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El juzgado 39 de conocimiento negó la solicitud de nulidad presentada por las directivas del Colegio Gimnasio Castillo Campestre procesadas por los actos de discriminación de los que fue víctima el estudiante Sergio Urrego Reyes. El joven de 16 años se quitó la vida en octubre de 2014.
La funcionaria judicial no aceptó los argumentos presentados por los abogados de la rectora del centro educativo, Amanda Azucena Castillo; la psicóloga, Ivonne Cheque; y la veedora de la Institución, Rosalía Ramírez. Sin embargo, estas apelaron y el recurso tendrá que ser resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, por lo que la audiencia de acusación se tuvo que aplazar.
Según la investigación de la Fiscalía General las tres procesadas incurrieron en actos de discriminación contra el estudiante por su condición sexual y por las críticas que le hacía al colegio.
En el escrito de acusación, revelado por ElEspectador.com el pasado 7 de septiembre, se indica que existen pruebas documentales y testimoniales para inferir la participación de las directivas de ese colegio en las presiones que sufrió el joven de 16 años después de que se conociera una foto en la cual se daba “un pico” con otro compañero del colegio con el cual sostenía una relación.
Desde ese momento se impartieron instrucciones para impedirle al joven asistir a la clase. Igualmente fue enviado junto a su compañero a la Psicología del centro educativo, en dichas sesiones se les hizo firmar un compromiso para que mantuvieran distancia. Posteriormente, los jóvenes fueron sometidos a constantes e imprevistas interrupciones en su jornada académica, con el acudir a psicorientación.
En dichos encuentros, Urrego Reyes no solamente fue cuestionado por sostener una relación que presuntamente violaba el manual de convivencia del colegio, sino que fue catalogado como “un líder negativo al exponer su punto de vista frente a las normas del colegio”.
Irrespetando además su derecho a la intimidad fueron obligados a explicarles a la veedora del centro educativo, Rosalía Ramírez y a otros docentes del colegio su situación sentimental. Por esto se les pidió que firmaran un compromiso en el cual eran obligados a contarles a sus familiares.
Como si no fueran suficientes estas actuaciones, las directivas del colegio citaron una reunión con el padre del estudiante como condicionamiento para que volviera a ingresar a clases. Fue la propia veedora quien radicó una denuncia en la URI de Engativá y la comisaría de familia del ICBF en contra del estudiante por lo que consideró un acoso sexual de él hacia su compañero.
“El 12 de julio de 2014, en reunión entre las directivas del colegio y los padres del menor les informa sobre el acoso sexual que le endilgó (a Urrego), exigiéndoles para autorizar el ingreso del menor a la institución, aportar el certificado de asistencia psicológica externa / psicoterapia”, precisa uno de los apartes del escrito de acusación.
Pese a que presentó todos los requisitos que le habían exigido con anterioridad no se le permitió el ingreso a las clases. “El 27 de julio de 2014 Amanda Azucena Castillo (exrectora del colegio) ofició a la Comisaría de Ffamilia de Engativá, solicitando revisión de la custodia de Sergio Urrego Reyes aduciendo que era víctima de ‘abandono afectivo y físico’ (por parte de sus padres), circunstancia que conllevó a que acosara sexualmente a un compañero”.
Por estos hechos los padres del otro estudiante se vieron obligados a retirarlo del colegio a cuatro meses de su graduación. El 28 de julio de ese mismo año la rectora presentó un escrito ante la Secretaria de Educación de Tenjo, en donde nuevamente hizo señalamientos perjudiciales y discriminatorios contra el menor y su familia. Afirmaciones que fueron rechazadas por el ICBF”.
Estos actos sistemáticos, sostiene la Fiscalía General, llevaron al joven a tomar la trágica decisión de acabar con su vida tirándose de la terraza del centro comercial Titán Plaza el 4 de agosto “a causa de los diversos actos que arbitrariamente restringieron e impidieron el pleno ejercicio de sus derechos en razón de su orientación sexual.
La Fiscalía acusará a las directivas del centro educativo por los delitos de actos de racismo y discriminación agravado, falsa denuncia en contra de persona determinada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorios.