Tribunal Superior rebajó condena al exjefe de inteligencia del DAS por 'chuzadas'

Carlos Alberto Arzayús Guerrero pagará una pena de ocho años y siete meses de prisión.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le rebajó la pena al exdirector de inteligencia del DAS, Carlos Alberto por su participación y responsabilidad en los seguimientos e interceptaciones telefónicas ilegales adelantadas en contra de un grupo predeterminado de personas por parte de agentes del organismo de seguridad en el que se denominó el escándalo de las ‘chuzadas’.

Al resolver un recurso de apelación frente a la condena de nueve años y 10 meses de prisión interpuestos por el juzgado sexto especializado de Bogotá el 20 de marzo de 2014 la Sala Penal modificó el fallo y le impuso una pena principal de ocho años y siete meses de prisión, multa de 20 salarios mínimos legales vigentes.

Arzayús fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores y receptores, y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto; cometidos durante las interceptaciones ilegales realizadas por dicho organismo durante la dirección de María del Pilar Hurtado.

Igualmente le remitió el expediente al juzgado de origen para que resuelva la solicitud de libertad presentada por el exfuncionario, quien actualmente enfrenta otro proceso por el delito de tortura psicológica a la periodista Claudia Julieta Duque por parte del DAS.

Según la investigación a partir de 2004 Arzayus participó en la concertación de funcionarios del DAS, quienes a través del Grupo de Inteligencia G-3 organizaron, dirigieron y promovieron comportamientos que derivaron en delitos contra organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas, políticos y otras personalidades de la vida nacional con tendencias opositoras al Gobierno de turno.

Con estos hechos se incurrió en la violación del derecho a la intimidad con seguimientos arbitrarios e injuriosos y la interceptación ilícita de comunicaciones de las víctimas, para lo cual utilizaron bienes y equipos de la entidad a la que pertenecían.

En estas acciones se inició una persecución en contra de periodistas, abogados y organizaciones defensoras de los derechos humanos, hecho por el cual en el fallo se ordena el pago de una indemnización.