Tres años de cárcel para Emilio Tapia por 'carrusel de contratos'

El excontratista que se encuentra privado de la libertad en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, deberá pagar además una multa de 22 salarios mínimos.

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Este martes la juez 42 de conocimiento de Bogotá condenó a tres años de prisión al excontratista Emilio Tapia, quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, por su participación en el conocido ‘carrusel de contratos’ en Bogotá durante la administración de Samuel Moreno Rojas.

“En este caso el comportamiento del aquí acusado nos permite corroborar la existencia de una organización delictiva dedicada a atentar contra la administración pública”, señaló la juez. 

Esta es la primera condena que se dicta en contra del excontratista, quien además deberá pagar una multa de 22 salarios mínimos, que equivalen a $14.175.700.

Tapia había aceptado su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir simple en la investigación que se lleva a cabo por estos hechos de corrupción en la capital de la República. (Lea: El accidentado proceso de Emilio Tapia)

En contra de Emilio Tapia existe otro proceso por los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos por las irregularidades en la entrega de los contratos de la reparación de la malla vial, fase III de Transmilenio y obras de valorización.

Según la investigación de la Fiscalía, Tapia habría concertado con el entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas; su hermano, el senador Iván Moreno Rojas (condenado a 14 años de prisión); el exsubdirector técnico del IDU, Julio Inocencio Meléndez; el concejal Andrés Camacho Casado; el director de la Unidad de Mantenimiento Vial, Iván Hernández Daza; y el contratista Julio Gómez. Esto para facilitar la entrega de multimillonarios contratos viales en la capital de la República a cambio de una comisión.

El contratista habría sido uno de los creadores de la “empresa criminal”, junto al asesor jurídico del Grupo Nule y los empresarios, para resultar beneficiados de manera ilegal en los procesos de licitación adelantados por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).