La última oportunidad de Piedad Córdoba para regresar a la vida política

El Consejo de Estado estudia la demanda presentada en contra del fallo que inhabilitó a la senadora liberal por 14 años para ocupar cargos públicos por participación indebida en política.

En los próximos días se conocerá una decisión de fondo en el caso de la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz. La Sección Segunda del Consejo de Estado estudia una demanda en contra del fallo de la Procuraduría General que la destituyó e inhabilitó por 14 años para ocupar cargos públicos por participación indebida en política.

Este lunes el alto tribunal recibió los argumentos de la defensa de la excongresista liberal, así como el representante de la Procuraduría. Parte y parte defendieron su posición para que se tumbe y se mantenga, respetivamente, la sanción disciplinaria emitida por el procurador General en mayo de 2012.

El abogado defensora de Córdoba Ruiz aseguró que no existe un elemento material probatorio que permita sustentar que la entonces senadora incurrió en una falta al entregar un dinero para financiar a un candidato a la Cámara de Representantes sin contar con el aval del Partido Liberal.

“La Procuraduría se arrogó una competencia que no tiene para despojar a un congresista de su función de congresista”, precisó el abogado defensor al indicar que se debía presentar una acción de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado puesto que este es el juez natural de los legisladores.

Por su parte el delegado de la Procuraduría General aseguró que el órgano de control disciplinario tiene las facultades constitucionales para investigar, juzgar y sancionar a congresistas. En este punto señaló que no se presentó una violación al debido proceso puesto que Córdoba presentó sus pruebas en el proceso.

Consideró que la parlamentaria incurrió en una falla disciplinaria puesto que no podía financiar esa campaña política. En este sentido aseguró que existe registro del Consejo Nacional Electoral (CNE) que evidencia el pago de esta suma de dinero a la campaña política por parte de Córdoba.

Según la decisión del Ministerio Público, la senadora habría entregado 25 millones de pesos a la campaña de Ricardo Montenegro a la Cámara de Representantes sin contar con la autorización del Partido Liberal.

Por este hecho, la Procuraduría General consideró que Córdoba Ruiz incurrió en una grave irregularidad puesto que la ley prohíbe hacer aportes personales a campañas políticas.

El pasado 9 de agosto la Sala Plena del Consejo de Estado tumbó la sanción disciplinaria de 18 años emitida por la Procuraduría General en contra de Córdoba Ruiz por su relación con la guerrilla de las Farc. El Ministerio Público sostuvo que la congresista habría apoyado las actividades del grupo subversivo.

Sin embargo, el alto tribunal sostuvo que las pruebas recolectadas en el operativo en el que fue abatido el comandante guerrillero alias ‘Raúl Reyes’ en Sucumbíos (Ecuador) las autoridades colombianas vulneraron la cadena de custodia –citando a la Corte Suprema de Justicia- hecho por el cual son ilegales.

Considera el fallo que tampoco se presentaron otros elementos materiales de prueba que permitan inferir que la entonces senadora tenía vínculos o relación con las Farc.