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El capítulo judicial que ilustra el esquema económico que estructuró el paramilitarismo para expandir su imperio territorial basándose en el despojo de tierras acaba de llegar a un punto culminante. El Tribunal de Justicia y Paz de Bucaramanga, en respuesta a una solicitud de la Fiscalía, autorizó el embargo y la suspensión del poder dispositivo de casi ocho millones de acciones del Fondo Ganadero de Córdoba —hoy en la fase final de su liquidación, según la Superintendencia de Sociedades— para fortalecer el Fondo de Reparación de Víctimas y restaurar derechos de la comunidad de Las Tulapas en Urabá.
Desde febrero de este año, el Fondo de Reparación de Víctimas empezó a recibir el traspaso de acciones del Fondo Ganadero de Córdoba. Fue un ciclo paradójico de la guerra: los hermanos Castaño Gil se enriquecieron despojando a la población del Urabá, especialmente en Las Tulapas, y casi 30 años después el Estado tratará de resarcir a la población afectada por los paramilitares con los paquetes accionarios en el Fondo Ganadero de Córdoba de Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil, creadores de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, así como de sus hermanos Eufracio, Héctor y Rumalda. (Vea aquí una galería de imágenes inéditas del despojo que sufrieron los campesinos de Las Tulapas)
Una decisión clave en la brega de la justicia contra la paraeconomía que, en momentos en que está previsto el Tribunal Especial para la Paz, acordado en los diálogos de La Habana, y en la Fiscalía se estructura la Unidad para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, constituye un paradigma sobre lo que puede hacerse. El caso que devela en detalle la forma como desde principios de los años 90, la casa Castaño constituyó un bien estructurado plan para controlar una zona de Urabá y convertirla en eje de su poder militar.
La historia tiene sus orígenes en el proyecto de Fidel Castaño, quien después de ordenar masacres en Córdoba, el nordeste antioqueño y Urabá a finales de los años 80, para golpear zonas de influencia de la Unión Patriótica, empezó a comprar tierras para imponer su noción de paz. A finales de 1990, tras un inusual proceso de entrega de armas y desmovilización de combatientes, Castaño promovió una inusual reforma agraria para reinsertados de su resorte. Al tiempo, creó en Montería la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor).
A instancias de Fidel Castaño, Funpazcor se transformó en el cimiento del edificio económico del paramilitarismo, como lo pudo establecer en 1998 el director de Fiscalías de Antioquia, Iván Velásquez —el mismo investigador de la parapolítica en la Corte Suprema a partir de 2006—, tras el allanamiento al llamado parqueadero Padilla en Medellín. En ese momento se dijo que se había encontrado toda la contabilidad de las autodefensas y que Funpazcor obraba como una central de información de la organización ilegal.
Más de una década
Sin embargo, en breve, la pesquisa de la Fiscalía quedó inactiva y la mayoría de investigadores que participaron en la acción judicial fueron asesinados. Tuvo que transcurrir más de una década para que se develara el alcance del proyecto. Fue posible cuando dos mujeres fiscales de la Dirección de Análisis y Contexto lograron rastrear el eslabón perdido de la maquinación, el ganadero y político cordobés Benito Osorio Villadiego, y luego desentrañaron el proceder de algunos directivos del Fondo Ganadero de Córdoba.
Aunque Osorio Villadiego había declarado por primera vez ante la justicia en 2007 y negado cualquier procedimiento ilegal, en 2010 fue vinculado a una investigación por concierto para delinquir y lavado de activos, y en 2012, luego de diez jornadas de indagatoria, terminó confesando sus delitos para beneficiarse con la sentencia anticipada. Sus declaraciones ratificaron que a partir de 1997, cuando entró a oficiar como gerente del Fondo, gestionó la compra de más de 100 predios de manera coordinada con el paramilitarismo. Sus acciones también van para las víctimas.
Benito Osorio, exconcejal de Cereté (Córdoba) desde 1990 hasta 1994 y exsecretario de Gobierno del departamento entre 1995 y 1997, cuando asumió la gerencia del Fondo Ganadero de Córdoba fue pieza clave del engranaje para la compra irregular y la legalización de tierras en la región de Las Tulapas, en Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá, a través de una bien orquestada organización que tuvo una ejecutora fundamental: Sor Teresa Gómez Álvarez, cuñada de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil.
Natural de Amalfi (Antioquia), Sor Teresa Gómez enviudó de Ramiro Castaño en 1984, se volvió a casar en 1991 y luego entró a trabajar con sus excuñados en el montaje del fortín económico. Tras su captura en 2013, admitió que Vicente Castaño la llamó hacia 1997 para decirle que el Fondo Ganadero de Córdoba estaba interesado en comprar tierras, que ayudara en la empresa. Entonces, con el apoyo de sus calanchines, Marco Fidel Furnieles y Guido Vargas, empezó a intimidar campesinos para quedarse con sus tierras.
La foto que hoy publica este diario es la prueba reina de cómo se dio el despojo en Las Tulapas: después de ubicar los predios estratégicos en la región, varios propietarios fueron forzados a vender a precios irrisorios, con paso obligado por la sede de Funpazcor en Montería para firmar documentos, otorgando poder a Sor Teresa Gómez para negociar sus tierras al Fondo Ganadero de Córdoba. En los casos en los que se detectaron líos de titulación, se buscó la colaboración técnica de María Inés Cadavid, jefa jurídica de adjudicación de baldíos del Incora en Antioquia, pagada para ayudar en la tarea.
Asimismo se contó con la asistencia de dos notarios de la región para formalizar los negocios. Aunque la mayoría de compras se ejecutó bajo presión, ninguna autoridad cuestionó lo que pasaba. Por el contrario, el despojo se concretó, los bienes fueron escriturados a nombre de testaferros y el Fondo Ganadero de Córdoba aportó su experiencia para asesorar y cerrar las transacciones. Los campesinos tuvieron que abandonar la región y por muchos años Las Tulapas fue una retaguardia territorial del paramilitarismo.
En febrero de 2015, la investigación de la Fiscalía llevó a juicio a varios miembros del Fondo Ganadero de Córdoba, a dos notarios, a los dos sujetos que presionaros a los campesinos y a la funcionaria del Incora. Benito Osorio fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de destrucción y apropiación de bienes protegidos, deportación, expulsión, traslado y desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, testaferrato y concierto para delinquir. Su pena pudo ser mayor, pero la compensó su confesión.
A su vez, Sor Teresa Gómez fue condenada a 12 años de prisión por múltiples delitos. Tiene otra sentencia a 40 años por su participación en el asesinato de Yolanda Izquierdo, en Montería, en enero de 2007. Izquierdo lideró a las víctimas e intentó recobrar para los campesinos aquello que habían perdido en el despojo de los años 90. Sor Teresa Gómez creó en julio de 2001 la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba), que utilizó para la titulación fraudulenta de predios, afectando a comunidades afrodescendientes.
Activos para reparar
Con estas verdades y un mínimo de justicia a bordo, sólo faltaba que la reparación cerrara el ciclo. Este momento empezó a configurarse hace algunas semanas, cuando la Fiscalía planteó la solicitud de embargo y suspensión del poder dispositivo de casi ocho millones de acciones del Fondo Ganadero de Córdoba para que se conviertan en un aporte eficaz al Fondo de Reparación de Víctimas. En esta ocasión, la Fiscalía defendió los intereses de diez personas naturales y tres jurídicas a quienes les arrebataron sus tierras.
Hoy, el Fondo Ganadero de Córdoba está en proceso de liquidación y sus activos han sido calculados en más de $12.000 millones. Aunque la gestión adelantada por el Estado debe priorizar el pago de las acreencias laborales y la cancelación de obligaciones económicas con proveedores, el propósito de la justicia es que al menos el 13 % de los dineros que manejó la entidad (unos $1.560 millones) se utilicen para reparar a las víctimas. Nada diferente a lo que la sociedad reclama para otros damnificados de la guerra cuando entre a operar el Tribunal de Paz.