En un documento de 16 páginas, el fiscal Ricardo González Escobar le pide a la Corte Suprema de Justicia que decrete la nulidad del fallo en el que el Tribunal Superior de Bogotá condenó a Camilo Bula, exliquidador de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), a 18 años de prisión por su participación en las irregularidades de la entidad —hoy liquidada— en la que fue protagonista del escándalo de corrupción en el manejo de bienes expropiados al narcotráfico.
El argumento de la Fiscalía en su reclamo es que en el fallo de segunda instancia en el que se duplicó la sentencia contra Bula se violó el debido proceso. Además, en la casación hay dos consideraciones que han rondado el caso desde que se conoció el aumento de la pena, para muchos una decisión exagerada. Por un lado, se pide que se tenga en cuenta que Bula ha sido un testigo clave de la Fiscalía y que su colaboración con la justicia ha permitido la apertura de varias investigaciones sobre el manejo irregular de los bienes extintos que estuvieron en posesión de la DNE.
Asimismo, el fiscal del caso consideró que Juan Carlos Garrido, el magistrado ponente de la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, omitió su deber de declararse impedido para fallar, puesto que había sido subordinado de Bula cuando ambos trabajaban en la Fiscalía. La salida de Garrido de la entidad se dio por una petición que le hizo Bula al entonces fiscal general, Mario Iguarán. “Entre ellos existe una gran enemistad”, se lee en el documento. “Hay una venganza del magistrado Garrido y de los afectados con mi colaboración. Quieren callarme”, le dijo Bula a este diario cuando se conoció el fallo de segunda instancia.
Los hechos que lo tienen en la cárcel se remontan a junio de 2007, cuando se posesionó como depositario provisional de cuatro bienes incautados a la familia Nassar Arana, condenada por narcotráfico. Carlos Albornoz, entonces director de la DNE y hoy procesado por las irregularidades de esa entidad, designó a Bula para que asumiera el proceso de liquidación de la propiedad. La justicia determinó que Bula alteró los avalúos comerciales de los bienes para recibir coimas por $327 millones, acto que generó detrimento de las arcas estatales en más de $31.000 millones.
Por estos hechos, el 23 de enero de 2013 la Fiscalía le imputó los delitos de peculado, fraude procesal, prevaricato por acción y por omisión, obtención de documento público falso, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público. El escándalo de la DNE estaba en un punto álgido y Bula se comprometió a colaborar con las investigaciones de la Fiscalía para destapar toda la corrupción encubierta. A cambio consiguió un principio de oportunidad en el que se fijó que sólo sería procesado por peculado por apropiación en provecho propio y de terceros.
Ese fue el delito que Bula aceptó durante la audiencia de acusación, el 7 de octubre de 2013, lo que le valió una rebaja del 45% de la pena por reconocer su responsabilidad en ese momento del proceso judicial. El exliquidador de la DNE fue condenado entonces a ocho años y tres meses de cárcel. Pero el Tribunal Superior de Bogotá, tras una curiosa apelación que interpuso el entonces abogado de la DNE, cambió la decisión.
El magistrado Garrido condenó a Bula a 18 años de cárcel al considerar que el juez en primera instancia sólo estaba facultado para otorgar una rebaja máxima del 33% de la pena. Además, el Tribunal Superior de Bogotá agregó que para el nuevo fallo tuvo en cuenta dos agravantes de condena que habían sido descartados en primera instancia. En este último punto está la clave del reclamo de la Fiscalía ante la Corte Suprema.
En el fallo de segunda instancia no se argumentaron debida ni suficientemente las razones para que la cuantía de la pena aumentara, según se lee en el documento conocido por El Espectador. Una de las razones para imponerle una sentencia más severa a Bula es que el condenado tenía una posición distinguida en la sociedad y, por haber sido fiscal e incluso secretario privado del exministro del Interior Fernando Londoño, no se esperaba de él la defraudación del Estado. El juez en primera instancia había omitido este agravante al considerar que, de tenerse en cuenta, se estaría procesando a Bula dos veces por los mismos hechos, lo cual es contrario a la ley, pues por ser liquidador de la DNE, es decir, funcionario público, necesariamente tenía que ser una persona destacada dentro de la sociedad.
Para el fiscal González, el Tribunal Superior de Bogotá se limitó a argumentar por qué Bula era un personaje destacado y no explicó por qué agravar su pena por esta circunstancia no constituía un doble proceso por el mismo hecho. “Frente a esta discusión, valga decir: la única discusión real que se suscitó al respecto, el fallo no se pronunció en lo absoluto”, dice en el documento de casación.
Algo similar se objetó contra el agravante de la coparticipación criminal, es decir, que Bula se alió con terceros para sus actos delictivos. La Fiscalía argumenta a favor de Bula, quien fue condenado por peculado en favor propio y de terceros, que, para que ese delito fuera aplicable, necesariamente otras personas tenían que participar de los actos criminales. Por lo tanto, aumentar su condena por coparticipación criminal era juzgarlo dos veces por los mismos hechos. “Mediante argumentos abiertamente sofísticos, lo que se señaló y argumentó en todo momento era que, en efecto, sí habían actuado varias personas al momento de la comisión del delito. ¡Pero esa no era la discusión relevante! ¡Eso nunca se negó por parte del señor Camilo Bula”, enfatiza González.
En plata blanca, lo que cuestiona la Fiscalía, y por lo cual pide a la Corte Suprema que tumbe la decisión del Tribunal Superior y emita un fallo que la reemplace, son las falencias en los argumentos con los cuales se decidió el aumento de la pena de Camilo Bula, los cuales, según el documento, constituyen una violación al debido proceso. Ningún otro proceso sobre el escándalo de la DNE ha avanzado tanto como el de Bula. En la decisión de la corte está en juego, además de su suerte, la de otros investigados por el ventilador que Bula encendió dentro de la DNE.