Tribunal absolvió a dos procesadas por secuestro de tres contratistas estadounidenses

Se tumbó el fallo de primera instancia que las había condenado a 16 años de prisión.

En fallo de segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Florencia absolvió a dos mujeres, señaladas por la Fiscalía de pertenecer a las Farc y hacer parte de los hechos que rodearon el secuestro de los tres contratistas estadounidenses retenidos por dicho grupo guerrillero el 13 de febrero cuando el avión en el que se movilizaban fue derribado en la vereda Alejandría, zona rural de la capital del Caquetá.

En el debate jurídico, el Tribunal Superior determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General en contra de las dos procesadas no permitían inferir de manera clara su participación en los hechos materia de investigación, hecho por el cual “tumbó” el fallo de primera instancia emitido por un juzgado especializado el cual las condenó a 16 años de prisión.

Para el Tribunal, no se presentaron elementos materiales probatorios que demostraran que las dos mujeres, capturadas en Bogotá noviembre de 2007, pertenecieran a dicho grupo guerrillero, ni su vinculación con el delito de secuestro extorsivo por las que fueron acusadas por parte de la Fiscalía General.

Al revisar el fallo emitido por el juzgado primero especializado de Florencia se consideró que nunca se conoció el contenido de las llamadas “pruebas de supervivencia de los secuestrados” que les fueron incautadas a las dos mujeres y que en el desarrollo del juicio no se evidenció que las hubieran recibido directamente de dicho grupo guerrillero, por lo que no se descarta un engaño para que transportaran dichos elementos.

En este punto se indica que está demostrado que una de las procesadas recibió un millón de pesos para transportar el paquete desde el municipio de Tomanchipá hasta Bogotá, sin embargo no se puede inferir que conociera el contenido del mismo pese a que fue advertida de los problemas que tendría si era descubierta.

Para los magistrados, las Farc pudieron haber utilizado a ciudadanos que no pertenecían a sus filas con el fin de no exponer a sus integrantes a una captura, tesis que nunca fue derrumbada por parte de la Fiscalía General.

Ante esta duda probatoria, consideró el Tribunal, no se puede emitir un fallo condenatorio en contra de las dos procesadas ya que el simple hecho de ser oriundas de una zona de influencia guerrillera o viajar en repetidas oportunidades a Venezuela pueden ser argumentos para sostener una sentencia.

“Unas cartas de los plagiados aparentemente dirigidas a sus familias y unos videos con mensajes elaborados por las víctimas, no necesariamente son pruebas, de que quienes los transportaban, son conocedores de su contenido y tienen la voluntad de colaborar con quienes conocen el crimen”, precisa uno de los apartes de la sentencia.

Igualmente se avalaron los argumentos de la defensa que justificaban los continuos viajes de una de las procesadas a Venezuela debido a su interés de ingresar a una universidad para continuar con sus estudios superiores.

En este punto concreto, el Tribunal calificó como “un error” el hecho de que el fiscal que le practicó la indagatoria omitiera hacerle preguntas claves. “No se supo qué iba a hacer ella con ese paquete, ni quién era Andrés Cote, el amigo que por mensajes de texto le pidió desde Maracaibo (Venezuela) que recogiera la encomienda”. Solamente se indicó que se trasladó a un lugar de la capital de la República con la finalidad de recibir un paquete a dos desconocidos.

En el caso de la memoria USB incautada al momento de la captura y los otros elementos probatorios tenidos en cuenta se indica que los mismos no fueron presentados al despacho para que realizara el análisis jurídico y adelantara la práctica de los mismos.

Los contratistas estadounidenses Keith Stansell, Marc Gonsalves y Tom Howes fueron rescatados en el marco de la Operación Jaque el 2 de julio de 2008.