¿Un perdón de papel?

Víctimas cuestionan las gestiones de la Fuerza Pública para pedir perdón y construir monumentos conmemorativos por cuenta de graves violaciones a los DD.HH.

Entre 1990 y 2014, el Consejo de Estado ha proferido 160 providencias que dan cuenta de la responsabilidad estatal en la comisión de graves violaciones a los DD.HH. Gustavo Torrijos - El Espectador

El 9 de febrero de 2005, soldados del Batallón de Artillería N° 2 La Popa sacaron de su vivienda a Nohemí Pacheco, una indígena wiwa de 14 años, la asesinaron y la presentaron como guerrillera muerta en combate. Cinco años después, un juzgado de Valledupar condenó a cuatro militares por la ejecución de ese crimen y le ordenó al Ejército pedirles disculpas públicas a los familiares de Nohemí, como una medida de reparación simbólica. En cumplimiento del fallo, el batallón fijó la ceremonia para el 15 de junio de 2012, dentro de las instalaciones militares. Pero la familia y la comunidad wiwa se negaron a asistir, alegando que no les habían consultado ninguno de los detalles del acto de perdón. Por eso interpusieron una tutela pidiendo que se les ampararan los derechos a la dignidad, la consulta previa y la reparación integral.

Pero el Tribunal Superior del César negó la demanda y el 11 de septiembre de 2013 el teniente coronel Wber Orlando Pulido, comandante del batallón, le envió un oficio a la abogada de la familia en la que constaba: “Este comando ha dispuesto el día 25 de septiembre a las 10 horas como fecha para llevar a cabo el acto simbólico (...) Se le advierte que su realización no depende de su asistencia, ni la de los invitados, razón por la cual se llevará a cabo con las personas que asistan o sin ellas”. Teniendo en cuenta los términos de la citación, los indígenas no acudieron y el Ejército le pidió perdón a un cuarto vacío. Así, la orden del juzgado, que pretendía redignificar a las víctimas, se redujo a un mero formalismo.

Inconforme también quedó la familia de Jesús Daniel Gil, asesinado por paramilitares en Barrancabermeja el 28 de febrero de 1999. En sentencia del 26 de octubre de 2012, el Tribunal Administrativo de Santander determinó que el Ejército había tenido responsabilidad en esos hechos y le ordenó pedir disculpas públicas. En virtud de esa decisión, la institución concertó con la familia de Jesús Daniel la logística del acto, que se fijó para el 25 de mayo de 2013 en la plazoleta de la Alcaldía. Una solicitud especial hicieron los familiares: que en la ceremonia predominara el color blanco, incluyendo las carpas que cubrirían la tarima, porque “Daniel siempre se vestía de ese color”.

No obstante la familia entera se vistió de blanco, el Ejército cubrió el escenario con tela de camuflado. Por eso, y porque en el discurso que leyó el comandante de la Quita Brigada no se reconoció explícitamente la responsabilidad de los militares, una de las hijas de Jesús Daniel declaró que “aunque este acto es gratificante, lamentamos no poder decir que es plenamente satisfactorio por no surgir de la voluntad o del corazón, sino de una orden judicial”. Teniendo en cuenta esos y otros casos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que representa judicialmente a varias de las víctimas, elaboró un protocolo. En ese documento, los juristas proponen que, para que la medida sea efectiva, las Fuerzas Militares deberían concertar con los afectados el lugar de realización del acto, valorando las peticiones de etnias y comunidades.

Además, sugieren que se convenga la convocatoria a medios de comunicación y todos los pormenores del protocolo, como el orden del día, los intervinientes y si se realizan o no ceremonias religiosas, entre otros factores. Similar situación ocurre con monumentos, placas y otras medidas restitutivas de la memoria. Mientras la elaboración de algunas de ellas se ha retrasado, otro tanto ni siquiera ha sido instalado. Tal es el caso de la masacre de Pueblo Bello (1990), en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en 2006 a indemnizar a las víctimas y a construir “un monumento apropiado y digno para recordar los hechos”, en los que se comprobó la participación de agentes estatales. Aunque la Corte estipuló un plazo de un año para la instalación del monumento, éste aún no existe.

También en virtud de una sentencia de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la plaza de Bolívar de Bogotá debería exhibirse “un momento conmemorativo de la toma del Palacio de Justicia en el que aparezcan los nombres de las personas desaparecidas” en el holocausto, ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985. El Ministerio de Defensa, condenado por la desaparición de Gloria Anzola, aún no ha iniciado la construcción. Fuentes del Ejército le dijeron a este diario que “la institución tiene en cuenta las peticiones de la parte demandante (las víctimas) siempre y cuando hagan parte del fallo” y que, respecto de los monumentos, “debe seguir el procedimiento legal para la asignación del presupuesto y el correspondiente proceso de contratación, verificando que lo ordenado se ajuste a la ley”. Es decir, que se atiene exclusivamente a lo contemplado en las sentencias, “procediendo de manera inmediata a darles cumplimiento dentro de los términos y normas legales”.

Por lo pronto, en los despachos se siguen acumulando los expedientes. En un informe publicado en febrero, el Consejo de Estado dejó constancia de que “el conflicto armado que afronta el país ha generado que las demandas contra el Estado en materia de responsabilidad extracontractual sean de un 80% del total de procesos a nivel nacional”. Además, que un porcentaje significativo de las 160 decisiones que ha tomado ese alto tribunal sobre ese tema —entre 1990 y 2014— incluye órdenes para que distintas instituciones realicen actos públicos de perdón y ejecuten acciones de reparación y reconstrucción de la memoria histórica. Las víctimas de las Fuerzas Armadas, por su parte, piden que esas decisiones no se queden en el papel y que contribuyan, efectivamente, a redignificar el nombre de sus familiares.

 

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