Un dolor ignorado

La falta de apoyo ha magnificado la tragedia de la mamá de Sandra Catalina Vásquez.

Una carta de condolencia de parte de la Policía Nacional y otra enviada por la Presidencia. Eso es todo lo que Sandra Guzmán, la madre de Sandra Catalina Vásquez Guzmán, ha recibido por parte del Gobierno y de la institución desde el 28 de febrero de 1993, día en que su hija fue violada y asesinada en una estación de Policía. Con estos dos papeles que todavía guarda, Sandra resume su historia en una dolorosa pregunta: “¿Acaso el único que sufrió fue él?”. Se refiere a su exesposo, el exagente Pedro Gustavo Vásquez, a quien el pasado 10 de abril, en ceremonia pública, la Policía le pidió perdón.

Han pasado 19 años desde que Sandra, de entonces 27 años, y Sandra Catalina, de 9, llegaron a la estación de Policía del barrio Germania, en Bogotá, en busca del padre de la menor. Esa fatídica tarde, la niña entró al lugar sin su madre porque le pareció reconocer a su papá entre los uniformados. La mujer mientras tanto esperó afuera, pero como con el paso de los minutos su pequeña no salía, decidió entrar. La buscó por todos lados para encontrar en el tercer piso del edificio la pesadilla que más teme cualquier padre: su hija agonizaba en uno de los baños. Había sido violada y en su cuello se encontraba el cordón con el que había sido asfixiada.

Luego del infame asesinato, queriendo sanar heridas, quiso estudiar. Alcanzó a hacer ocho semestres de ingeniería industrial en la Universidad Agraria de Colombia, pero su apretada situación económica no le permitió terminar la carrera. Decidió entonces buscar trabajo, pero años después del crimen y debido al excesivo cubrimiento mediático que éste recibió, a Sandra la reconocían en todas partes. Una de las empresas a las que envío su hoja de vida le contestó que no la contrataban porque no creían que tuviera la estabilidad emocional para desempeñarse “debidamente”.

Alguna vez quiso encarar al hombre que la justicia halló culpable del atroz crimen: el agente Diego Fernando Valencia Blandón. El uniformado, tras admitir su responsabilidad en el escabroso ataque, recibió una condena de 45 años de prisión, de los cuales pagó sólo diez en el Centro de Reclusión para la Policía Nacional, que está ubicado en Facatativá (Cundinamarca). De haber agredido a la pequeña Sandra Catalina en estos tiempos, habría podido recibir hasta 60 años de cárcel sin derecho a beneficio penal alguno. El haber perdido a su hija de una manera tan vil hizo que en sus siguientes embarazos, Sandra le rogara a Dios por varones. Para su tranquilidad tuvo dos niños.

“Estos 19 años han sido sólo dolor. Ese vacío le queda a uno ahí, es una herida abierta que nunca se va a cerrar. Uno todos los días se pregunta: ¿la niña ya estaría casada? ¿Qué le habría gustado estudiar? ¿Cómo se vestiría?”, expresa doña Blanca Aranda, la madre de Sandra. Días antes de que a Pedro Vásquez le pidiera perdón el general Édgar Vale —hoy subdirector— en nombre de la Policía, tanto Blanca como su hija se negaron a asistir a esa ceremonia. “El perdón debería haber sido pedido por los que estaban en esa época, como el general (r) Rosso José Serrano”, reclama Sandra. “No nos vamos a prestar para esa sinvergüencería de la Policía de pedir borrón y cuenta nueva”, asevera doña Blanca.

Los primeros años después de la muerte de su nena, Sandra y su familia se rehusaron a considerar que el Estado debía indemnizarlos. De haberlo sabido en ese momento, aseguran, tampoco habrían cobrado ningún dinero por cuenta de este episodio que se les hace insuperable. “Nos parecía un sacrilegio cobrar plata por la muerte de la niña. Era como si hubiéramos querido que la mataran para enriquecernos”, manifiesta entre lágrimas doña Blanca. Pero Pedro Gustavo Vásquez, además del perdón público, sí exigió indemnización y por causa doble: la errónea acusación de ser el agresor de su hija y el homicidio de ésta. Recibió cerca de $500 millones.

En medio de grandes necesidades económicas Sandra quiso hacer lo mismo, pero cuando instauró la demanda ante el Consejo de Estado le dijeron que se habían vencido los términos. Esa negativa la llevó a recurrir a una tutela hace dos meses, de la que sigue esperando respuesta. Quiere que el Estado le diga que lo ocurrido fue la más grande de las injusticias y que su dolor pesa por igual. “Quiero aclarar que ni mi familia ni yo hemos recibido un solo peso, nuestra única ayuda ha sido Dios. Es que hasta el señor de los aguacates pregunta que qué vamos a hacer con toda esa plata”, dice Sandra mientras insiste: “El crimen de mi hija sigue impune”.

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