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En medio del debate político sobre el plan de vacunación contra el COVID-19, la priorización de segmentos de la población y la adquisición efectiva de las vacunas, el Gobierno dejó clara su molestia ante la posibilidad de que los ciudadanos busquen obtenerla mediante tutela, alterando así el esquema planteado. Sin fechas definidas para el inicio del proceso, pero con un plan ya contemplado, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, reveló que hay siete tutelas en marcha e hizo un llamado público a los jueces del país para “proteger la integralidad del plan”. En todo caso, el polémico asunto tiene múltiples matices y poca claridad.
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¿Hasta dónde cabe o puede ser válida la intervención judicial vía tutela en el esquema del plan de vacunación? ¿Qué criterios deberían considerar los jueces? ¿El Gobierno puede cuestionar el uso de la tutela en sí mismo, sin detallar casos particulares? Estas son algunas preguntas que surgen sobre un tema que fue objeto de reuniones recientes entre el Gobierno y la Corte Constitucional, los presidentes de las Cortes y los jefes de organismos de control, cita en la cual se socializó el proyecto de decreto que oficializa el plan de vacunación. Algunos de los asistentes estiman que la preocupación ante un alud de tutelas es razonable, por lo que una posibilidad es que la Corte Constitucional, como órgano de cierre, defina criterios al respecto.
El problema es que si una tutela se interpone el día uno del inicio del plan, puede tardar más de tres meses en llegar al alto tribunal y otro tanto en que haya decisión. El Espectador habló con expertos que indicaron que, ante todo, la intervención judicial dependerá exclusivamente de la solidez del esquema de vacunación. “Es obvio que hay preocupación de que por vía de tutela se altere el plan, pero para enfrentar eso la respuesta no es estigmatizar la tutela. La forma es que haya un plan sólido en términos de salud pública, transparente, que esté fundado en derechos humanos y evite criterios discriminatorios. Con un plan así los jueces deberían limitarse a garantizar que se cumpla”, dijo el reconocido constitucionalista y profesor Rodrigo Uprimny.
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En todo caso, la tutela, como herramienta incluida en la Constitución, siempre será válida para que los ciudadanos busquen la protección de sus derechos y para casos de discriminación, si es que se llegan a presentar. “Hemos considerado que la exclusión per se de los migrantes en situación irregular es discriminatoria”, señaló Uprimny, quien afirma que si hay política transparente de priorización no debería haber tutelas que alteren el plan, sino más bien para que se garantice su cumplimiento. “Nadie es perfecto y para eso están las acciones judiciales, para evaluar si el plan cumple con criterios constitucionales. Por tutela la gente puede acceder creyendo que tiene una situación critica y ahí el Gobierno debe escuchar, evaluar y, si es el caso, ajustar. Puede haber situaciones no previstas”, añadió el abogado, docente y asesor de la Comisión Colombiana de Juristas, Juan Carlos Ospina.
“El Gobierno se está anticipando a una situación que es legítima, pero creo que también debe aumentar la tolerancia a que haya críticas u observaciones judiciales que lo puedan poner a reflexionar sobre circunstancias que no previó”, insistió Ospina. El abogado explicó que los primeros parámetros sobre este asunto podrían llegar —antes de que lo haga eventualmente la Corte Constitucional— desde el Consejo de Estado, pues el alto tribunal podría conocer en segunda instancia alguna tutela contra el Gobierno o si el decreto es demandado. Entre tanto, podría haber un escenario de caos, muchas tutelas y hasta decisiones cruzadas. Todo depende de los casos que eventualmente se presenten.
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“Por vía general, no podemos descalificar las tutelas ni decir que todas caben. El juez será el que resuelva cada caso concreto”, dijo José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional. Una fuente del alto tribunal apuntó que en este asunto se debe garantizar el acceso en términos de igualdad. Y según otro expresidente de la Corte consultado, el criterio “es que la tutela no debe proceder en ningún caso, salvo que hubiera una situación de otra naturaleza como que se le niegue a alguien la vacuna injustificadamente dentro del esquema ya planteado, pero no como criterio para alterar el orden ni para imponer prioridades o turnos”.
La experta constitucionalista Natalia Ángel Cabo señaló que, en efecto, hay que tener cuidado para que la tutela no se convierta en una vía para redistribuir el orden del plan de vacunación. “La definición de cómo deber ser el plan le corresponde al Gobierno, y el rol de los jueces sería el de advertir cuando, por ejemplo, se excluya a población vulnerable o porque haya decisiones arbitrarias. Yo he defendido que en estos contextos el juez debe advertir los problemas, ordenar que se corrijan, pero no entrar a definir cómo hacerlo. La tutela debería ser excepcionalísima, no para saltarse la fila”, dijo al explicar que, además, la garantía de un derecho no puede basarse en imponer requisitos extraordinarios como, por ejemplo, tener acceso a una aplicación.
En todo caso, expertos consultados prevén que el Gobierno se la juegue al desacato de las decisiones judiciales, como lo hizo hace poco con un fallo de tutela que ordenó que se volviera a exigir prueba de COVID-19 para ingresar al país. Para Hernández, esta opción es inaudita y “un pésimo ejemplo para todas las autoridades en el resto del país”. Y aunque los desacatos no son ideales, hay dos situaciones que se podrían llegar a considerar un antecedente para manejarlos, pues la Corte Constitucional suspendió la ejecución de múltiples desacatos contra la Unidad de Víctimas y Colpensiones. No obstante, no hay un parámetro claro ni voces unánimes sobre si esta vía es posible para este caso. Por ahora, sobre el único tema que no hay disenso es en que el uso de la tutela no puede limitarse ni siquiera en situaciones excepcionales.