"Es un peligro para la sociedad"

Defensor del suspendido alcalde aseguró que sí hay un cartel, pero de la difamación, y que existe un montaje que pretende desprestigiar a su cliente. El viernes próximo juez de garantías tomará su decisión sobre libertad o cárcel.

Como un “peligro para la sociedad” calificó el fiscal Ricardo González al suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas. Lo hizo para justificar su petición de que la justicia asegure y envíe a la cárcel al burgomaestre, señalado por su presunta participación en el escándalo del carrusel de la contratación en el Distrito e imputado por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, concusión e interés indebido en la celebración de contratos. Además, aseguró que es culpa del mandatario el caos que vive la ciudad y agregó que de no decretarse la medida de aseguramiento “se dejaría un sabor amargo a la ciudadanía y un ambiente de injusticia que podría motivar a otros a actuar como él lo hizo”.


El tono calmado y mesurado, que caracterizó la exposición de González durante la audiencia de imputación y formulación de cargos del pasado lunes, quedó en el olvido. El representante del ente acusador arremetió contra Moreno Rojas de quien, aseguró, “no ahorró esfuerzos para defraudar a la ciudad”. “Los bogotanos esperaron rectitud y honradez por parte de Samuel y esa esperanza se vio frustrada”, agregó González con vehemencia.


Estos no fueron los únicos argumentos del fiscal para justificar su solicitud de que Samuel Moreno deba ir a la cárcel. El representante del ente acusador se refirió a la posibilidad de que el suspendido alcalde obstruya la investigación y no comparezca ante la justicia. “Si fue necesario amenazar a Moreno para que viniera a esta audiencia, quién nos asegura que el alcalde asistirá a lo que queda del proceso”, se preguntó González, quien, además, denunció maniobras dilatorias por parte del burgomaestre. Por último, recordó que Moreno Rojas es “ciudadano estadounidense y podría aprovecharse de esto para irse del país y dejar de comparecer”.


El representante del ente acusador no se quedó solo en las palabras y presentó alrededor de 15 pruebas, entre informes contables y revisión de contratos que probarían la concentración de negocios en favor de Emilio Tapia y Julio Gómez. Además, presentó artículos periodísticos para sustentar sus afirmaciones. Su presentación concluyó con una frase lapidaria: “Los delitos de cuello blanco también son un peligro para la sociedad, son, incluso, peores que los comunes”.


La respuesta de la defensa fue enérgica. El apoderado de Samuel Moreno, abogado Mauricio Alarcón, no escatimó palabra alguna para presentar la que, parece ser, su teoría del caso: que los señalamientos contra el suspendido alcalde son un montaje orquestado por los Nule. “Sí hubo un carrusel, pero de la difamación”, aseguró Alarcón, quien desestimó los testimonios del contratista Miguel Nule y del exdirector Jurídico del IDU Inocencio Meléndez. Ambos habían asegurado que Moreno Rojas sí se benefició de las actividades delictivas del carrusel de la contratación y que, incluso, era él el “director de la orquesta”.


En el caso de Miguel Nule, Alarcón aseguró que éste estaría detrás del montaje del que habrían participado otros tantos personajes. Para comprobarlo, Alarcón mostró un video en el que el controvertido contratista le dice a un interlocutor desconocido que “nuestro mejor aliado es el procurador”. Respecto a Meléndez, el apoderado de Samuel Moreno afirmó que es un “testigo de oídas y no le consta lo que dice”.


Pero el abogado fue más allá. Uno a uno trató de desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía. Primero aseguró que “los registros de salidas y de ingresos de los Nule dicen que ellos salieron el 17 de julio de 2008 de Colombia. La Fiscalía, contrariamente, asegura que ellos se reunieron a concertar acuerdos entre el 15 y el 25 de julio de 2008”.


Luego se enfocó en la teoría de la Fiscalía de que Moreno Rojas favoreció a los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia como contraprestación al apoyo que éstos le dieron a su campaña. Para desvirtuar este punto tomó los informes financieros de la campaña de Samuel Moreno Rojas a la Alcaldía de Bogotá y afirmó que “aquí está la declaración de gastos de campaña y no aparecen las personas que dice la Fiscalía que dieron su apoyo y a cambio recibieron contratos”.


Por último, rechazó varias de las pruebas de la Fiscalía, entre ellas, artículos periodísticos que, consideró, no pueden ser tenidos en cuenta como material probatorio, al tiempo que lamentó que el ente acusador haya presentado informes y declaraciones incompletas como evidencias contra su cliente. Alarcón consideró que esto atentaba contra la debida lealtad procesal que debe haber entre las partes.


Después de 12 horas, el juez 28 de garantías levantó la audiencia a las 7:30 p.m. de ayer y anunció que la reanudará el viernes próximo cuando definirá si acoge o no las peticiones de la Fiscalía y la Procuraduría, de enviar a prisión a Samuel Moreno, debido a la gravedad de los tres delitos que se le imputan. Para la Fiscalía no existen dudas de que Moreno “era el director de la orquesta” del llamado carrusel. En la otra orilla Moreno se reivindica como un hombre inocente al que le quieren hacer un montaje.


Samuel y los Nule, a metros


A pocos metros de distancia de la sala donde se realizó la segunda parte de la audiencia de formulación e imputación de cargos contra el suspendido alcalde Samuel Moreno Rojas, estaban Manuel, Miguel y Guido Nule, así como Mauricio Galofre, los controvertidos contratistas que fueron acusados por la Fiscalía por su presunta participación en el escándalo del carrusel de la contratación. La audiencia fue aplazada.