Tumban decreto sobre el aborto

El Consejo de Estado anuló los decretos que reglamentaban la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, aprobada para tres casos puntuales por la Corte Constitucional mediante sentencia C-355 de 2006.

Estableció que el Gobierno no podía expedir un decreto al respecto si antes no se creaba una ley reglamentaria sobre el aborto en los casos avalados por la Corte.

Esa corporación no se refirió al fondo del decreto sino a la forma. Recordó que el Gobierno puede ejercer facultades reglamentarias sólo cuando hay una ley que reglamentar. De lo contrario, como en este caso, viola el procedimiento establecido. Estos decretos, anulados por el Consejo de Estado, se encontraban suspendidos desde 2009.

Eso no significa que los abortos por malformación del feto, por la posibilidad de que la mujer muera o su salud se agrave si no aborta o porque el hijo que espera fue producto de una agresión sexual sean declarados ilegales, ya que la sentencia de 2006 puntualizó: “Las decisiones adoptadas en esta sentencia tienen vigencia inmediata y el goce de los derechos por estar protegidos no requiere de desarrollo legal o reglamentario alguno”.

Además, el Consejo de Estado expresó, en un comunicado enviado a varios medios de comunicación, que “esta decisión no implica que el Gobierno o el Consejo Nacional de Seguridad Social no puedan, posteriormente, reglamentar o definir políticas de salud relacionadas con este tema, siempre y cuando se acaten los parámetros de reglamentación legal establecidos”.

Este fallo se produce en momentos en los que las posiciones del procurador general Alejandro Ordóñez han reavivado la controversia por la legalidad del aborto en Colombia. El jefe del Ministerio Público, cuestionado por varias ONG debido a su posición al respecto, ha dicho que llegaría incluso a promover un referendo para que los ciudadanos decidan si están en contra o no.

Ordóñez fue denunciado por varias ONG ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque, en su criterio, “desconoce los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. En lugar de eso se dedica a hostigar, criminalizar y perseguir a los defensores y defensoras de estos derechos”, según lo expresó Ariadna Tovar, abogada de la organización defensora de los derechos de las mujeres Women’s Link Worlwide.

Ahora se espera que el Congreso legisle sobre este asunto para que el Gobierno pueda pasar a reglamentar la interrupción voluntaria del embarazo.