¿Qué es un acto terrorista?

El alto tribunal sostiene que las acciones perpetradas por grupos guerrilleros contra la Fuerza Pública no pueden considerarse actos terroristas. Cosa distinta si las víctimas resultan ser civiles.

El DIH establece que se consideran actos terroristas “las acciones o las amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizar a la población civil. / Archivo - El Espectador
Gran controversia generó el fallo del Consejo de Estado que sostuvo que la toma a la base militar de Las Delicias, en 1996, por parte de las Farc, no podía considerarse un acto terrorista y que, a su vez, las Farc no podían catalogarse, de plano, como una organización terrorista, muy a pesar de que, efectivamente, en más de medio siglo de conflicto han perpetrado innumerables actos de terror. 
 
El primero en pronunciarse fue expresidente Álvaro Uribe, quien dijo que puede darse, en teoría, el hecho de que una organización incurra en una acción terrorista, sin ser terrorista. “El caso de las Farc es diferente porque la sistematicidad de sus hechos terroristas las vuelve esencialmente una organización terrorista”. 
 
Por su parte, el general (r) Juan Salcedo Lora, expresidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados, dijo con sorna que si el Consejo de Estado señaló  eso basado “en su sapiencia, su vasto conocimiento sobre terrorismo y estrategia militar, y pese a que Estados Unidos y la Unión Europea siguen considerando a las Farc como terroristas, pues hay que respetarlo”. 
 
En la otra orilla, el jefe de la delegación de las Farc en La Habana (Cuba), Luciano Marín, alias Iván Márquez, aprovechó para sacarle partido político a esta decisión judicial. En ese sentido, sostuvo que “si el Consejo de Estado conceptúa que las Farc no son una organización terrorista, ¿por qué los guerrilleros son condenados como tales?”.  Y añadió: “El terrorismo para el caso colombiano no deja de ser una ficción jurídica para condenar a guerrilleros a largas penas”.
 
La controversia, pues, quedó prendida. A lo que vino a sumarse lo señalado por el fallo de que los ataques perpetrados por grupos armados ilegales contra instalaciones y personal militar no pueden considerarse, per se, actos terroristas. Entonces, ¿qué se considera un acto terrorista? El fallo del Consejo de Estado es explícito.
 
Según el Derecho Internacional Humanitario, los actos terroristas son “los actos o las amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizar a la población civil, prohibición esta que es considerada norma de derecho consuetudinario tanto para conflictos armados internacionales, como para conflictos armados no internacionales”. 
 
Y pone como ejemplos las operaciones de ataque destinadas a sembrar el terror entre la población civil, el fuego masivo e indiscriminado de artillería y los bombardeos sistemáticos de ciudades; la agresión, la violación, el maltrato y la tortura de mujeres y niños, así como los asesinatos en masa. Igualmente los “disparos deliberados e indiscriminados contra objetivos civiles,  los disparos ilícitos contra concentraciones de personas y el fuego prolongado y sistemático de artillería y de francotiradores contra zonas civiles”.
 
Pero a renglón seguido advierte que los ataques en contra de combatientes o en contra de objetivos militares no necesariamente constituyen un acto terrorista. “Los actos de terror pueden considerarse jurídicamente permitidos si se dirigen exclusivamente contra quienes participan directamente en las hostilidades y siempre que no desconozcan los principios del derecho humanitario”. Especialmente los de limitación y proporcionalidad. “Si los actos de terror contra el adversario son ilimitados o desproporcionados frente a la ventaja militar concreta prevista, desconocerían el DIH”.
 
Por ello, el Consejo de Estado aclara que, aunque no considera la toma de la base de Las Delicias, en 1996, como un acto terrorista, reconoce que en esta incursión armada sí hubo posibles violaciones al Derecho Internacional Humanitario que deben ser investigadas a profundidad por la justicia. Pero, de nuevo, esto no lo hace un acto terrorista.
 
La prohibición de los actos de terror contra la población civil, dice el Consejo de Estado en referencia a lo señalado por la  CIDH, se extiende a instalaciones o bienes que puedan provocar incidentalmente víctimas dentro de la población civil, pero no se trata de una restricción que comprenda también a los objetivos militares. Lo que se prohíbe, en ese sentido, son los actos en contra de civiles o de terceros ajenos al conflicto armado. “Pues lo cierto es que ‘el derecho internacional humanitario no impone a las partes contendientes una prohibición absoluta de recurrir al terror’. Lo que se prohíbe son los actos cuya finalidad sea aterrorizar a la población civil”. 
 
En tal caso, la acción terrorista, independientemente del sujeto que la realiza, “siempre participará del elemento común al cual se hizo alusión en precedencia: el uso indiscriminado de la violencia contra personas civiles”. Por ello, el alto tribunal sienta jurisprudencia y les dice a los jueces y, sobre todo a sus propios magistrados, que se abstengan de calificar, y menos tratar jurídicamente como actos terroristas los ataques que realicen grupos armados organizados irregulares en contra de instalaciones y de los integrantes de la Fuerza Pública, “por lo menos no sin justificar por qué razón la actuación correspondiente, al transgredir los postulados del DIH, puede constituirse en un crimen de guerra o un acto terrorista”. 
 
Esto, hay que recalcarlo, no implica una negativa a reconocer la barbarie por parte de las Farc. El Consejo de Estado explicó este miércoles, mediante un comunicado, que su posición “no significa que el grupo armado reciba algún reconocimiento de legitimidad a sus actuaciones y pretensiones, y tampoco quiere decir que pueda descartarse el hecho de que los referidos actores del conflicto incurran en actos terroristas o cometan crímenes de guerra, los cuales por expresa previsión del DIH deben comprometer la responsabilidad penal individual de los combatientes que incurran en tales procederes”. 
 
Es todo lo contrario: “Es necesario reconocer la existencia de un conflicto armado, que permita distinguirlo de acciones delincuenciales comunes, y reconocer que no es jurídicamente correcto denominar terroristas a los actores que participan de dicho conflicto, pues de recibir dicha categorización no serían susceptibles de exigirles respeto y acatamiento del DIH”, señala el alto tribunal, y esto puede abrirle paso a la impunidad. Como quien dice, al pan, pan y al vino, vino. Sobre todo cuando de aplicar justicia se trata.