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Nueve líderes sociales de diferentes regiones se unieron para interponer una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá. En la acción, que radicarán hoy 10 de diciembre, aseguran que una supuesta renuencia del Gobierno a implementar a cabalidad el Acuerdo de Paz ha puesto en riesgo a todos los defensores de derechos humanos en el país. Y, en ese orden, buscan que el alto tribunal le exija a la administración del presidente Iván Duque el cumplimiento de las garantías de seguridad que se negociaron en La Habana, así como que también se declare que existe un derecho a defender derechos que no se puede ejercer en la convulsión actual del país.
Los demandantes, de todas las latitudes, han sido limitados en su labor porque temen por su vida. Deobaldo Cruz, por ejemplo, pertenece a la Asociación Campesina de Puerto Asís, y perdió un ojo en junio de este año cuando un gas lacrimógeno lo impactó en una protesta en la que se exigía implementar el programa de sustitución de cultivos de coca. Está Marta Lucía Giraldo, secretaria técnica del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en Valle del Cauca, quien ha recibido 19 amenazas directas en los últimos diez años. En los panfletos se le señala de ser guerrillera, en una región en la que hacen presencia todos los actores armados.
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Una situación parecida vive Óscar Salazar, del movimiento Marcha Patriótica del Cauca, quien lucha por que los campesinos sean reconocidos como un grupo cultural para tener herramientas contra los proyectos minero-energéticos. Salazar fue víctima de un atentado en agosto pasado y, a pesar de que salió ileso gracias a la acción de sus escoltas, y de que la Policía capturó a uno de los hombres que intentó matarlo, el líder no ha regresado a su territorio, pues se siente sin garantías. Asimismo, a la acción se sumó Isabel Cristina Zuleta, la mujer al frente de Ríos Vivos, uno de los movimientos que más se ha opuesto al proyecto Hidroituango.
Ríos Vivos defiende a las comunidades del río Cauca, en una región confinada por enfrentamientos entre grupos ilegales y Ejército. En ese contexto, el año pasado recibieron 27 amenazas, dos de sus integrantes fueron asesinados, y Zuleta recibe estigmatizaciones constantes por ser la cabeza visible.
La tutela la completan Arnobis Zapata, Fabián Laverde y dos líderes que pidieron reserva para su nombre. Zapata es vocero de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) y desde 2016, cuando sufrió un atentado, vive en el casco urbano de Montería, el Clan del Golfo lo declaró objetivo militar y no va a veredas apartadas por seguridad. Laverde, por su parte, tuvo que desplazarse y está vinculado a Congreso de los Pueblos en Casanare para ayudar a otras víctimas. Además de recibir constantes amenazas, se robaron las cámaras de seguridad de su sede en Yopal este año, lo que los tiene en alerta: hay registro de todas sus rutinas.
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A los tutelantes los apoyó la Confluencia, un colectivo de organizaciones que buscan garantías para los líderes sociales (conformada por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Cumbre Agraria, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos), con asesoría de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y Dejusticia, entre otras. Aunque la mayoría de estas organizaciones han conversado con el gobierno en la Comisión de Garantías de Seguridad, la instancia creada por el Acuerdo para proteger a los líderes, no ha habido éxito y ahora buscan protección vía tutela.
La diversidad de las causas por las que trabajan los líderes demandantes, así como los lugares desde los que ejercen su labor, tan apartados unos de los otros, contrastan con lo que tienen en común: todos son víctimas del conflicto que lideran procesos comunitarios y defienden la implementación del Acuerdo de Paz. Por eso, en el recurso sostienen: “El contexto generalizado y masivo de violencia contra las personas que defienden derechos en el país, hace necesario que el juez constitucional se pronuncie sobre el contenido, alcance y las obligaciones del Estado respecto del derecho a defender derechos humanos”.
Según la tutela, este derecho a defender derechos, que no es otra cosa que el derecho de los líderes sociales a ejercer su labor, ha sido reconocido internacionalmente y tiene un asidero jurídico: Por un lado, porque “todo derecho fundamental implica el derecho a defenderlo para garantizar su realización”, lo que quiere decir que toda persona debería tener las condiciones para poder exigir el acceso sus derechos buscando espacios de diálogo y denunciando cualquier intento de vulneración. Y, por otro lado, porque esta exigencia que ejercen los líderes es una forma de participación ciudadana, que también es un derecho.
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Para los demandantes, el Estado no cumple su obligación de proteger el ejercicio de este derecho pues se deberían unir el modelo de protección actual con lo pactado en el Acuerdo, que tiene una visión más pluralista. Sin embargo, el Gobierno ha optado por otra vía, creada por ellos: el Plan de Acción Oportuna (PAO), el cual, dicen los líderes, “cae en los errores del modelo anterior al Acuerdo” y no está estipulado en ninguna norma concreta, como sí lo están las garantías de seguridad pactadas en La Habana, que además fueron blindadas por la Corte Constitucional cuando le dio luz verde al Acto Legislativo 02 de 2017.
En pocas palabras, lo que buscan los líderes es tener las garantías de seguridad que se les prometieron en el Acuerdo y, en general, que se puedan defender derechos humanos en el país. Por todo esto piden, entre otras cosas, que el gobierno se siente con ellos a crear una política pública para ejercer el liderazgo social en el país, que se implemente “de buena fe” lo pactado en La Habana, que el Ejecutivo rechace todas las formas de estigmatización que sufren los líderes a diario, pero además, que se emprendan campañas que visibilicen la importancia de defender derechos humanos en Colombia.