Un perdón por el desfalco a Bogotá

“Pido perdón, perdón y perdón. Por no haber ejercido el control público. Por no haber hecho mi labor”, fueron la palabras del expersonero de Bogotá Francisco Rojas Birry, quien aceptó cargos por su responsabilidad dentro del cartel de la contratación.

Francisco Rojas Birry, expersonero de Bogotá. / David Campuzano - El Espectador

En palabras de la Fiscalía, Rojas Birry habría recibido un pago de $500 millones para no ejercer sus funciones de control y vigilancia sobre el contrato de ambulancias —firmado en 2009 y que tenía un valor de $67.000 millones— y las licitaciones para la construcción de la Fase III de Transmilenio.

El expersonero de Bogotá se allanó a cargos por el delito de cohecho que le imputó la Fiscalía ayer. Según el ente investigador, Rojas Birry recibió dos pagos por su silencio. El primero fue de $350 millones y el segundo de $150 millones. Este dinero lo habría recibido de parte del exsecretario de Salud Héctor Zambrano —quien también aceptó cargos y es uno de los testigos de la Fiscalía— y del contratista Julio Gómez, con quienes se habría reunido en su apartamento para evitar ser vistos en espacios públicos. Cabe recordar que el propio Zambrano aseguró que la plata de las mordidas de los contratos la guardaba en efectivo y en maletines escondidos en su oficina.

Tras la aceptación de cargos, Rojas Birry recibirá un 50% de rebaja en su condena. Es tal el arsenal de pruebas que tiene la Fiscalía contra el expersonero distrital, que no le quedó escapatoria. Declaraciones de Emilio Tapia, Gómez, Zambrano y del exconcejal de Bogotá Hipólito Moreno —quien ya está sentenciado a siete años de prisión domiciliaria—, hacen parte del material probatorio. Sin embargo, la jueza 37 de garantías no le dictó medida de aseguramiento, al argumentar que Rojas Birry no era un peligro para la sociedad y no podía obstruir a la administración de justicia. Asimismo, tuvo en cuenta su acto de perdón.

Cabe recordar que el expersonero está purgando una condena de ocho años de prisión por haber recibido $200 millones de la captadora ilegal de dinero DMG. Y es que en 2012, un juez lo responsabilizó por el delito de enriquecimiento ilícito, después de que el fundador de la pirámide, David Murcia Guzmán, y su socio, William Suárez, señalaran que le habían dado a Rojas Birry esta suma de dinero para financiar su campaña política para llegar a la Personería Distrital. Con este expediente, ya es el segundo caso de corrupción en el que se ve envuelto el polémico líder indígena.