El Tribunal Superior de Cali condenó al exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra por haber recibido la suma de $300 millones por parte del narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, conocido con el alias de Rasguño. El alto tribunal ordenó que el excongresista pague seis años de cárcel y una multa de $600 millones de pesos.
La decisión se da tras la revocatoria de la sentencia emitida el 18 de septiembre de 2017 por el Juzgado 3 Penal de Cali que absolvió a Martínez del delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Para ese entonces, el procurador encargado del caso, Elox Gabriel Prada apeló la decisión del Juzgado, argumentando que el juez valoró el testimonio de María Nancy Montoya, ex representante a la Cámara en 2002, de manera parcial, afirmando que sus declaraciones tenían “un valor probatorio menguado” y que la entrega del dinero era un “hecho huérfano”.
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Para el alto tribunal, el testimonio de la ex representante es completamente valido, teniendo en cuenta que Montoya era esposa de Ariel Rodríguez, supuesto terrateniente de Raguño, y quien habría hecho el pago de los $300 millones al exsenador. Luego de analizar los testimonios de la exrepresentante, se logró determinar que Rodríguez “tenía un fuerte vínculo con Hernando Gómez Bustamante (…) y había participado e influenciado en la política del norte del Valle del Cauca”, se lee en el documento.
“La atestación de la señora María Nancy Montoya corresponde a la de un testigo directo, pues ella estaba presente al momento en el que el procesado le solicitó a su esposo Ariel Rodríguez la cantidad de $300 millones supuestamente en calidad de préstamo y tenía pleno conocimiento de las andanzas de su cónyuge, quien se relacionaba directamente con alias Rasguño, reconocido narcotraficante del norte del Valle del Cauca, quien en últimas era el dueño del dinero”, señala la sentencia.
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Para el Tribunal Superior de Cali no hay dudas de que el dinero entregado a Martínez era producto de las actividades ilícitas de Rasguño y que no eran desconocidas para el exsenador. Aunque en uno de los informes de la Fiscalía se señala que el patrimonio de Juan Carlos Martínez no tuvo un notable incremento, el alto tribunal si afirma que eso no significa que el excongresista no haya recibido el dinero “porque resultaría ilógico pensar que tan voluminosa suma fuera consignada en una cuenta bancaria, máxime conociendo su dudosa procedencia”.
Martínez ya había sido condenado por por su participación en el intento de fraude electoral en el desarrollo de las elecciones atípicas para la Gobernación del Valle del Cauca en julio de 2012. De acuerdo con la Fiscalía, el excongresista montó una oficina paralela con funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ingenieros de sistemas.
La Fiscalía General igualmente presentó interceptaciones telefónicas del excongresista y otros procesados. En dichas conversaciones se hacía mención al dinero que se iba a ofrecer para alterar los resultados. El objetivo era pagarles a jurados electorales y otros funcionarios de la Registraduría.