Tribunal pide esclarecer participación de militares en masacre de San José de Apartadó

En una petición formal ante la Fiscalía General se reseña que existen diversos testimonios de desmovilizados que vinculan a miembros de la Fuerza Pública.


La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín le solicitó a la Fiscalía General adelantar las investigaciones pertinentes dirigidas a esclarecer la participación de todas las personas en los hechos que rodearon la masacre de San José de Apartadó registrada el 21 de febrero de 2005.

La decisión se basa en las declaraciones de desmovilizados del Bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que vinculan a miembros de la Fuerza Pública de haber dado acompañamiento y protección a los paramilitares en su incursión a la vereda de Mulatos.

Esta acción se enmarcó dentro de la “política” instaurada en contra de los grupos subversivos que delinquían en el sur de Córdoba y el noroccidente de Antioquia. Sin embargo, para el Tribunal, las acciones de esta estructura paramilitar comandada por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ no tienen justificación alguna.

En su incursión al municipio antioqueño los paramilitares asesinaron a ocho personas, entre ellos tres menores de 11, cinco y dos años de edad. Pese a su reducido número de integrantes esta estructura sembró el terror en la región con sus ataques directos a la población civil, generando centenares de desplazamientos forzados. 

“Pese a la reducida cantidad de combatientes que integraban la organización armada ilegal, ocasionaron un daño de grandes magnitudes a múltiples ciudadanos de un sinnúmero de municipios, corregimientos y veredas con los actos atroces que fueron desplegados de manera sistemática en pro de los intereses personales de los comandantes”, señala la decisión.

En este sentido se advierte que las acciones delictivas afectaron directamente a la población civil “que se vio inmersa en un conflicto armado que nunca les ha pertenecido y en el que finalmente resultaron afectados en sus prerrogativas y garantías fundamentales; y ello sin lugar a dudas, permite inferir que los supuestos ideales consignados en los estatutos, pasaron a convertirse en una quimera pues a todas luces sus actuaciones son constitutivas de vulneraciones a los Derechos Humanos y al DIH”.

“Lo referido sin lugar a dudas constituyen las actuaciones criminales más brutales, crueles y vergonzosas, adelantadas por los diferentes miembros del Bloque Héroes de Tolová durante el interregno en que tuvo injerencia en los departamentos de Córdoba”, precisa uno de los apartes de la sentencia.

La masacre

Un escenario de terror se vivió la mañana del 21 de febrero de 2005 cuando 57 hombres fuertemente armados ingresaron a la vereda “Mulatos” en el municipio San José de Apartadó. A su llegada retuvieron a un jornalero y a sus dos hijos menores de edad para preguntarles sobre el paradero de los guerrilleros de las Farc.

Los campesinos desconocían la respuesta, acto que generó un acto de barbarie por parte de los paramilitares. El campesino fue herido de manera repetida en su cabeza con un fusil, mientras que a la menor de edad la sujetaron por el cabello y la golpearon contra las piedras, le propinaron además golpes en su estómago y sumergieron su cabeza en las aguas del río Mulatos.

El otro menor de edad, ante la angustia que le causaban estos hechos, les manifestó a los miembros del Bloque que los guerrilleros se encontraban a media hora de camino. Acto seguido, alias ‘JL’ atacó “de forma cruel salvaje y bárbara” al niño “decapitándolo con un machete”.

El camino de la muerte continuó inmisericorde. Los paramilitares seguían preguntando sobre el paradero de los guerrilleros. Al llegar a la vereda La Resbalosa los ‘paras’ con la ayuda de un grupo de soldados instalaron un mortero para atacar la vivienda de Alfonso Bolívar, “Al finalizar el ‘bombardeo’, ingresaron a la vivienda y encontraron sin vida a la señora Sandra Muñoz Posso, en la cocina del inmueble y dos menores de edad lesionados”.

Los niños de cinco y dos años de edad fueron sacados de la vivienda. El comandante les ordenó a alias ‘Risita’ y ‘Poquemon’ de asesinarlos, “motivo por lo cual son llevados a una cacaotera y de la maleza sale el padre de los menores, Alfonso Bolívar, quien con machete en mano imploró a los miembros del grupo paramilitar que no asesinaran a sus hijos”.

“Estos proceden a amenazarlo y le indican que se tire al suelo, es despojado del arma por alias ‘Poquemon’, quien procede a golpearlo con dicha rula en la espalda, luego arrastrado y amarrado a un árbol de limón donde es degollado por alias ‘Pirulo’. Estos hechos generaron temor en los pobladores que se vieron obligadas a desplazarse de manera forzosa.

El papel del Ejército

Varios desmovilizados del Bloque e manifestaron a las autoridades judiciales que contaron con la “colaboración” de casi 300 soldados adscritos al Batallón Contraguerrilla No. 33, Cacique Lutaima, de la Brigada XVII, con sede en Carepa para el traslado hasta el municipio de San José de Apartadó.

Los excomandantes paramilitares Salvatore Mancuso y alias ‘Don Berna’ han asegurado en sus declaraciones en Justicia y Paz que “la ayuda brindada por las Fuerzas Armadas, fue vital para la expansión de la organización”. Su apoyo fue clave en “la materialización de la masacre de San José de Apartadó”.

Por su parte los postulados conocidos con los alias de ‘Orejas’ y ‘JL’ dio detalles sobre la participación precisa de un teniente y un capitán en estos trágicos hechos. El día anterior a la masacre los comandantes del Ejército y de las Autodefensas durmieron en la base de la O.

“Iniciamos a caminar adelante las autodefensas, iban como puntero alias ‘36’ y como comandante alias ‘44’, la orden de desplazamiento, primero iba la gente de ‘44’, luego el resto de personal de las autodefensas y nos seguía la gente del ejército; cada 45 minutos parábamos, porque así quedó acordado con el Ejército, además también quedó acordado en reunión con ‘Orejas’, que el capitán Gordillo quedaba como comandante de todo el operativo”, precisó uno de los desmovilizados.

Todos los postulados coincidieron en señalar a altos mandos del Ejército en dar órdenes directas a la hora de conseguir la información sobre el paradero de los guerrilleros. El capitán Gordillo fue el que dio instrucciones a los ‘paras’ frente a las retenciones que se les estaban adelantando a los pobladores para que “soltaran” información”.

“Preguntó -en referencia al capitán Gordillo- que si los civiles habían hablado y le respondieron que no habían hablado y el capitán dijo;: ‘ah, es que no quieren hablar, entonces qué hacemos con ellos’, mirando a ‘Cuatro- Cuatro’ le dijo el capitán Gordillo, “yo creo que esa gente no sabe nada”.

En ese momento el civil, Luis Eduardo Guerra Guerra, respondió: “señor yo se que ustedes son buenos, son del Ejército, no nos deje que nos maten” y el capitán respondió diciéndole a alias “212 y a “Cuatro- Cuatro” y otros que estaban ahí, “sabe maten a esa gente , porque esa gente sabe que nosotros somos del ejército y van a decir que el ejército andan con las autodefensas”.

Responsabilidades penales

La Sala solicitó a la Fiscalía 13 Delegado verificar lo atinente al alto númeor de desplazamientos que se originaron con la masacre e San José de Apartadó y procesa a la imputación de estos nuevos hechos en contra del postulado y comandante de la agrupación armada ilegal; igualmente que proceda a imputación de los ilícitos de utilización de métodos de guerra ilícitos, actos de terrorismo, actos de barbarie y acceso carnal violento.

Igualmente se le insta a la Fiscalía para que continúe con el adelantamiento de las pesquisas tendientes a desentrañar los verdaderos responsables de la Masacre de San José de Apartadó, acaecida el 21 de febrero de 2005; y de la cual se infiere hubo posible participación activa de “un sinnúmero de miembros de las Fuerzas Armadas”.  

Por estos hechos se compulsaron copias para establecer la participación del mayor Huertas, adscrito al Ejército Nacional, perteneciente al Batallón Contraguerrilla No. 33 para que se determine su responsabilidad penal o disciplinaria en sus actuaciones “y si tuvieron responsabilidad directa con los postulados y desmovilizados del Bloque Héroes de Tolová”.

Además solicitó formalmente que se imputen cargos por los delitos de tortura en persona protegida verificada en la masacre de San José de Apartadó en los casos de los menores de cinco y dos años que fueron asesinados en la incursión paramilitar.