Un debate ético y jurídico sobre las renuncias de Margarita Cabello en la justicia

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La exfuncionaria renunció a la Corte Suprema para llegar al Ministerio de Justicia y dimitió a esa cartera para aspirar a la Procuraduría, en donde tendría que vigilar la gestión del gobierno del que fue parte. No es la primera ni la única que salta de la Rama Judicial a la política o al litigio, una movida que algunos expertos cuestionan.

Este jueves 27 de agosto, el Senado se reúne para elegir a la próxima cabeza de la Procuraduría General de la Nación, en reemplazo de Fernando Carrillo, quien terminará su período en enero de 2021. Los candidatos son Margarita Cabello, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia y exministra de Justicia, cartera a la que renunció para emprender esta carrera; Wilson Ruiz, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, y Juan Carlos Cortés, quien fue hasta junio pasado el viceprocurador de Carrillo. La persona con mayor posibilidad de triunfo, dicen en los corrillos políticos, es Cabello, quien fue ternada por el presidente Iván Duque. Pero esa posibilidad, así como el hecho de haber sido postulada, tiene hoy sendos reparos.

¿Por qué? Cabello no finalizó su período de ocho años en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, de la que fue presidenta en 2016. Renunció el 19 mayo de 2019 cuando se le ofreció el Ministerio de Justicia, a nueve meses de terminar su período, que se vencía el 27 de febrero de 2020. Cabello ocupó la cartera de Justicia desde el 11 de junio de 2019 hasta el 18 de agosto de 2020. Cuatro días antes de su salida, el presidente Duque la ternó como aspirante a la Procuraduría. Esta sucesión de cargos plantea varios escenarios. ¿Usó la magistratura como trampolín político? ¿Terminará su período como procuradora si es elegida? ¿Ejercerá control sobre un gobierno del que se ha mostrado cercana?

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Aunque el caso de Cabello no puede plantearse como una “puerta giratoria” estrictamente hablando, sí plantea escenarios de inconveniencia, según expertos consultados por El Espectador. Primero, porque no finalizó su período en el alto tribunal, a pesar de que la magistratura es considerada en la Rama Judicial un altísimo honor que, además, está diseñada para que en el período de ocho años haya un espacio de construcción de jurisprudencia. A esto se suma que, como magistrada, el presidente Duque la ternó en 2018 para ser fiscal ad hoc en el caso Odebrecht, postulación que aceptó y a la que luego renunció. Cabello ha transitado de la Rama Judicial al Ejecutivo y ahora aspira a ser la cabeza de un órgano de control que vigila, entre otros, al propio Gobierno.

“Si como ministra de Justicia ha trabajado de subalterna del presidente el último año, le será muy difícil ejercer un control estricto a las políticas del Ejecutivo. No existe una prohibición expresa para ello, pero nuevamente a la ciudadanía le genera muy poca confianza sobre la forma como vaya a ejercer la función disciplinaria”, apuntó una fuente consultada, estudiosa de la Rama Judicial y las altas cortes. Cabello acaba de salir de un cargo en el que se crean y gestionan políticas públicas, que serán objeto de su examen si llega a ser elegida procuradora. “El ratón cuidando del queso”, dijo a este diario otra fuente.

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Un ejemplo: fue Margarita Cabello quien creó la política de atención a los reclusos del país durante la pandemia de COVID-19, tema al que el procurador Carillo le ha puesto la lupa por las graves condiciones en las que viven los presos en Colombia. Y ahora tendría a su cargo el control preventivo y disciplinario sobre ello. ¿Cuál es el problema de fondo entonces? Saltar de cargo en cargo afectando el equilibrio de poderes. El Espectador habló con varios expertos que enfatizaron en que, en estricto sentido jurídico, no hay inhabilidad que le impidiera a Cabello aceptar cargos públicos ofrecidos por el Gobierno como magistrada saliente pues esa prohibición es expresa, y por un año, solo para quienes salgan de la Corte Constitucional.

Y en el caso de Cabello hay otros elementos que salen a relucir en este momento. Por ejemplo, en marzo de 2020, el magistrado de la Corte Suprema, Gerardo Botero, le dijo a este diario de “los apetitos de poder” de Cabello y anticipaba el interés que tendría la jurista barranquillera en llegar a la Procuraduría. Por eso, sugiere una reforma para que se prohíba a los magistrados llegar al Ejecutivo para evitar el uso de la magistratura como un trampolín político. Fuentes consultadas al interior de la Corte ven, hoy, de dos maneras la postulación de Cabello a la Procuraduría. Por un lado, se cuestionó que su nombre saliera a relucir de boca del expresidente y exsenador Álvaro Uribe en una entrevista que le hizo Semana sobre el caso que lo tiene hoy detenido.

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Allí, el expresidente dijo que Cabello es declarante en una denuncia que interpuso en contra de los magistrados de la Corte Suprema que en su momento lo indagaron por presunta manipulación de testigos. “La actual ministra de Justicia tiene unos testimonios muy importantes. En mi denuncia contra el doctor (José Luis) Barceló yo cito a todos los testigos. Por ejemplo, el doctor Luis Hernández dijo en Sala Plena “tenemos agarrado a Uribe””, dijo el expresidente, sin entrar a a dar más detalles. Para una persona consultada en la Corte, con la entrevista, “se corrobora con suficiencia que ella (Margarita Cabello) ha estado y aún está al servicio de intereses políticos. Yo diría que teníamos una magistrada infiltrada en la corte con otros intereses diferentes a la función misional de un juez, que es administrar justicia”.

En la Corte también reseñaron el hecho de que Cabello fue ternada a la Fiscalía por el entonces presidente Álvaro Uribe en 2009, junto con Marco Antonio Velilla y Camilo Ospina, luego que Virginia Uribe renunciara a esa postulación. Para otra persona consultada, esa postulación -que se hizo cuatro años antes de que Cabello llegara a la Corte Suprema- deja en evidencia que ella ya tenía relaciones políticas con un sector determinado, lo que rompería la creencia de que su magistratura fue un trampolín político. “Es bueno para el país que un exmagistrado respetable pueda ocupar otros cargos de responsabilidad en el Estado. ¿Por qué perder esa experiencia y preferir a políticos de carrera?”, dijo a este diario una fuente del alto tribunal.

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A estas circunstancias se suman las dudas que dejan los magistrados cuando no terminan los períodos para los que fueron elegidos, qué hacen después de ello y qué inhabilidades existen o deberían plantearse para estos altos funcionarios una vez culmine su paso por las altas cortes (prematuramente o no). El debate trae a la luz un caso reciente: la renuncia a la Corte Constitucional de Carlos Bernal luego de apenas tres años y medio de período. Bernal se fue con una universidad de Estados Unidos y está evaluando aceptar la oferta que le hizo EPM para rendir un concepto en un billonario pleito por Hidroituango, apenas semanas después de su salida. Él alega que no está impedido para hacerlo, porque la inhabilidad reposa en litigar ante la corporación a la que perteneció.

Esa postura de Bernal ha sido ampliamente criticada porque, en un artículo publicado en 2015, él mismo señaló que un “exmagistrado litigante no es un abogado común”. Una fuente que conoce de fondo las cortes expresó: “¿Para qué usó el cargo, para volverse un abogado cotizado y tener renombre? Eso está mal y afecta a la magistratura en sí misma”. Bernal, en su defensa, dijo que nadie está obligado a servir más allá de lo que quiere y lo que puede. María Adelaida Ceballos, coautora con Mauricio García Villegas de un libro sobre la profesión jurídica en Colombia, calificó como positivo el disgusto y el escrutinio que ha generado la renuncia de Bernal. Lo interpreta como un cambio de la ciudadanía de escrutinar a sus jueces, sus intereses y sus actuaciones.

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Un exintegrante de las altas cortes aseguró, por ejemplo, que cuando sí se termina el período y se deja pasar el tiempo de inhabilidad o incluso más para luego aceptar otros trabajos o llegar a la política, como lo hizo Carlos Gaviria, no hay inconveniente. Pero el escenario cambia cuando no se ha terminado el período, ya que se genera inestabilidad en la corte correspondiente. “Cuando una corte es sometida a un proceso electoral como pasa ahorita, la expone. Los períodos de ocho años implican que una persona cumple un compromiso y eso es bueno para la estabilidad de la jurisprudencia y para preservar a la Corte fuera de las controversias que se generan cada vez que hay una elección”, dijo la fuente.

Y, entonces, queda la duda de si la magistratura se usó o no como trampolín, con intereses personales. O si acaso se considera que no es tan importante. El exministro de Justicia Yesid Reyes, quien ha ejercido como conjuez de la Corte Suprema y asesor del proceso de paz, dice que los “cargos en las altas cortes deben asumirse con la responsabilidad de terminar el período. Es la más alta dignidad en la administración de justicia, es la cima de una carrera profesional y es un cargo que se debe tomar con toda la seriedad posible”. Pero la realidad indica que, o bien los magistrados terminan en algunos casos con anticipación su período o, al terminar, deben pasar al litigio para seguir ganándose la vida.

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Y ejemplos de exmagistrados litigantes hay muchos. Enrique Gil Botero fue consejero de Estado, luego ministro de Justicia y ahora litiga en casos en defensa del Estado. Ricardo Calvete creó una firma de abogados tras su salida de la Sala Penal de la Corte Suprema. Jorge Aníbal Gómez Gallego fue magistrado de la Corte Suprema y siete años después de su salida defendió al exministro Andrés Felipe Arias ante ese alto tribunal. Incluso hay casos en que la frontera se hizo difusa, como el de Rodrigo Escobar Gil, quien terminó su periodo en la Corte Constitucional en 2009 y fue condenado en 2018 por haber usado precisamente su rol de exmagistrado para favorecer a Fidupetrol en el mismo trámite de tutela que tiene condenado al exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt.

¿Cómo resolver este dilema? Para los expertos consultados por este diario la solución puede ser construir un régimen de inhabilidades para los magistrados salientes, tanto para llegar al sector público como para litigar que sea de al menos cuatro años. En otros países las magistraturas tienen un escrutinio público importante, porque son vitalicias y en otros existe una especie de pensión vitalicia. A esto se suma que siempre habrá la posibilidad que cada uno determine, en su fuero interno, hasta cuándo posterga aceptar un cargo público por ejemplo luego de salir de las cortes. Otra posibilidad consiste en aumentar el requisito de edad para llegar a las cortes.

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“Sobre el ejercicio profesional, estoy en contra de que se llegue a altas cortes o a altos cargos del Estado incluso como una forma para pasar después al litigio profesional, con las perspectivas de unos buenos réditos desde el punto de vista de conseguir mejores clientes y probablemente mejores honorarios. Debería haber condiciones que le permitan llegar a la gente a las altas cortes al final de su vida profesional para evitar que de ahí salgan a ejercer la profesión y, para el caso de quienes quisieran cambiar de cargo, debería haber una inhabilidad relativamente prolongada que permitiera cortar la sucesión de cargos que caracterizan la puerta giratoria”, propuso Yesid Reyes.

De hecho, el último borrador de la reforma a la justicia que venía preparando Margarita Cabello como ministra, en diálogo con las cortes, propone que la edad mínima para que alguien se posesione como magistrado o magistrada sea de 50 años, con mínimo 25 de experiencia afín en la Rama, en el Ministerio Público, la academia o la profesión. ¿Qué pasará con esa iniciativa?

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