La tutela, un dolor de cabeza para la rama judicial

Una de las conclusiones de la última investigación de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) es que la tutela en Colombia es la acción judicial más exitosa, pero necesita una transformación urgente. Proponen cambiar sus reglas para que, entre otras cosas, se descongestione el sistema.

Para la CEJ es urgente que se modifique las reglas de las tutelas en Colombia. iStock
Para la CEJ es urgente que se modifique las reglas de las tutelas en Colombia. iStock

 

Que la tutela se haya convertido en un dolor de cabeza para el sistema judicial no es una novedad. Desde hace un tiempo, juristas y académicos vienen criticando la manera en que este recurso ha sido utilizado en el país pues, entre otras cosas, ha generado una inmensa congestión en los juzgados. La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) publicó esta semana una investigación sobre el funcionamiento de la justicia en Colombia y en él, dedicó un aparte completo a analizar por qué la tutela hoy es un problema para rama judicial. (Lea sobre las cinco ideas para salvar a la justicia aquí)

Por un lado, el estudio asegura que el 32% de los procesos que ingresan al sistema, son tutelas. El número tan elevado de este tipo de procesos, dice la CEJ, puede ser un indicativo de la percepción negativa que tienen los ciudadanos de los demás procesos y de la ineficacia de estos mismos. El problema es que por esta falta de confianza, se genera un efecto negativo: la desnaturalización del propósito de la tutela –que en última es la defensa de los derechos fundamentales. “Esto a su vez, genera una presión importante para el sistema pues, al tratarse de una acción preferente, se modifica el orden de reparto y puede generar congestión de los demás procesos”, explica la investigación.

Si bien la CEJ reitera que la tutela es la acción judicial más efectiva en Colombia pues no tiene las formalidades de los demás procesos –no necesita de un abogado, se tiene que resolver en 10 días y es más flexible en la revisión de pruebas– su trámite puede interrumpir el trabajo y proceso de la jurisdicción ordinaria. Además, la CEJ resalta el hecho de que la tutela tenga la potestad de poner en duda la decisión contenida en una sentencia que, en teoría, debería ser definitiva generando de esta manera, la aparición de una tercera y hasta cuarta instancia. Que una tutela puede poner en duda la decisión de una sentencia es, para la CEJ, un detonante de inseguridad jurídica.

“La CEJ considera que es necesario realizar mayores estudios sobre los efectos de la tutela en el sistema judicial pues las modificaciones que se propongan pueden tener efectos mayores para aquellos sectores de población que no pueden sortear las barreras económicas y operativa”, propone la investigación. Asimismo, el estudio plantea una idea innovadora que incluya la utilización de tecnologías modernas. Al recoger información de otros países, la CEJ expone que en varios lugares del mundo se ha desarrollado de manera eficaz una plataforma que se conoce bajo el nombre de Online Dispute Resolution (Resolución de Conflictos en Línea), un modelo que en Colombia se podrían aplicar con las tutelas.

Dentro de otras propuestas de la CEJ para aliviar el problema de las tutelas, una de las medidas que se podrían tomar sería quitarle funciones al juez para que solo se pronuncie sobre los puntos de derechos fundamentales, y no sobre los temas de fondo; que solo la estudien y toman decisiones las salas plenas de tribunales y cortes, que tenga que ser presentada por un abogado, y que se creen jueces especializados únicamente en resolver este tipo de acciones judiciales.

Aunque es claro que todavía falta investigaciones de fondo para saber cuál es la mejor medicina para este dolor de cabeza, la CEJ es clara en advertir que se necesita una transformación urgente. Es necesario “cambiar el reglamento de la tutela para evitar abusos, limitar la tutela contra sentencias, revisar el código penal para actualizar los tipos penales, desjudicializar algunas conductas. La tutela debe ser utilizada para proteger los derechos fundamentales y para el debido proceso, debe crearse un incidente constitucional”, concluye la investigación.