Tribunal de Justicia y Paz reconoció como víctima a comité de mineros del Sur de Bolívar

Así lo decidió esta Corporación al señalar la responsabilidad del Bloque Central Bolívar en el desplazamiento forzado del Comité de Mineros de La Gloria (Comineros), mina ubicada en el corregimiento de Pueblito Mejía, municipio de Barranco de Loba.

Las familias de Comineros apelaran el fallo a través de su representante legal para que la Corte Suprema sea la que directamente les devuelva la mina y no sea entregada al Fondo de Reparación. Archivo.

El Tribunal Superior de Bogotá de Justicia y Paz acaba de reconocer, en una sentencia anexa, la condición de víctima al Comité de Mineros de La Gloria (Comineros), quienes fueron desplazados a comienzos de este siglo por parte de grupos paramilitares en n el corregimiento de Pueblito Mejía, municipio de Barranco de Loba, Sur del departamento de Bolívar. 

El desplazamiento forzado ocurrió hace 16 años, en junio de 2003, cuando los paramilitares bajo el mando de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, se percataron que la mina La Gloria era muy productiva. Después de obligarlos a asistir a una reunión con Henry Eduardo Martínez Vergara, alias Sucreño y Eduardo Herrera Embus, alias Alfonso bajo el mando de Macaco, les anunciaron el cierre de la mina, les robaron el oro y el dinero que habían trabajado, asesinaron a varios de sus miembros y los desplazaron. Posteriormente, conocieron que, desde 2002, con el apoyo de autoridades departamentales, se constituyó una nueva asociación a la cual se le entregó la explotación de la mina.

(Alcalde de Barranco de Loba, Bolívar estaría tras el oro de su municipio)

Esta nueva decisión del Tribunal de Justicia y Paz se originó por la acusación de la Fiscalía General en noviembre de 2015 por los delitos de terrorismo, destrucción y apropiación de bienes protegidos, desplazamiento forzado de población civil, tortura en persona protegida, entre otros, hechos que fueron aceptados ante la justicia por el jefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, como coautor de los crímenes.

Según reposa en el fallo  de primera instancia “estas minas fueron compradas por Carlos Mario Jiménez Naranjo (alias Macaco) en junio de 2002, y según las investigaciones, su administración estuvo en cabeza de alias Alfonso, comandante financiero de Jiménez Naranjo en Pueblito Mejía. Posteriormente, con el desplazamiento de los mineros artesanos de la mina La Gloria, apareció la denominada sociedad Grifos S.A, de la cual figura como accionista Rosa Edelmira Luna Cardona, esposa de Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco.

Además, en esta nueva sentencia complementaria, la Sala de Justicia y Paz reconoce a 133 familias desplazadas que derivaban su sustento de la explotación artesanal de esta mina de oro. En el pasado, la justicia omitió estos hechos y no reconoció como sujeto colectivo de reparación a 200 familias afectadas por el desplazamiento forzado provocado por el cierre de la mina y las amenazas contra estas familias por parte del grupo paramilitar. Según explicó el abogado del caso, Eduardo Carreño Wilches, “se trató de un error en la información suministrada inicialmente por la fiscalía seccional de Bucaramanga que fue corregido gracias a la gestión de la misma cooperativa Comineros que logró que se adicionara el fallo".

El Tribunal de Justicia y Paz, en esta adición, también ordena investigar e indagar por los bienes correspondientes a la Mina La Gloria entregados al Fondo Especial de víctimas y compulsa copias para que la Procuraduría General de la Nación investigue a los funcionarios que permitieron acciones para que se diera esta expropiación de las familias mineras. También ordenó un plan especial de presencia de la Fuerza Pública para garantizar el retorno de las familias a la zona, hoy bajo el control de grupos criminales.

Pese a que se trata de un avance muy importante para las familias de Comineros, estas han decidido apelar el fallo a través de su representante legal para que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia devuelva directamente la mina y no sea entregada al Fondo de Reparación. A su vez, pedirán que se reconozcan 47 familias restantes que no están incluidas en el nuevo fallo.