investigados.