Un aporte para el desminado humanitario que sigue en veremos

 

Es claro que ya se viene trabajando en dos frentes, ambos derivados del proceso de paz de La Habana. En 25 municipios existen operaciones de desminado con la contribución de las Farc, y por su parte el Estado, a través de las Fuerzas Militares, avanza en la constitución de la Brigada de Desminado Humanitario que será crucial en los próximos meses. El interrogante por resolver es con qué métodos se van a ubicar las minas y cuál puede ser el papel de instituciones como la Fiscalía. ((Veal el especial:  Recogiendo los pasos de la guerra)

 

Al respecto, El Espectador conoció que a pesar de que desde comienzos de 2015 se desarrolló entre la Fiscalía, las Fuerzas Militares y la Dirección para la Acción Integral contra minas antipersonal de la Presidencia de la República, una serie de reuniones técnicas de  trabajo para contribuir al desminado humanitario en el marco del conflicto armado de Colombia, pero el proyecto se quedó sin impulso. Hoy es una gran idea empolvada en los archivos del ente investigador.

 

Todo se inició porque desde 2010, unos exguerrilleros del Eln interesados en acogerse a los beneficios de la ley de Justicia y Paz, ofrecieron a la Fiscalía información confiable sobre regiones de Antioquia y Risaralda que habían escogido para sembrar minas antipersonal. El asunto llevó a que la gobernación de Antioquia y la Personería de Medellín se interesaran por esa información, y que de hecho se realizaran varios encuentros con los detenidos para establecer la forma de recaudarla.

 

No obstante, el asunto perdió prioridad y se fue dilatando en el tiempo. Pero como terminó abriéndose camino el proceso de paz, la urgencia del desminado recobró protagonismo. Fue así como a principios de 2015, con el apoyo de las Fuerzas Militares, el Departamento de Planeación de la gobernación de Antioquia, funcionarios de la Presidencia y expertos de la Fiscalía, se revisó el tema y surgió una línea de acción que se quedó a mitad de camino. Desde hace más de un año el tema está engavetado.

 

Lo que se hizo fue recoger la información suministrada por los postulados del Eln, y con ella se realizaron mapas con cartografía a escala para identificar relieves, ríos, carreteras o colegios. Con estas planchas cartográficas y la aplicación de nuevas tecnologías, se planteó una aproximación digital a las coordenadas de los puntos denunciados. El objetivo era reducir las áreas de búsqueda y microfocalizar las zonas afectadas.  Según los expertos, las ortofotos a partir de imágenes aéreas permiten ubicar detalles geográficos claves.

 

De esta manera, la Fiscalía aportó 2667 planchas cartográficas en formato PDF y planteó a los expertos de las distintas instituciones una metodología para identificar zonas contaminadas a partir de una plataforma interactiva y el uso de la cartografía social. Hasta ese momento,  el objetivo era intercambiar información e incluir en la iniciativa a otros expertos y geógrafos. Los planes eran tan optimistas que incluso llegó a referirse que el método podía usarse también para ubicar fosas comunes.

 

Hacia abril de 2015, la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía reportó que con base en la información recaudada, se decidió trabajar en áreas afectadas por minas antipersonal. En concreto, en clave de cartografía social, acompañada de expertos en explosivos y ubicación geoespacial, se propuso formalizar un plan piloto de gestión. El objetivo adicional es que la metodología propuesta sirviera además para la reconstrucción de memoria histórica de hechos ocurridos en las zonas de estudio.

 

El informe documentó que la cartografía con imágenes satelitales puede aportar información de cultivos ilícitos, minería ilegal y, por supuesto, campos minados. De esta manera, se ubicaron los puntos geográficos documentados por los guerrilleros y no solo se constató lo dicho sino que se logró una importante goereferenciación de las zonas afectadas. Al tiempo, la navegación virtual con imágenes de alta resolución, permitió establecer su utilidad para futuras misiones del Estado y sus Fuerzas Militares.

 

En síntesis, el asunto quedó planteado como una metodología eficaz para generar datos confiables y acciones eficaces, y al tiempo recuperar territorios para la paz. Sin embargo, todo el trabajo interinstitucional quedó en buenas ideas. Hoy la Dirección para la acción integral contra minas antipersonal de la Presidencia, altos oficiales de las Fuerzas Militares y quienes participaron por la Fiscalía, saben que esa gestión de aportes al desminado humanitario tiene como desarrollarse pero por ahora está sin desarrollo.

 

Ahora es la urgencia del momento. Según cifras oficiales, la primera fase de la estrategia para desminar a Colombia costará US$126 millones. El gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea han coincidido en el interés de vincularse a esta tarea humanitaria que sigue dejando víctimas inocentes. Sin embargo, el plan piloto técnico que varias instituciones del Estado crearon para contribuir desde la tecnología a ubicar las zonas afectadas, está en veremos. Muchas claves siguen guardadas con los desmovilizados en las cárceles.