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Un nuevo aire tomó el proceso judicial del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons. El Tribunal Superior de Bogotá avaló nuevamente el principio de oportunidad firmado con la Fiscalía. Con esta decisión el exmandatario se convierte formalmente en testigo clave en los escándalos del cartel de la toga y los hechos de corrupción en el departamento.
El acuerdo cobija la suspensión, por un término de un año, de la investigación en contra de Lyons por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Además, el exgobernador se compromete a devolver 4 mil millones de pesos, y a declarar en contra de personas presuntamente involucradas en el desfalco de regalías en Córdoba, entre los que incluye al senador Musa Besaile y al gobernador Edwin Besaile. También se comprometió a entregar información contra el exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno. En relación con el delito de concierto para delinquir, el exgobernador está pendiente que sea avalado el preacuerdo que contempla una condena de 5 años y 2 meses de prisión.
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En desarrollo de la audiencia en la que se dio participación como víctima a la Gobernación de Córdoba, tal como lo ordenó la Corte, se presentó una nueva polémica por la suma acordada en reparación. “La Fiscalía dice que se devolverán $4.000 millones, cuando se tiene documentado que son más de $93.000 millones, esto no se compadece con la realidad”, expresó el abogado Guillermo González.
Según la investigación de la Fiscalía, el exgobernador Alejandro Lyons, se habría aliado con Jesús Henao Sarmiento, Maximiliano García Basanta, Alberto Zapa Pérez, Sami Spath Storino, Carlos Pérez Misael Herrera, Elmer Elias Chapman y otros ciudadanos, “se concertaron con la finalidad de cometer delitos indeterminados contra la Administración Pública".
Para cometer estos delitos, el exgobernador Alejandro Lyons buscó asesoría en la Universidad del Sinú, con la directora Mara Graciela Bechara quien, a finales de 2011, le presentó al profesor Jairo Zapa Pérez. "Con él comenzó a gestar la manera de apropiarse indebidamente de los dineros del Estado", señaló el delegado de la Fiscalía.
Según el ente investigador, para lograr el desfalco, la gobernación contrató a Jairo Zapa para que hiciera una asesoría en temas de regalías para proyectos de ciencia y tecnología. Como parte del acuerdo entre Lyons y el senador Besaile, el exgobernador debía crear una dirección de regalías para, desde allí, manejar el desvío del dinero.
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En ese nuevo grupo, Lyons nombró a Zapa y este, a su vez, contrató a Jesús Henao Sarmiento. Fue desde allí que se validaron los contratos con la gobernación y, agregó la Fiscalía, el dinero terminó en bolsillos ajenos. Las laboras de defraudación, según el ente investigador, se realizaron entre 2012 y 2015. Sin embargo, para 2014 Lyons ya no contaba con la labor de Zapa pues, el 27 de marzo de ese año, fue asesinado.
En cifras que presentó el fiscal Jaime Camacho, se firmaron cinco contratos. El 733 de diciembre de 2013 por $16.000 millones; el 734 de diciembre del mismo año por $47.000 millones; el 750 por $2.996 millones; el 755 por $7.600 millones; y el convenio 735 por $14 mil millones. Por cuenta de este supuesto manejo ilegal de regalías, señaló la Fiscalía, se acordaron pagos de beneficio para el exgobernador de Córdoba por una suma de $8.950 millones.
La colaboración del exmandatario en este caso ha sido la piedra angular para desenmascarar una supuesta de red de corrupción en la Corte Suprema de Justicia. Fue Lyons el que le ha contado a las autoridades que habló con el exfical Gustavo Moreno y el exmagistrado del alto tribunal, Camilo Tarquino, para que le "ayudaran" en este proceso que lleva la Fiscalía en su contra. El exgobernador ya confesó que Tarquino fue quien le pidió $20.000 millones para resolver todos sus problemas penales.