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Por segunda ocasión en poco más de un mes, un juez tumba a través de una tutela una suspensión provisional emitida por la Procuraduría para realizar investigaciones disciplinarias a un gobernante local. Primero fue el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández -quien fue suspendido tras agredir a un concejal de la ciudad-, y ahora el beneficiado es Fabio Leonardo Otero Avilez, alcalde de Tierralta, Córdoba. Este volverá a su cargo luego de que un juzgado de Montería determinó que la medida tomada por el Ministerio Público no tenía validez.
(Puede ver: Suspenden a alcalde de Tierralta por hechos que "derivaron" en asesinato de líder social)
Con esta decisión, el juez le dio la razón a una tutela presentada por el gobernante local suspendido en la que aseguraba que la Procuraduría le había vulnerado sus derechos al buen nombre, al debido proceso y sus derechos políticos. Según las razones expuestas por Fabio Leonardo Otero, el ente de control no realizó las notificaciones exigidas por ley para avisarle que se había iniciado una investigación disciplinaria en su contra, esa notificación habría llegado días después de emitirse la orden de suspensión provisional.
El juez aceptó cada uno de los argumentos de Otero, incluso señaló que el Ministerio Público no tenía competencia para sancionar o suspender los derechos políticos del alcalde ya que la situación por la que estaba siendo investigado disciplinariamente “no fue calificada como un acto de corrupción”, de acuerdo con lo establecido por la ley. Así mismo, el funcionario judicial aseguró que las pruebas presentadas en contra del mandatario local no eran válidas puesto que se sustentaron en un anónimo.
::María del Pilar Hurtado, la líder que había denunciado “casas de pique”::
Un elemento que llama la atención en la decisión del juez es una especie de llamado de atención a la Procuraduría, en este dice que los “funcionarios judiciales son independientes de sus decisiones y no deben corresponder a presiones mediáticas ni a insinuaciones o colaboraciones”. El juez también señaló que debe levantarse la suspensión de tres meses a Otero y que solo puede tomarse una acción disciplinaria cuando la investigación haya concluido y arroje conclusiones.
La Procuraduría había ordenado la suspensión de Fabio Leonardo Otero, alcalde de Tierralta, a principios de julio para evitar cualquier posible intromisión en la investigación disciplinaria que adelantaba el ente por presuntas irregularidades en el control del orden público y que habrían desembocado en el homicidio de la líder social María del Pilar Hurtado, el 21 de junio de este año.
::El último adiós para la lideresa María del Pilar Hurtado::
Tan solo cinco días después del homicidio que conmocionó al país por las duras imágenes del hijo de Hurtado llorando al lado del cadáver de su madre, la Procuraduría abrió investigación contra Otero para determinar si sus acciones habrían derivado en el asesinato de la mujer. En ese momento el Ministerio Público señaló que buscaba "determinar la gestión de la administración frente a la ocupación de predios por parte de un sector de la comunidad, así como el manejo que dieron a las presuntas amenazas de que fue víctima la lideresa, representante de la comunidad que habría invadido algunos lotes en el municipio".
La Procuraduría Provincial de Montería aseguró que con la permanencia de Otero en su cargo podría haber una interferencia al proceso disciplinario, "ante la eventualidad de que el mandatario despliegue acciones sobre la administración, presuntamente encaminadas a la recuperación de uno de los predios invadidos, que sería de propiedad de su padre". Y es que María del Pilar Hurtado vivía en un barrio que se constituyó producto de una invasión en una serie de lotes, uno de ellos de propiedad de Fabio Otero Paternina, terrateniente de la región y padre del alcalde de Tierralta.