Cultivos ilícitos: ¡un año de anuncios y pocos hechos!

Un informe del sistema de monitoreo de cultivos de uso ilícito ha sido la oportunidad para quienes promueven mano dura de pedir que se haga más fumigación, erradicación forzada, criminalización de productores, además de atacar al proceso de paz.

Archivo El Espectador.

Algunos análisis oficiales acusan a las FARC de haber empujado la mayor siembra creando un efecto expectativa en torno a los acuerdos del Punto 4 de la Agenda. Otros se enfocan en lo económico a partir de las consecuencias de la caída del precio del oro. Por su parte los prohibicionistas añoran la fumigación aérea. Sin embargo, los factores determinantes del incremento de los cultivos son más que esto por lo que los técnicos de la UNODC sumaron esta vez más elementos.

Ha sido el Ministro de Defensa el que ha presentado las cifras, lo que denota el enfoque de seguridad –cuestionado en todo el mundo- que prevalece en Colombia y el incremento aceptado es menor a lo que se esperaba. El OCDI GLOBAL hizo seguimiento previo y encontró que al menos para Nariño, Caquetá, Catatumbo y Putumayo se esperaban cifras mayores, según reportes de autoridades. Sin embargo, la tregua de FARC habría servido para corroborar en tierra las imágenes satelitales y esta sería la primera vez que la medición sería confiable.

Entre los factores mencionados se encuentra una disminución de la erradicación. Se suspendió en efecto la cuestionada aspersión aérea, la aspersión terrestre no arrancó, cayeron las metas de erradicación manual forzada, y la erradicación manual fue casi nula en 2015. Los cultivos se ubicaron en áreas protegidas, territorios colectivos y los procesos administrativos se hicieron lentos. Ya se ha dicho que los costos de la erradicación forzada son muy altos y su efectividad muy baja por lo que se tendría que desestimar el retorno a estas estrategias fracasadas.

Los esfuerzos en materia de sustitución cayeron también. El número de vinculados a proyectos gubernamentales siguió siendo marginal frente al total de familias envueltas en esta actividad; los proyectos productivos están ligados a subsidios directos tipo familias guardabosques y generalmente caen a pique cuando, solos, tienen que competir en el mercado; las inversiones en esta materia solo cubren, según ONUDC el 32% del territorio “afectado”, pero beneficiaron a familias que no tenían o contaban con poca coca, a la vez que llegaron a veredas circunvecinas a los cascos urbanos y no a las que tenían la mayoría de cultivos de uso ilícito.

La caída de la actividad minera y no solo la de oro habría empujado el aumento de cultivos de coca en regiones en las que dicha actividad era fuerte. Hay que señalar que lo que se registra es una crisis de la locomotora minero energética generado por los bajos precios y la caída de la demanda internacional, a lo que se agrega que la persecución a los pequeños mineros considerados “ilegales” ha motivado la migración a coca por ejemplo en el nordeste antioqueño. A esto se añade que la economía de regiones que vivieron del petróleo durante los últimos años, ha sufrido caída de precios y de la actividad exploratoria y de explotación. En casos como Puerto Gaitán Meta, municipios de Casanare, Putumayo o Arauca se han perdido miles de empleos que eran ocupados por mano de obra no calificada, casi todos personas provenientes del mundo rural.

Aparejada con esta situación se advierte de los efectos de la devaluación del peso como factor que influencia los cultivos. Con el dólar a más de $3.000 pesos, existe un buen incentivo para la economía de la pasta base y la cocaína, un producto de economía campesina que depende de precios internacionales. Esto muestra un escenario propicio para las exportaciones (dólar caro), que ha servido a los exportadores ilegales; al haber más pesos por cada dólar hay mas moneda circulando en las zonas rurales. Esto puede haber incrementado los precios de pasta base en algunas zonas mientras que en otras la pasta base sigue todavía como moneda de trueque. De hecho la UNODC acepta que el precio del kilo de hoja pasó subió de poco más de $2.000 a $3.000 pesos.

Por primera vez se ha aceptado que factores climáticos como el fenómeno del niño quebraron a agricultores que encontraron como opción de emergencia la siembra de coca. El Ministerio de Defensa y la ONUDC aceptan este factor para el Sur de Bolivar y Antioquia, pero los efectos climáticos estuvieron presentes en más zonas del país.

De otra parte, en puntas de colonización con influencia de FARC los cultivos aumentaron en 2015. El OCDI pudo constatar en varias de esas zonas que muchas personas retornaron a coca o se enrolaron por primera vez en ellos. En los últimos meses de ese año el anuncio de no fumigación llevó a muchos a recuperar cultivos viejos que estaban enrastrojados. Sin embargo, en las zonas del suroriente del país el precio de pasta base se mantiene igual desde hace unos 15 años. Las cosas se complicaron en cuanto otros actores ilegales vienen aprovechando los vacíos dejados por la tregua o a la expectativa de entrar a disputar territorios donde existen los cultivos, como se registró incluso en el norte amazónico.

En Norte de Santander, el Darién, la región Caribe se observan varios actores armados interesados en pasta base, transformación, comercio, bien por la vía de impuestos o mediante el control de toda la cadena. Un hecho indicativo es que la mayoría de las capturas de embarques este año han ocurrido en puertos del Caribe, como Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, el golfo de Urabá y San Andrés. Así lo aceptó el General Adolfo Martínez de la Fuerza de Tarea Neptuno con sede en Urabá quien advirtió de la capacidad inventiva de los narcotraficantes para hacer sus envíos de cocaína al extranjero.

El comportamiento del mercado global de drogas es otro factor que no puede eludirse. Este se relaciona con el llamado fracaso de la guerra mundial que quiso librar al planeta de sustancias que crean dependencia. En este caso, se supo que Bolivia estabilizó su producción nacional de coca, mientras que el mercado de cocaína en Estados Unidos se mantuvo estable. Pero el mercado está en expansión incluso dentro de Colombia. A su vez, el consumo en Suramérica, México, Centroamérica, el Caribe, Africa e incluso Asia está aumentando. Países que fueron de tránsito ahora también son consumidores. Colombia está inserta en esa dinámica y la prohibición aumenta las rentas de quienes se lucran de este negocio.

A punta de anuncios

El Presidente Santos fue protagonista en los años anteriores en el debate mundial sobre reformas drogas e incluso aceptó que hay que cambiar el paradigma. En este sentido dentro del país hizo varios anuncios los cuales no se han puesto en marcha. Nuevos programas y nuevos enfoques se han lanzado pero más allá de unos cuantos proyectos no hay una institucionalidad clara con la competencia sobre el tema de los cultivos y del desarrollo rural integral en los territorios. De las recomendaciones de la Comisión Asesora de políticas de drogas y de los nuevos conceptos llevados a UNGASS (Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas), poco se ha materializado en las regiones.

La Unidad de Consolidación pasó a ser parte de Prosperidad Social, el Ministerio de Justicia está cediendo su liderazgo al Ministerio de Defensa el cual este año ha dicho ya en tres ocasiones que cuenta con una nueva estrategia. Al Ministerio de Agricultura se le olvidó que tiene un segundo apellido que es Desarrollo Rural y al parecer toca esperar la creación del PNIS acordado con las FARC para tener un claro interlocutor gubernamental. Pareciera que respecto de anuncios por ahora lo único claro es el plan piloto para Briceño Antioquia, el cual se lanza este domingo.

Por su parte las entidades territoriales están ausentes de este tema. Más allá del interés de la conferencia de Gobernadores, expresado recientemente, la mayoría de los mandatarios en 2015 hicieron pocos esfuerzos en esta materia. De los recursos OCAD de regalías a los sistemas productivos de ha dedicado una mínima atención. El año anterior programas regionales como el “si se puede” de Nariño no se implementaron y esta situación se está viviendo también este año. Por su lado las alcaldías de municipios impactados por los cultivos son pequeñas, con baja capacidad técnica o económica y en algunos casos con geografías extensas.

Otro asunto que inquieta es que en Putumayo (anunciado en las mesas de negociación con el gobierno como piloto), se está apenas en la etapa de formulación del Plan de Desarrollo amazónico. La Mesa de Catatumbo no ha avanzado como lo piden las comunidades. Las otras mesas regionales tampoco; y la Mesa de la Cumbre Agraria está paralizada casi en todos los temas, como lo reclamó recientemente la Minga Nacional que bloqueó la carretera panamericana. Las MIAs han hecho en el último año mas de 10 foros con comunidades que se manifiestan interesadas en acuerdos con gobierno, pero los funcionarios solo han llegado allí a escucharlos.

En cuanto a las resistencias comunitarias a la erradicación forzada, el Ministerio de Defensa ha hablado de que existe una orquestación para ello, pero da a entender que se trata de un propósito criminal. Esta estigmatización esconde el hecho político de que los cultivadores, a través de sus asociaciones, juntas comunales y mingas veredales, han tomado la decisión de defender sus cultivos y bloquear a los arrancachines, hasta tanto haya ofertas estatales que ellos estimen viables. Los bloqueos aumentan cada día según la propia Policía Nacional, pero esto es una determinación tomada en función de la sobrevivencia en zonas apartadas. Lo interesante es que ahora los labriegos ya no huyen de la autoridad sino que la enfrentan con sus propios medios, a veces durante semanas.

Cultivos y liberalización de la economía

De otra parte poco se ha asociado la creciente cantidad de coca sembrada con los impactos que están teniendo en la agricultura tradicional y la economía rural los Tratados de Libre Comercio. En varias zonas donde había agricultura legal, la coca ha sido una respuesta a las afectaciones causadas por la liberalización del intercambio comercial sobre el mercado interno de alimentos. Los impactos negativos del TLC con Estados Unidos han sido documentados por OXFAM, ILSA y las dignidades agropecuarias entre otras organizaciones, hecho que se advertía por Recalca desde 2007. El libre comercio afecta a tal punto la agricultura legal, incluyendo a grandes agroindustrias nacionales que la opción para aquellos trabajadores que pierden sus empleos allí, es migrar a coca. Una situación similar se presentó entre 1992 y 1994 cuando la apertura económica conllevó también un incremento de la producción nacional de coca para cocaína.

De hecho la coca no es el único cultivo en aumento. La marihuana se expandió por varios departamentos. El Ministerio de Justicia ha reconocido que hay cultivos de marihuana, como parte de economías campesinas, en Antioquia, Caquetá, Meta, Santander, Guajira, Magdalena y Cauca por supuesto. Sobre amapola hay muy poca información pero los reportes de consumo en el eje cafetero son un indicio que debería preocupar sobre un posible aumento de este cultivo.

Todo lo anterior conlleva la necesidad de salir de los anuncios, entender que si bien el Punto 4 de la Agenda de La Habana contiene interesantes aproximaciones a las comunidades, no se puede pretender que el solo acuerdo con las FARC es el fin de los cultivos; que son las organizaciones y familias rurales involucradas las que están defendiendo los plantíos (por ser su comida y su trabajo); que solo una adecuada articulación interinstitucional con altos niveles de inclusión social mejoraría la aproximación a los territorios; y que la erradicación forzada no contiene para nada las dinámicas del mercado de drogas.

Finalmente, se reitera que la coca es un producto agrícola, generado en economías campesinas donde el Estado ha tenido poca presencia, donde hay pocas infraestructuras que faciliten el despegue de otras economías, con bajo nivel de dotaciones de servicios. La coca es un producto que se vende, tiene mercado, quien lo compre en finca o en pueblitos cercanos, hay crédito, acceso a semillas, asistencia técnica y se le puede agregar valor in situ. Estas condiciones no las cumplen fácilmente otros productos. Las comunidades quieren sustituir y tienen ilusiones en ganadería, leche, cacao, caucho, maderables, café, entre otros, pero su reconversión no se logra de un día para otro, sino que es el resultado de un proceso de desarrollo del territorio.

Las FARC pueden ayudar en este proceso, especialmente donde han sido actor protagónico con autoridad y solo han estado en confrontación ellas y el Estado. Pero sigue rondando la pregunta sobre el peso que tendrán y su capacidad a partir del día en que se concentren y aun mas cuando dejen sus armas. Ese será un momento decisivo que debería abrirle espacio a la propuesta de control social de los cultivos con el apoyo de las organizaciones comunitarias para que en un periodo de transición se conviva con dichos cultivos hasta que las alternativas brinden ingresos a las familias. Lo otros es seguir pensando con el deseo y gastando dinero inútilmente.