Un gran reto que se viene para la Fiscalía

La Fiscalía ya estableció quiénes conformarán la unidad con la que se combatirán a los grupos armados organizados. Son 250 investigadores y 100 fiscales.

En La Habana hay temor por nuevos grupos paramilitares. / Archivo.

Con lo anunciado en La Habana este pasado jueves quedó claro, una vez más, que la justicia es una de las bases fundacionales en ese edificio de nombre “paz” que está tratando de construirse en Colombia. Quedó claro, sobre todo, que el desmantelamiento de aquellas organizaciones consideradas como sucesoras del paramilitarismo, es clave. Y que para lograrlo en la Fiscalía crearán una unidad especial de investigación que, anunció el mismo jueves el fiscal (e) Jorge Perdomo, ya tiene a 100 fiscales y 250 investigadores asignados para el momento en que la dependencia sea una realidad. Es decir, cuando sea firmado el Acuerdo Final.Estas unidades no son nuevas para la Fiscalía.

El organismo investigativo lleva ya varios años combatiendo a estos grupos armados (léase clan Úsuga, Bloque Meta, Libertadores del Vichada). Según sus cifras, organizaciones que operan en el Urabá, entre las cuales se incluyen por ejemplo las Autodefensas Gaitanistas –fundadas por alias Don Mario, exjefe paramilitar-, recibieron 2.920 golpes: arrestos, incautaciones, bienes sometidos a extinción de dominio. En el último año, tal como contó este Diario en la edición del pasado lunes, la Fiscalía ha intervenido propiedades del crimen organizado avaluadas en más de $8 billones. Una suma sin antecedentes.

Si la lucha contra estas organizaciones ya es una realidad, ¿por qué en La Habana decidieron crear una unidad especial? ¿Qué retos hay irresueltos? “Lo fundamental es que el Gobierno entienda que el crimen también es una empresa con capacidad de innovación y adaptación. Hay que adelantarse en las políticas públicas al accionar de estos grupos”, manifestó el sociólogo e investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica Teófilo Vásquez. “El Gobierno se ha enfrascado en la discusión de si son o no un actor político. Más allá de la denominación jurídica, lo importante es que vienen ejerciendo actividades del control social y territorial. Luego, son un grupo armado que hay que tener en cuenta”, agregó Vásquez.

“Es fundamental fortalecer las políticas anticorrupción, ellos tienen infiltradas las estructuras locales. Es clave hacer estrategias locales, donde se tienen que fortalecer los mensajes de la desvinculación clara entre lo político, las armas y lo económico”, explicó por su parte Kyle Johnson, analista en Colombia para el International Crisis Group. “Hay que despolitizar el debate, hay que hacer un esfuerzo clave para entender realmente a qué nos estamos enfrentando. Ha habido muy pocos esfuerzos en ese sentido. La Fiscalía tiene que ser muy transparente en el análisis, sus soluciones no pueden ser políticas”.