Tras nueve intentos fallidos, Fiscalía logra imputar cargos a dueño de Fedco

La Fiscalía había intentado imputarle cargos en nueve oportunidades, sin éxito, Leo Eisenband. / Gustavo Torrijos - El Espectador

La décima, al parecer, es la vencida. Luego de nueve intentos fallidos, la Fiscalía finalmente le imputó cargos al empresario barranquillero Leo Eisenband, dueño de los almacenes Fedco, por su supuesto rol en el desfalco a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Según el ente investigador, el empresario habría utilizado “maniobras fraudulentas” de la mano de exfuncionarios públicos para pagar un precio mucho inferior al real por el centro comercial Villa Country, ubicado en la capital del Atlántico. Eisenband se declaró inocente.

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El caso del desfalco al DNE se remonta a 2011, cuando se comenzaron a conocer diversas denuncias de corrupción dentro de la entidad. Uno de los coletazos de ese gran expediente es, precisamente, el caso contra Eisenband. Según se dijo en la audiencia de este lunes ante el juzgado 52 de garantías de Bogotá, el supuesto involucramiento del empresario en el desfalco inició con la liquidación en 2007 de la sociedad Promocon, dueña en ese entonces del centro comercial de Villa Country, que fue confiscado al clan mafioso de los Nasser Arana.

Como liquidador de Promocon se nombró al entonces fiscal Camilo Bula, a pesar de que no cumplía en ese momento con los requisitos para ejercer esa función. En julio de 2008, Bula, hoy condenado por el escándalo de la DNE y principal testigo en el caso, inició la venta de los bienes de la empresa, entre ellos, del centro comercial Villa Country. En medio de ese proceso, al parecer, el exfiscal se reunió en Miami con el entonces director de la DNE Carlos Albornoz para pactar que venderían los bienes “en bloque”.

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Supuestamente, en medio de ese proceso de venta, los funcionarios a cargo de los bienes reformaron los estatutos de propiedad horizontal del centro comercial para que, en el papel, Villa Country tuviera menos áreas privadas y más áreas comunes. Así, en los registros, habría pasado de tener 15.323 metros cuadrados de áreas privadas a 12.528, lo que, desde luego, hizo que su valor bajara considerablemente. Una vez se hizo la oferta pública para los compradores, el 7 de abril de 2009, el precio del inmueble se estableció según el avalúo de la firma Kosmos, al parecer contratada por Eisenband, en $23.000 millones. Sin embargo, un peritaje del CTI determinó que el predio realmente valdría $40.000 millones en ese momento.

Además, Eisenband, a través de su empresa Eilat Limitada habría hecho una oferta el día antes de que se abriera la convocatoria, el 6 de abril. Por el total del centro comercial habría ofrecido, entonces, $18.000 millones, casi $5.000 millones por debajo del avalúo. Sin embargo, al cierre de esa convocatoria, el 20 de abril siguiente, el empresario barranquillero fue el único que presentó una propuesta de compra que cumplía con todos los requisitos y, al mes siguiente, Eisenband suscribió la promesa de compraventa con la DNE por el valor que ofreció, uno que por mucho es menor al real del centro comercial.

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El empresario barranquillero pagó siete débitos que­ sumaron $3.672 millones. Para pagar el resto, Eisenband pidió un préstamo de más de $14.000 millones al Banco Agrario. Aunque la entidad le aprobó el crédito, según la Fiscalía, no hay registro de pago alguno que haya entrado a las arcas del Estado por la compra de este centro comercial. En esas condiciones, y a pesar de que el contrato los obligaba a pagar primero y tomar posesión después, la empresa Eliat se habría tomado el centro comercial, incluso expulsando a tres comerciantes que le arrendaron locales al dueño anterior.

Para orquestar el entramado, Eisenband supuestamente les prometió una comisión de éxito a todos los involucrados en el negocio: desde Bula y Albornoz, hasta la firma Kosmos y otros funcionarios. En total habrían sido $2.000 millones los que el empresario prometió, $800 millones de los cuales habría pagado directamente al entonces director de la DNE en tres reuniones en Bogotá: una en el Puente Aéreo, otra en unlujoso restaurante  y una última en un café.

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Para la Fiscalía, Eisenband se habría aprovechado de su “posición distinguida” en la sociedad para sostener negocios que terminaron perjudicando el erario público, pues el dinero en cuestión el Estado lo dejó de percibir. Por todo esto, el ente investigador le notificó, como venía intentando sin mayor éxito desde 2013, que lo investigará formalmente por los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado y fraude procesal.