Ultimátum al expresidente de InterBolsa

Por cuarta vez se aplazó la audiencia en la que se conocería el sentido del fallo contra Rodrigo Jaramillo. Está buscando un principio de oportunidad por dos delitos.

Por la inasistencia del abogado defensor, el juzgado 24 de conocimiento tuvo que aplazar por cuarta vez la audiencia en la cual se iba a conocer el sentido del fallo en contra del expresidente de la comisionista de bolsa, InterBolsa S.A, Rodrigo Jaramillo Correa por su responsabilidad en los hechos que rodearon las operaciones ilegales que la llevaron al descalabro bursátil.

El abogado Jaime Lombana, quien defiende al procesado, argumentó que está buscando un principio de oportunidad por los delitos de concierto para delinquir y operaciones no autorizadas, hecho por el cual solicitó el aplazamiento de la misma. Esta petición fue cuestionada por los representantes de las víctimas y el procurador del caso.

“Esto no impide la realización de la audiencia puesto que no se requiere de este trámite de principio de oportunidad para emitir la condena contra el procesado”, precisó uno de los representantes de víctimas. A su turno, el delegado del Procuraría General aseguró que no existe una causal válida para no asistir a la diligencia, por lo que si se presenta un nuevo aplazamiento se deben compulsar copias para investigar al abogado defensor.

Jaramillo Correa, quien se encuentra desde diciembre de 2013 con detención domiciliaria, aceptó su responsabilidad en los delitos de manipulación fraudulenta de especie y administración desleal en la audiencia de imputación de cargos. Mientras que busca que se le otorgue un beneficio jurídico.

Dicha petición se encuentra en el despacho del fiscal General, Eduardo Montealegre quien estudia el ofrecimiento de dinero para la reparación de las víctimas. “La Fiscalía está verificando”, precisó Alexandra Ladino. El descalabro de InterBolsa está valorado en 400 mil millones de pesos “por lo que la reparación debe tener un monto significativo”.

El ente investigador busca bienes e los procesados en Panamá, Curazao y Estados Unidos.