Fue absuelto, aunque inicialmente aceptó el delito

Un proceso kafkiano de violencia sexual

Un hombre procesado por abuso sexual fue absuelto por la Corte Suprema, con una tesis ampliamente criticada. Fue indemnizado, y al tiempo enfrenta otra acusación por violación.

El hombre procesado resultó siendo indemnizado por el Estado por el tiempo que duró detenido. / iStock

El pasado 26 de noviembre, El Espectador reveló un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre un caso de violencia sexual que causó roncha. La sentencia, proferida en 2009, fue hallada por este diario en medio de los rastreos al exmagistrado José Leonidas Bustos, uno de los principales sospechosos del llamado cartel de la toga. Bustos, precisamente, fue el ponente de este fallo en el que se absolvió a un sujeto identificado como Diego Alberto Parra Garzón, procesado por abuso sexual. La decisión provocó la indignación de colectivos de mujeres, expertos en violencia de género y juristas, pues sostenía que si una mujer no protestaba con suficiencia, peleaba, pataleaba, gritaba o huía —como en este caso—, el sexo con su “agresor” debía entenderse como consentido. Es decir, según el fallo, si una víctima no oponía resistencia no podía alegar que fue víctima. (En contexto: Controversia por un fallo sobre violencia sexual).

Una tesis que expertos consultados por este diario calificaron como “machista” y “vergonzosa”. Los hechos que dieron lugar al pronunciamiento de la Corte ocurrieron a las 3 de la madrugada del 18 de febrero de 2007. Ese día, después de una noche de rumba con amigos, Fernanda y Catalina* salieron de un bar en el barrio Restrepo, en el sur de Bogotá. Iban hacia la casa de Fernanda. Según las jóvenes, en su trayecto fueron arrinconadas por cinco desconocidos, uno de los cuales le tocó las nalgas dos veces a una de ellas. Ella, airadamente, le reclamó la agresión, pero los sujetos subieron el tono de las amenazas, las obligaron a cambiar de rumbo hasta hacerlas llegar al parque del barrio Olaya, las intimidaron, empujaron contra la pared y les robaron sus celulares y bolsos de mano. Cuatro de esos delincuentes huyeron. Sin embargo, uno se quedó. Ahí empezó su infierno. (Le puede interesar:Más de 800 mil mujeres fueron víctimas de violencia sexual en el conflicto armado).

De acuerdo con los relatos de las jóvenes, bajo la amenaza de que las chuzaría, el individuo forzó a Fernanda a bajarle el pantalón y a practicarle sexo oral en ese parque, al tiempo que tocaba los senos de Catalina. Luego le dijo a Fernanda que debía desnudarse, pero al final no pudo violarla. Catalina alcanzó a dar aviso a un hombre que caminaba por el lugar y pronto aparecieron varios taxistas que protegieron a las mujeres y retuvieron al señalado agresor. Este fue identificado como Diego Alberto Parra Garzón. Así fueron consignados los hechos en un expediente que parecía absolutamente claro. El 19 de febrero de 2007, es decir, un día después de los sucesos, un juez de garantías envío a prisión a Parra Garzón por los delitos de acceso carnal violento, en concurso con actos sexuales abusivos y hurto calificado.

Tres meses después, el 14 de mayo de 2007, fue acusado formalmente y el 23 de agosto, condenado a 150 meses de cárcel. El Tribunal de Bogotá confirmó el fallo. Las pruebas parecían contundentes. Pero el expediente llegó a la Corte Suprema y su estudio le correspondió al magistrado José Leonidas Bustos. Parra Garzón y su abogado alegaron que jamás se constató que éste tuviera un arma y que Fernanda no opuso resistencia al encuentro íntimo. “Una mujer que va a ser accedida carnalmente entra en llanto, angustia, rabia, desesperación y hace lo imposible para evitar que se consume tal hecho (…) Es absurdo sostener que no hubo consentimiento en el presente caso, si tenemos en cuenta que se trataba de dos jóvenes adultas, cuyas edades son de 18 y 20 años, que no se hallaban en condiciones de inferioridad frente al supuesto agresor”, señaló el litigante. El abogado fue más allá. Argumentó que la tesis del abuso resultaba inverosímil en tanto las mujeres accedieron a sus peticiones sin chistar y que jamás corrieron ni se defendieron. Además, aseguró que nunca las robó, que no hizo parte del grupo delincuencial, que, antes bien, se arrimó para ayudarlas a pasar ese momento difícil y que, simplemente, todo fluyó después, “pues las dos jóvenes se dejaron besar y tocar sin expresar oposición”Las pruebas, versiones y dictámenes médicos parecían confirmar que las mujeres habían sido abusadas por Diego Alberto Parra. No obstante, José Leonidas Bustos y cinco magistrados más lo absolvieron en un fallo proferido el 13 de mayo de 2009. Su tesis fundamental fue que abuso no hubo, ni víctimas, porque “las reglas de la experiencia” enseñan que una víctima de violencia sexual trata de defenderse siempre. ( Lea:“El señor Luis Gustavo Moreno es un vulgar mentiroso”: José Leonidas Bustos).

La sentencia divulgada por El Espectador inmediatamente provocó indignación nacional por los absurdos argumentos de alto contenido machista esgrimidos allí. Fuentes de la Corte Suprema se apresuraron a aclarar que este tipo de posturas “vulneran la lógica de lo razonable” y explicaron: “La Corte Suprema no aplica esa línea jurisprudencial ni tiene en cuenta las consideraciones que en el 2009 hizo la Sala de Casación Penal en el proceso 29308 contra Diego Alberto Parra (…) La Sala Penal, en múltiples sentencias similares que ha emitido en estos últimos ocho años y muchas de las cuales son pioneras en la introducción del enfoque de género, ha sostenido todo lo contrario: que los jueces no pueden concluir que no desplegar actos de resistencia física, ni pedir auxilio es aceptar libre y voluntariamente un trato sexual”. No obstante, el precedente es muy peligroso.

La condena al Estado

Al margen del debate jurídico, la absolución de Diego Alberto Parra Garzón derivó en una condena contra el Estado por los 27 meses que permaneció detenido. Así lo determinó el Consejo de Estado el 28 de septiembre de este año, en un fallo en poder de este diario. Allí se reseñaron nuevas “perlas” en el proceso. Parra Garzón y su familia tasaron los perjuicios económicos y morales en cerca de $117 millones. Y aunque en primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó dichas pretensiones de reparación al considerar que, pese a la absolución, había pruebas en el expediente contra Parra Garzón, el Consejo de Estado le dio la razón al procesado y falló a su favor, pero sólo reconoció el pago de cerca de $20 millones. En su criterio, en el proceso se presentaron fallas y culpas atribuibles a Parra Garzón que exoneran en un 70 % la responsabilidad de la nación.

La sentencia del Consejo de Estado reveló un dato clave: Parra Garzón celebró un preacuerdo con la Fiscalía en 2007 en el que éste aceptó la responsabilidad por los delitos cometidos contra Fernanda y Catalina a cambio de recibir la mitad de la pena. En el acuerdo se consignó: “El señor Diego Alberto Parra Garzón manifiesta que es su deseo libre, consciente y voluntario aceptar los cargos de autor de los delitos de hurto calificado y agravado, acceso carnal en concurso con acto sexual violento”. La negociación entre Parra Garzón y la Fiscalía, sin embargo, no terminó bien: un juez de la República se opuso al acuerdo y a las rebajas prometidas. Entonces, el preacuerdo se cayó, el abogado de Parra Garzón desistió de esa vía y optó por la defensa en juicio. Al final, la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Bustos, lo absolvió.

Sobre la base de la absolución, el Consejo de Estado condenó a la nación, pero no dejó de censurar el comportamiento del acusado: “Se encuentra acreditado dentro del proceso penal que el señor Diego Alberto Parra Garzón mantuvo relaciones sexuales en el parque Olaya con dos mujeres, circunstancia que, independientemente de que haya sido consentida o no, es un comportamiento reprochable”. Porque, tal como lo advirtieron expertos consultados por este diario, resulta inaudito creer que alguien señalado de robar a dos mujeres termine teniendo sexo con ellas de forma consentida. Aun así, Parra Garzón y su familia presentaron recibos de todos los gastos de manutención mientras estuvo preso, así como los honorarios pactados con su abogado por valor de $30 millones. Al final, se le reconocieron $19’388.000

En el proceso del Consejo de Estado también se supo que Parra Garzón, al momento de los hechos en 2007, tenía 21 años, era profesor de matemáticas, física y cálculo diferencial y solía dar clases privadas a jóvenes que estaban preparándose para las pruebas del Icfes.

Otro caso, otra víctima

Hasta ahora va quedando claro que, pese a las múltiples evidencias en su contra, Diego Alberto Parra Garzón logró esquivar una condena de 150 meses de prisión y que, además, el Estado fue condenado tras la absolución proferida por la Corte Suprema de Justicia. El Espectador siguió rastreando los pasos de este hombre y descubrió que tiene otro proceso por violencia sexual. Al consultar los archivos judiciales, se constató que la Fiscalía lo acusó el 4 de agosto de 2016 por el delito de acceso carnal violento con persona en incapacidad de resistir. Parra Garzón no aceptó los cargos de la justicia durante la audiencia de acusación que se llevó a cabo ese día en el Juzgado 33 Penal del Circuito de Bogotá. Tal como ocurrió en 2007 con el caso de Fernanda y Catalina. La historia parecía repetirse.

El nuevo episodio que tiene en líos a Parra Garzón ocurrió el 8 de febrero de 2013. Una joven de 20 años denunció que esa noche departía tranquilamente con dos amigos suyos en la Plazoleta de la Universidad del Rosario de Bogotá y que alrededor de las 11:00 p.m., después de unas cuantas cervezas, se dirigió al baño. Pero al salir de allí, contó, no veía muy bien, se desorientó y perdió sus sentidos. Cuando despertó —añadió en su relato— se dio cuenta de que estaba en una montaña, semidesnuda, sin sus pertenencias y encima de ella, Diego Alberto Parra Garzón. La joven lo reconoció por ser de la Universidad Distrital. Tomó del piso su maleta, arrastró su chaqueta y empezó a gritar pidiendo auxilio. Según ella, el sujeto le pidió que no gritara ni se levantara del suelo. Unos perros muy cerca comenzaron a ladrar.

“Ella logra escuchar que pasa un vehículo a la altura de la avenida Circunvalar con calle 15, se levanta, toma algunas pertenencias, se encuentra completamente mojada, y corre tratando de parar el carro, pero éste le hace el quite. Cinco minutos después, el vehículo se devuelve y le presta colaboración, la recoge a la altura de las piscinas de (la universidad) los Andes, llevándola al conjunto Nueva Santa Fe, donde se da aviso a las autoridades y es trasladada al hospital”, se lee en la acusación de la Fiscalía conocida por El Espectador. En el mismo documento se advierte: “La conducta desarrollada por el señor Diego Alberto Parra permite a la Fiscalía, con probabilidad de verdad, formular acusación”. Paradójicamente, entre las pruebas aportadas por la Fiscalía para el desarrollo del juicio, se reseña la absolución en favor de Parra Garzón proferida por la Corte.

Este diario consultó a varios expertos en violencia de género. La abogada Lilibeth Cortés señaló: “Es realmente lamentable que la vida de otra mujer haya sido afectada por la decisión de algunos magistrados que valoraron inadecuadamente las pruebas, de acuerdo con prejuicios que discriminan a las mujeres y afectan su derecho humano a una vida libre de violencias. ¿Quién le responde a la nueva víctima por la agresión que sufrió de un sujeto que debió estar privado de la libertad? Jueces y magistrados deben entender que su labor es fundamental para garantizar que las mujeres estemos protegidas de toda forma de violencia. No hay excusas para que las instituciones no garanticen el acceso a la justicia de las víctimas y, por esa vía, prevengan que situaciones como estas vuelvan a presentarse. Esperamos que esta vez sí se administre justicia”.

Por su parte la abogada y consultora Mónica Roa concluyó: “Existen muchas normas nacionales e internacionales que castigan la violencia contra las mujeres y las niñas, pero estas normas son solo buenas intenciones en papel sellado que solas no logran nada. De otra parte, culturalmente se está empezando a incentivar un cambio en la práctica de silencio alrededor de los casos de violencia y el acoso sexual. Pero de nada sirven los tratados internacionales y los códigos penales, ni los llamados a denunciar, si los operadores judiciales no se dan por aludidos. El foco, por lo tanto, ya no debería estar en la creación de normas, sino en su efectiva aplicación por parte de fiscales y jueces, y eso exige un entrenamiento que los haga conscientes de sus propios prejuicios y de cómo afectan su labor judicial”.

Roa añadió: “Si las mujeres y niñas que se atreven a denunciar se encuentran con que la justicia no es receptiva a sus denuncias, como ocurre con demasiada frecuencia, se debilitan las instituciones, se pierde la oportunidad de generar un verdadero cambio social y se refuerza el comportamiento de depredadores sexuales que seguirán atacando a niñas y mujeres amparados por el sistema”. Finalmente, el abogado penalista Francisco Bernate consideró: “Este caso del señor Parra Garzón demuestra cómo puede afectar a toda la sociedad una decisión equivocada como la proferida en su momento por la Corte Suprema. No solo de nuestro bolsillo salió la plata para reparar a esta persona por su ‘injusta detención’, sino que se dejó expuestas a las mujeres y se creó un precedente muy peligroso para este tipo de agresiones sexuales”.

 

* Nombre modificado para proteger la identidad de las víctimas.