Tribunal Administrativo deberá resolver billonaria condena contra la Nación por desplazamiento forzado

En fallo de primera instancia se ordenó el pago de una reparación de 44.568 personas que tuvieron que abandonar sus hogares en el departamento de Sucre por el conflicto armado interno.

La Sala Plena del Consejo de Estado le ordenó al Tribunal Administrativo de Sucre resolver el recurso de apelación presentado contra la condena la Nación emitida por el juzgado séptimo administrativo de Sincelejo para la reparación de 44.568 personas que tuvieron que desplazarse debido a la presión de armados ilegales en diferentes municipios de Sucre.

En el fallo no se aceptó la petición hecha por el Tribunal Administrativo que consideró que debido a la complejidad del caso debía ser el Consejo de Estado el que debía resolver el caso. La Sala consideró que no existía una justificación legal para trasladar el conocimiento de este proceso al máximo tribunal de lo contencioso administrativo.

“En el caso particular, pese a que no existe ninguna duda en relación con la importancia jurídica, la trascendencia económica o social o la necesidad de sentar jurisprudencia se incorpora el asunto sometido a consideración de la Sala, no es posible avocar su conocimiento”, precisa la decisión. (Ver Condenan a la Nación al pago de $ 2.1 billones a desplazados en Sucre)

En el fallo de 16 páginas se indica que no hay fundamento legal hecho por el cual será el Tribunal Administrativo el que debe estudiar y tomar una decisión de fondo, “no sin antes exhortarlo a que revise minuciosamente y, de ser necesario, rehaga todas aquellas actuaciones y notificaciones que ha realizado indebidamente al aplicar, en este proceso, la ley 1437 de 2011”.

En el año 2006 el juzgado séptimo administrativo de Sincelejo unificó dos acciones de reparación presentadas por dos grupos representativos de personas en contra de la Nación por los hechos que generaron su desplazamiento forzado de los municipios de San Onofré, Colosó, Chalán, Ovejas y Sincé en el departamento de Sucre.

En fallo del 29 de enero se condenó al Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Armada Nacional, la Agencia Presidencial para la Acción Social (Departamento Administrativo para la Prosperidad Social) por los daños morales y materiales ocasionados a los miembros de los pobladores, que actualmente se encuentran inscritos en el Registro Único de población Desplazada. Debido a esto se ordenó el pago de 2.1 billones de pesos.