A escasas tres semanas de que se cumplan 18 años del homicidio del congresista Manuel Cepeda Vargas, de la Unión Patriótica, su asesino, el sargento (r) Hernando Medina Camacho, vuelve al ojo del huracán. Esta vez por cuenta de acusaciones que lo señalan como el hombre detrás de unos atentados con los que se pretendía asesinar al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y a la excongresista, Piedad Córdoba, y que fueron evitados gracias a la pronta acción de las autoridades.
“Es un asesino compulsivo”, fue como el congresista Iván Cepeda se refirió al asesino de su padre. Cepeda es una de las personas que le informaron a la Fiscalía sobre un plan para matar a Petro y Córdoba. Se lo había dicho un amigo de infancia de Medina Camacho, quien agregó que por el atentado se iban a pagar $1.000 millones. Con esta acusación se agrega una nota más al prontuario de este huilense de 55 años de edad, aunque identificado con cédula de Popayán.
Todo se remonta al 6 de agosto de 1996. Fue entonces cuando la Fiscalía los vinculó a él y a su compañero, el sargento (r) Justo Gil Zúñiga Labrador, al proceso por el homicidio de Cepeda Vargas. En ese momento los dos se encontraban en una guarnición militar en Neiva, detenidos por su presunta participación en la masacre de 12 personas. Entonces un informante, Elcías Muñoz Vargas, los señaló de hacer parte del asesinato que, al parecer, habría sido ordenado por el comandante paramilitar Carlos Castaño y un alto oficial retirado de la Fuerza Pública. Sin embargo, Castaño no fue condenado por este hecho.
Gracias al testimonio de Muñoz Vargas, entre otras evidencias, el 26 de septiembre de 1996 la justicia recluyó, una vez más, a Gil Zúñiga y a Medina Camacho. Luego, el 16 de diciembre de 1999, los condenó a 43 años de prisión, al uno por disparar contra Cepeda Vargas y al otro por ser su conductor. El segundo apenas pagó 12 años y 122 días de reclusión, por su supuesta colaboración con la justicia. Además, sus primeros años de condena los pasó en una guarnición militar en Melgar (Tolima) y no en una prisión, como debía. Sólo cuando el Colectivo de Abogados e Iván Cepeda denunciaron el hecho, la justicia lo trasladó.
Luego se supo que durante su reclusión, y por permiso de sus superiores, participó en operaciones militares. Una de ellas, realizada el 14 de julio de 1999, dio como resultado la muerte en extrañas circunstancias del teniente José Simón Talero, lo que generó que fuera sancionado con un regaño público. Algo tan insólito llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a cuestionar severamente a Colombia en una sentencia de 2010. Era increíble que un condenado saliera como Pedro por su casa de su lugar de reclusión y participara en operativos como si no hubiera pasado nada.
La CIDH agregó en su fallo contra Colombia que era cuestionable que el Gobierno le hubiera reducido la pena a Medina Camacho, a pesar de sus actitudes non sanctas. Por estas y otras irregularidades, el país tuvo que pedir perdón. Sin embargo, nada reversó los beneficios concedidos a Medina Camacho y en mayo de 2007 salió libre. Durante cuatro años estuvo en libertad, pero, al parecer, volvió a sus andanzas. A mediados del año pasado fue vinculado en una investigación por un presunto concierto para delinquir y por este cargo fue recluido el 4 de noviembre en la cárcel La Picota de Bogotá.
Al parecer, el hecho de estar recluido no le impidió planear los atentados contra Petro y Córdoba, los cuales, según un testigo que ya le contó todos los detalles a la Fiscalía, se iban a realizar con la última tecnología: rockets teledirigidos por chips ubicados en lugares públicos. No obstante, para el senador Iván Cepeda hay posibilidades de que Medina Camacho no fuera el cerebro tras los intentos de asesinato. Un declarante le habría mencionado al congresista que uniformados en retiro y de alto rango estarían involucrados en el hecho. “Así que Medina es el ejecutor de órdenes”, aseveró Cepeda.
La Fiscalía ya está al tanto de las denuncias de Cepeda contra Medina Camacho, de quien, dice, hay pruebas de que realizó operaciones junto a los paramilitares y perteneció a escuadrones de la muerte. Este hombre de 174 centímetros de estatura, padre, moreno, de cabello negro y que nunca se graduó del colegio, vuelve a estar en la mira de la justicia. Ya alguna vez la Procuraduría dijo que los actos cometidos por el sargento (r) eran propios de una “dinámica de guerra sucia”. Ahora la Fiscalía indaga si al prontuario criminal de Medina Camacho habrá que agregarle otro indignante capítulo.
La muerte de Cepeda Vargas
Durante meses, el congresista Manuel Cepeda Vargas recibió amenazas de muerte, al igual que sus compañeros de la Unión Patriótica. El 9 de agosto de 1994 esas amenazas se hicieron realidad cuando a las 9 de la mañana, los sargentos Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador, junto con unos desconocidos, dispararon contra la camioneta de placas BBZ-824 cuando el parlamentario se movilizaba por el barrio Mandalay, en Bogotá. El suyo fue otro crimen más dentro del genocidio del que fue víctima el partido al que pertenecía.