Tumban vieja ley que prohibía el ingreso al país de anarquistas y comunistas

La Corte Constitucional determinó que la Ley 48 de 1920 no iba con los principios de la actual Carta Política, y que atentaba contra los principios de la dignidad humana, la igualdad y el pluralismo.

Tumban vieja ley que prohibía el ingreso al país de anarquistas y comunistas
En 1920 se prohibió, por ley, la entrada de "comunistas y anarquistas" al país. La Corte Constitucional acaba de tumbar esa norma.Pixibay

La prohibición del ingreso al país de extranjeros anarquistas o comunistas no solo es una medida ilegítima sino desproporcionada, pues sacrifica los principios de la dignidad humana, la igualdad y el pluralismo. En este sentido se pronunció la Corte Constitucional para declarar contrario a la Carta Política una expresión contenida en la Ley 48 de 1920, según la cual, no era permitido entrar al territorio de la República a los anarquistas y comunistas que atentaran contra el derecho a la propiedad o desconocieran a las autoridades.

A pesar de tratarse de una disposición que ya no tiene efectos prácticos en la sociedad actual, esta prohibición expresamente no había sido derogada. Por esta razón, dos ciudadanos decidieron llevar el debate a la Corte Constitucional, planteando como argumento básico que en un Estado social de derecho el pluralismo político es fundamental. Por tal razón, que exista una norma que todavía considere como peligroso para la propiedad privada que una persona sea comunista o anarquista, requiere que sea declarada inconstitucional de forma explícita.

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Paradójicamente, al margen de que la prohibición está descontextualizada y que ya no se aplica en las dinámicas migratorias actuales, lo que sí provocó en la Corte Constitucional fue una activa intervención ciudadana. Por eso, además de Migración Colombia, enviaron escritos a la Corte los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior, la Academia Colombiana de Jurisprudencia y las universidades de La Sabana, de Antioquia, Libre, de Ibagué e Industrial de Santander. También lo hizo el Centro de Estudios Dejusticia.

En términos generales, la Corte Constitucional observó que la visión que hoy se tiene sobre el anarquismo ha cambiado mucho a través de la historia, y de igual manera las prohibiciones que existían alrededor del comunismo. De hecho, pese a que la norma en cuestión estaba basada en los principios de la Constitución de 1886, para la época ya se habían dado varias reformas a la Carta Política que cambiaron la perspectiva de la proyección de Colombia en el siglo XX.

El alto tribunal realizó un detallado examen histórico a la evolución de los conceptos, partiendo de la transición entre las sociedades de artesanos que protagonizaron la política del siglo XIX, a las llamadas sociedades de obreros, que lo hicieron en el siglo XX, sobre todo a partir de los hechos ocurridos en Rusia en 1917 con la revolución bolchevique, que tuvieron impacto directo en el país. En ese mismo contexto, la Corte pormenorizó la forma como se dio en el país la celebración del 1° de mayo, Día del Trabajo.

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Lo curioso es que, justamente un año antes de que se expidiera la Ley 48 de 1920, se fundó en Colombia el Partido Socialista, y también comenzó a cobrar forma el movimiento sindical. Tiempo después apareció el Partido Comunista. Era obvio que estas ideas iban a contrastar con el estado confesional católico imperante y la prueba es que la iglesia Católica comenzó a promover su propia celebración del Día del Trabajo. Otros sectores también se apartaron rápidamente de ideas que consideraban gestoras del odio de clases.

En consecuencia, no solo en Colombia sino en latitudes cercanas, las ideologías vetadas se enmarcaban en el contexto del anticlericalismo, el anticonservadurismo, el uso de la prensa y la literatura panfletaria, la educación laica, la defensa de las libertades individuales y el libre pensamiento. En contraste, autores como Jorge Eliécer Gaitán empezaron a mostrar las diferencias entre las distintas corrientes y se dio una profusa literatura alrededor de estos temas.

La Ley 48 de 1920 surgió en medio de una intensa actividad para tratar de desarrollar las bases del derecho laboral en Colombia. Así, por ejemplo, se legisló sobre las huelgas, el descanso dominical, el seguro colectivo obligatorio, la beneficencia pública, la jornada de ocho horas de trabajo, las federaciones de obreros o los llamados sindicatos de la aguja para proteger a las mujeres trabajadoras. Sin embargo, la norma en cuestión se expidió al amparo del gobierno conservador de Marco Fidel Suárez.

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La Corte Constitucional concluyó que esa ley responde a las visiones propias de la época en que se expidió y también a las tensiones ideológicas, sociales y políticas que entonces se vivían en Colombia. Su justificación se hizo para evitar el ingreso de anarquistas y comunistas que, en criterio de las mayorías legislativas del país, eran contrarios a los intereses de la Nación. No solo porque ponían en riesgo el derecho a la propiedad, sino las instituciones de la civilización cristiana, argumentaban.

No obstante, en la actualidad, impedir que una persona que piensa de manera diferente ingrese al país es un despropósito. La Corte recalcó que los conceptos del anarquismo y el comunismo han mutado por completo. El anarquismo, por ejemplo, tiene una significación muy distinta en los medios académicos y sociales y en los debates del mundo globalizado. A su vez, el comunismo ya no se presenta esencialmente opuesto al mercado capitalista, y muchas naciones tienen sistemas de mercado y relaciones comerciales con países comunistas.

En síntesis, la prohibición viola las libertades de pensamiento, expresión e información, y sacrifica en alto grado los principios de la dignidad humana, la igualdad y el pluralismo. Por eso debe desaparecer del ordenamiento jurídico colombiano, determinó la Corte. Y concluyó que esa norma se enmarcó en el contexto de los cambios que se daban en el mundo en la creación del sistema económico, pero en la actualidad no deben existir porque supone poner en peligro los derechos fundamentales de las personas que habitan o ingresan al territorio nacional.

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