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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya estableció la fecha en la que escuchará a las partes involucradas en una acción popular que tiene como epicentro un tema que ocasionó controversia en el país: la cuota de pesca establecida por el Ministerio de Agricultura. El motivo de discordia fue una resolución (350 de 2019) que establecía cuotas de pesca para algunas especies marinas del país y que recibió severos señalamientos porque, según sus detractores, incentivaba el comercio de especies de tiburón al incluir la palabra “aleteo” entre sus apartes. (Lea también: Tribunal estudiará demanda contra resolución que dio luz verde a pesca de tiburones)
El descontento con el documento radicó básicamente en que este contemplaba una “cuota de aletas” de tiburón. El problema con esto es que, por un lado, se contemplaron especies que encuentran en algún grado de vulnerabilidad y, por otro, no son aprovechadas en su totalidad. Es decir, se trata de especies de tiburón que son requeridos solamente para comercializar su aleta, entonces les extraen esta parte de su cuerpo y luego son arrojados al mar. El problema radica en algo simple: en Colombia está prohibido el aleteo.
Las críticas estuvieron reforzadas por las cifras estipuladas en aquella resolución. En total, permitía la pesca artesanal de 125 toneladas de tiburón en el Mar Caribe en el 2020 y de 5,2 toneladas de aletas de la especie Carcharhinus falciformis. Además, daba vía libre para que también se pescaran otras 350 toneladas de tiburón en el mar Pacífico y se recogieran 9,9 toneladas de las especies Alopias supercilliosus, Sphyrna corona y Alopias pelagicus. Esta última especie, conocida como tiburón zorro está en la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITIES). (Noticia relacionada: ¿Por qué la alarma si, al menos desde 2015, Colombia autoriza pescar 500 toneladas de tiburón?)
El descontento social por esta resolución se recogió en una acción popular, que fue radicada en diciembre de 2019, en la que buscan que se suspenda la captura de los individuos marinos, hasta tanto no se realicen los estudios nacionales y regionales pertinentes que permitan determinar de manera objetiva si es posible capturar a estos peces sin mantenerlos en riesgo de extinción o si, por el contrario, es necesario suspenderlas por el tiempo necesario que arrojen dichos estudios con el fin de garantizar su existencia.
La acción popular también cobijó especies como atún, langosta y jaiba, para las cuales el Ministerio de Agricultura estableció una cuota en toneladas, para cada uno de los mares del territorio nacional (Caribe, Pacífico y Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina). Lo cierto es que la presión de científicos e investigadores provocó que la cartera ministerial se echara para atrás en lo relacionado con las aletas, pero la cuota de pesca de los tiburones se mantuvo, al igual que la inquietud de quienes están en desacuerdo. (Lea también: Minagricultura modificó la resolución que establece cuotas de pesca de tiburones)
La discusión continúa siendo fundamental, por lo menos, para ambientalistas, científicos y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que admitió la acción popular y ya definió la fecha de la “audiencia especial de pacto de cumplimiento” entre las partes del proceso. La cita que convoca a los promotores de la acción popular, al Ministerio de Agricultura y al representante del Ministerio Público quedó programada para el próximo 16 de marzo, a las 2:30 de la tarde.
Aunque se trata de un encuentro virtual, la idea es que los actores del proceso tengan un acercamiento y expongan sus posturas respecto al tema, con el objetivo de abrir el debate en busca de alternativas que protejan los derechos colectivos amenazados o vulnerados.