Tribunal admite tutela que busca proteger derecho a la protesta y frenar excesos del Esmad

La tutela también pide la prohibición de proyectiles de energía cinética tipo bean bag que fue la que impactó y acabó con la vida del estudiante Dilan Cruz.

El Tribunal Superior de Bogotá admitió para su estudio una tutela que presentaron diversas organizaciones sociales, de derechos humanos, estudiantes y docentes para que se proteja el derecho a la protesta, la vida, la integridad y la libertad personal, entre otros. La tutela fue presentada a finales de 2019 en el marco del Paro Nacional luego que se documentaran casos de exceso policial como el hecho que terminó con la vida del estudiante Dilan Cruz en noviembre pasado.

La acción judicial busca que se corrija “la forma de actuar de la Policía Nacional en el marco de las manifestaciones, incluyendo al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)” para que garanticen el ejercicio del derecho a la protesta”. Esto incluye una mesa de trabajo que se ocupe de estudiar los casos de abuso policial y que se eliminen los riesgos asociados al uso de armas potencialmente letales por parte de los agentes oficiales.

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“Entre otras cosas, con la prohibición de proyectiles de energía cinética tipo bean bag y la restricción del uso de otras municiones de este estilo en casos en que no esté en peligro directo e inminente la vida o integridad personal de un agente de la Fuerza Pública o una tercera persona”, indicaron las organizaciones entre las cuales está Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas y la Fundación para la Libertad de Prensa.

La tutela igualmente pide que se reafirme la prohibición de disolución de protestas pacíficas y que se garantice la identificación y la rendición de cuentas de quienes integran la Fuerza Pública e intervienen en movilizaciones y protestas, entre otros. La acción judicial está dirigida contra el presidente Iván Duque; el ministro de Defensa, Carlos Holmes; la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; y el director de la Policía, general Óscar Atehortúa. Y quedó en manos de la magistrada de la Sala Civil, Hilda González Neira.

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