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El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, anunció que 576 personas que se encuentran detenidas en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de Bogotá, serán trasladados a diferentes centros de reclusión en el territorio nacional. Con esta medida, el despacho de Gobierno espera una reducción del 21% del hacinamiento en tales centros de detención transitoria.
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Según Ruiz Orejuela, la próxima semana serán trasladados 276 privados de la libertad, entre los que se encuentran 25 mujeres. Los 300 restantes serán ubicados en los días siguientes. “Los traslados se realizarán con el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad y una vez lleguen a los nuevos sitios de reclusión, los privados de la libertad deben cumplir con 14 días de aislamiento en las zonas destinadas para ese efecto”, puntualizó el ministro de Justicia.
De acuerdo con Armando Vergara, veedor de la Policía Nacional, en una entrevista con RCN Radio, la emergencia en las URI de Bogotá necesita una solución urgente. En los primeros días de 2021, por ejemplo, la URI de la localidad de Puente Aranda reportó un crecimiento del 100% en el hacinamiento, con respecto al año pasado. Según la veeduría, que es un despacho avalado por la Personería de Bogotá, el espacio tiene cupo para 90 personas, pero en la actualidad hay 774.
El creciente hacinamiento en las URI de Bogotá es un fenómeno descrito durante el 2020 por la Personería de la capital del país. Por ejemplo, en agosto del año pasado, el organismo reportó que en los centros de detención transitoria había una sobrepoblación del 155,8%, pues estaban retenidas 2.231 personas en un espacio destinado para un máximo de 872.
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En términos de porcentaje, la Estación de Tunjuelito reportó los mayores índices con un 1.066%, pues había 43 personas en un pequeño espacio construido solo para seis, para agosto de 2020. Índices de sobrepoblación de ese nivel llevaron a 42 reclusos, en diciembre pasado, a un intento de fuga de la URI La Granja. Los detenidos rompieron los barrotes y provocaron un incendio, cuyos desmanes fueron controlados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
La Corte Constitucional, mediante sentencia T-151 de 2016, tras una acción de tutela elevada por la Defensoría del Pueblo, se pronunció sobre la grave situación en los centros de detención transitoria de Bogotá. “Advirtió falencias como hacinamiento, carencia de infraestructura adecuada para recibir a esta población, insalubridad, falta de atención en salud, deficiencias en la alimentación e incluso condiciones que desconocen la prohibición constitucional frente a tratos crueles, inhumanos y degradantes”, explica el órgano de control en su sitio oficial.
En la decisión, la Corte Constitucional ordenó a la Policía Metropolitana de Bogotá a suspender el uso de buses, remolques, carpas, parques y plazas como sitios de detención preventiva. Además, se ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) vincule a los detenidos que lleven más de 36 horas en los centros transitorios, con el objetivo de controlar y verificar sus garantías.
De acuerdo con Manuel Iturralde, director del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, las disposiciones del Gobierno para mitigar el Covid-19 en las 132 cárceles a cargo del Inpec, donde a corte de noviembre pasado murieron 69 internos, tuvieron una relación directa con el crecimiento del hacinamiento en las URI y estaciones del Policía del país. Con el decreto 546 de abril de 2020, se prohibió el ingreso de nuevos internos a los centros de reclusión, por tres meses, lo que agravó la emergencia en los edificios transitorios.