Tribunal estudiará demanda contra resolución que dio luz verde a pesca de tiburones

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Una acción popular en contra de la resolución 350 de 2019, expedida por el Ministerio de Agricultura, fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esa norma fue la que dio luz verde a la pesca de ciertas especies en el Mar Caribe en 2020, incluidas algunas de tiburones requeridos solo para comercializar su aleta.

Era previsible que la resolución 350 de 2019 del Ministerio de Agricultura, con la cual se establecieron las “cuotas globales de pesca de las diferentes especies para la vigencia 2020 en el Mar Caribe”, llegara en algún punto a los estrados judiciales. Y ya ocurrió. Una acción popular radicada en diciembre de 2019, que busca prometer “el goce de un ambiente sano”, la “existencia del equilibrio ecológico”, así como el “manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, la seguridad y la salubridad públicas”, fue admitida en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La decisión, aunque se tomó el 13 de agosto de este año, no se conocía. El Tribunal señaló que el recurso no fue claro en especificar si lo que buscaba era “discutir la legalidad del acto administrativo, pues no es posible ordenar a través del fallo popular sacarlo del ordenamiento, o si lo que solicitaba era la prohibición totalmente la pesca de los especímenes indicados hasta tanto no se garantice su existencia o la proscripción del aumento de la cuota de aquellos”. No obstante, agregó luego que interpretaba la demanda tal cual lo había indicado en un aparte. (Le puede interesar: ADN, la pista para descifrar el mercado negro de aletas de tiburón)

Ese fragmento dice que, lo que se busca con la acción popular, es se ordene la suspensión de la captura de estos individuos hasta tanto no se realicen los estudios nacionales y regionales pertinentes que permitan determinar de manera objetiva sí es posible capturar estos individuos sin mantenerlos en riesgo de extinción o, si por el contrario es necesario suspenderlas por el tiempo necesario que arrojen dichos estudios con el fin de garantizar su existencia". Se refería a los seis animales (como atún, langosta, jaiba o tiburón) para los que se autorizó cierta cuota de toneladas.

La decisión, en su momento, generó una enorme controversia porque autorizaba la pesca de un tipo de tiburón específico por su aleta, decisión que advirtieron investigadores de la fauna del país, como Sandra Bessudo (directora de la fundación Malpelo), incluía cuotas de especies de tiburones amenazados en Colombia. La presión que generaron científicos e investigadores llevó al Ministerio de Agricultura a echar reversa sobre el asunto de las aletas, pero la cuota de pesca de los tiburones se mantuvo.

La acción popular dice que, de acuerdo la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, publica periódicamente una “lista roja de especies amenazadas” y que en ella se encuentran varios de los tiburones cuya pesca fue avalada en la resolución del Ministerio de Agricultura. Tres están en estado vulnerable, una “casi amenazad(a)”, una en peligro crítico y una más en peligro de extinción; y también figuran en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora. (Lea también: La pesca ancestral en el Caribe colombiano que le apuesta al cuidado del mar)

En la acción pública se retomaron diversas publicaciones en medios de comunicación en las que se advertía la urgencia de revocar la resolución, base, además, para la comercialización de esas especies y de las aletas. Las publicaciones periodísticas señalaban, por ejemplo, que la resolución violaba el principio de precaución; que había rechazo entre los ambientalistas; que extraer a esos animales tendría consecuencias sobre otras especies porque no había cómo garantizar la selectividad; y, por último, que Colombia no tenía información suficiente para tomar ese tipo de determinaciones.

La acción popular recordó, asimismo, que en 2017 la AUNAP (Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca) propuso, entre otras medidas, prohibir el aleteo de tiburón, “en el cercenamiento y retención de las aletas de tiburón, y el descarte del resto del cuerpo al mar durante las faenas de pesca de cualquier pesquería desarrollada por embarcaciones de bandera nacional y/o extranjera afiliadas a empresas colombianas en aguas jurisdiccionales”. Este debate, fundamental en consideración de ambientalistas y científicos, ahora está en manos de la justicia. (Le puede interesar: Consejo de Estado falla en favor de pescadores artesanales en Chocó)

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