Tribunal ordenó poner fin a contrato de arrendamiento de Plaza de Toros de Bogotá

En el fallo judicial se llama la atención al IDRD por varias irregularidades administrativas.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, finalizar el contrato de arrendamiento que tenía con la Corporación Taurina de Bogotá para la administración de la Plaza de Toros La Santamaría ubicada en el centro de la capital de la República.

Según la decisión judicial, el Instituto tiene un plazo de cinco días hábiles para cerrar este convenio con la Corporación la cual tenía la administración del escenario desde hace nueve años, manifestando que durante este lapso de tiempo se registraron “modificaciones” que se apartaron del ordenamiento jurídico.

En este sentido se indica que el IDRD violó los derechos colectivos a libre competencia y a la defensa del patrimonio público. “La función de gestión y administración por parte del IDRD de la Plaza de Toros la Santamaría, se presentó alejada de las condiciones de un buen administrador, en cuanto el texto del contrato en controversia y sus otro sí, dan cuenta de que no se realizó un estudio de mercado”.

En la sentencia se advierte la creación de un acompañamiento permanente de un comité de vigilancia para garantizar que futuros procesos se den bajo el respeto y apego a las normas de contratación estatal.

“El contrato 411 de 1999 y las sucesivas modificaciones se apartaron del ordenamiento jurídico, en tanto para su celebración y prórrogas sucesivas no surtieron el proceso contractual al cual debía sujetarse la administración, en torno del agotamiento de la selección del contratista”, indica la providencia.

Igualmente se indica que el Instituto de Recreación y Deporte incurrió “en un papel fallido” como administrador de la plaza de toros puesto que no realizó un proceso licitatorio como exige la ley, ni un estudio de mercadeo serio, para para elegir a un contratista idóneo, como arrendatario.

“Se privó voluntariamente de su obligación de comparar mediante criterios objetivos con otros oferentes o por el conocimiento de los precios del mercado a lo largo de nueve años, como le corresponde a un buen administrador”, le señala el Tribunal al demandado.

En este sentido se indica que el Instituto no verificó las condiciones de competitividad de la Corporación Taurina de Bogotá frente a otras empresas que podían participar en una licitación para lograr la administración de dicho escenario.