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“Es inaceptable que en medio de una emergencia sanitaria que amenaza y compromete la vida, se empleen herramientas, procedimientos y requisitos convencionales y rígidos que no se compadecen con la situación grave y excepcional que está de por medio y que han imposibilitado, hasta la fecha, la entrega de estas ayudas agudizando el hambre y el riesgo de exterminio de los pueblos étnicos”. Con estas palabras, la Procuraduría le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenara al Gobierno la entrega inmediata de ayuda a todos los pueblos étnicos del país. Y su petición fue escuchada.
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En un fallo de la sección segunda de este tribunal, quedó en evidencia la situación que viven los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y al pueblo Rom. En concepto de la Procuraduría, aunque el Gobierno ha venido trabajando con todos ellos, las condiciones actuales y todas las acciones han dilatado la entrega de ayudas, lo que ha puesto a estos pueblos en riesgo inminente de exterminio, “quienes además, en el marco de la pandemia, no han dejado de ser azotados ni un solo instante, por el recrudecimiento de la violencia y las acciones bélicas en sus territorios afectando a líderes y comunidades enteras, como es de conocimiento público”.
Como ejemplo de la situación que viven casi 2 millones de indígenas (cifra del DANE), aun cuando se han hecho anuncios de la entrega de mercados y kits de bioseguridad para los integrantes de los pueblos étnicos del país, han pasado más de un mes de haberse generado la expectativa de la entrega de este tipo de ayudas humanitarias de emergencia y por lo menos en el 80% de los territorios étnicos, dichas ayudas no se han entregado. Tampoco han recibido los kits de bioseguridad anunciados.
Además, relató la Procuraduría, los miembros de los pueblos indígenas, pueblos negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, con el fin de prevenir lo expansión del COVID-19, se encuentran resguardados en sus territorios, cumpliendo cabalmente con el aislamiento obligatorio, pero no cuentan con recursos económicos para solventar su alimentación durante la cuarentena decretada por el gobierno. Una de las estrategias del ejecutivo para ayudar a esta población es el programa “Colombia está contigo: un millón de familias”. Sin embargo, tanto el Ministerio Púbico como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resaltaron su ineficacia.
“Para la Sala es claro que existe una deficiencia y una inminente dilación en la entrega de las ayudas humanitarias de emergencia del programa creado por el Ministerio del Interior (…) Esta situación es alarmante, porque si bien la estrategia ‘Colombia está contigo: Un millón de familias’, pretende llegar a un millón de familias, con los datos y cifras entregadas, la realidad demostrada es otra”, expresó el tribunal, que aclaró que aproximadamente el 64% de las ayudas prometidas no se han entregado y, por eso, le hizo un fuerte llamado de atención al Ministerio de Interior (el encargado del programa).
A juicio de la sala que estudió la tutela, la cartera ministerial que dirige Alicia Arango ha venido desatendiendo su trabajo con estas comunidades "pues, no es posible que desde la última fecha de actualización de comunidades, esto es, 31 de marzo de 2020, aun se encuentre un número tal elevado sin entregar, máxime como se ha dicho, estas comunidades étnicas son sujetos de especial protección constitucional”. En un tiempo que no puede superar los 20 días, el Gobierno tendrá que tomar todas las medidas necesarias para cumplir con este fallo clave para estas comunidades vulnerables.