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La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una tutela presentada en contra del cese de actividades que se viene adelantando desde hace tres semanas en 183 juzgados civiles y de familia de Bogotá (Cundinamarca) y Pasto (Nariño).
El magistrado ponente Fredy Hernando Ibarra Hernández le envió un oficio a las partes demandadas, a la Presidencia de la República, al Consejo Superior de la Judicatura y a los representantes de los sindicatos judiciales para que presenten sus conceptos frente a la acción judicial.
El demandante, Germán Calderón, argumentó que con el cese de actividades se están vulnerando los derechos a la administración de justicia efectiva para los niños, niñas y adolescentes de Bogotá (Cundinamarca) y Pasto (Nariño).
Añadió que al ser un servicio público y fundamental para la ciudadanía no se puede negar su acceso. Debido a esto piden que se tomen las acciones administrativas para que los integrantes del sindicato “La Voz Judicial” –creado como una disidencia de Asonal Judicial después de que éste firmara un acuerdo para poner fin al paro hace dos semanas- reanuden las labores.
El demandante afirmó en la acción de tutela que el cese de actividades y las asambleas permanentes que el sindicato “El Vocero Judicial” viene adelantando no está cobijado por la Constitución ni por la ley, pues la administración de justicia es un servicio “público esencial”, cuya prestación es obligatoria en todas las circunstancias.
Este martes los juzgados ubicados en el centro de Bogotá amanecieron con presencia de la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Los funcionarios y servidores de la Rama Judicial manifestaron que continuarán en las asambleas permanentes.
El pasado lunes, se presentaron agresiones -registradas por los medios de comunicación- por parte de los uniformados en contra de los funcionarios judiciales que protestan contra el acuerdo 10445 que crea secretarias generales para la atención al público y resolución de procesos.
Por el momento el acceso al público continúa restringido. El ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado hizo un llamado para que se reanuden las actividades al señalar que ya existe un acuerdo entre el Gobierno, la Judicatura y los representantes sindicales.
Sin embargo, una sección de los servidores y funcionarios de la Rama consideran que el acuerdo firmado hace dos semanas no los representa, hecho por el cual continuaron el cese de actividades pidiendo que se anule el acuerdo emitido en diciembre del 2015 por la Sala Administrativa de la Judicatura.