Tutela ordena mejorar condiciones de reclusión de internos en cárcel de Santa Marta

El hacinamiento de ese centro de reclusión llega al 300%.

Gracias a una acción de tutela instaurada por la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena, la Corte Suprema de Justicia ordenó garantizar la dignidad humana de los internos del establecimiento penitenciario y carcelario de Santa Marta, ya que los informes presentados por la Defensoría dan cuenta de uno de los niveles de hacinamiento más altos del país (300%, debido a que está ocupada por 1.149 internos y su capacidad solo llega a 337 cupos).

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema examinó la grave situación de hacinamiento y les ordenó al Ministerio de Justicia, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios del Inpec y a las directivas de la cárcel, que en un plazo de dos meses definan un plan de trabajo y un presupuesto y que se realicen las gestiones administrativas necesarias para mejorar la situación de los internos o su reubicación.

Incluso, la Corte sugiere, si es del caso, que se aumente el cupo en el centro penitenciario y para eso dio un plazo de dos años en caso de remodelaciones o ampliaciones, y de tres años si se van a construir nuevas obras. Además, acogiendo la tutela de la Defensoría del Pueblo, se ordenó que en el penal se separen los sindicados de los condenados.

La decisión del Alto Tribunal va más allá, porque exhortó al Ministerio de Justicia y al Congreso de la República a que, para que cuando se planeen futuras reformas legislativas, “prevean y respalden los costos financieros que estas implicarían en el aumento de la población interna carcelaria, según las consideraciones expuestas en la decisión”.

Por último, la Corte indicó que estas medidas deben adoptarse de acuerdo con la jurisprudencia internacional, la cual establece que “sólo puede someterse a una persona a reclusión si se le aseguran unas condiciones dignas, de acuerdo a los estándares indicados (…) este tipo de estudios previos, si bien no es obligatorio, resulta conveniente y en tal sentido ha sido impulsado por la doctrina y la legislación extranjera”.