Un rompecabezas judicial llamado Luis Carlos Galán

Entre agosto y octubre arrancarán tres importantes juicios de este caso. El principal, el del exdirector del DAS, general (r) Miguel Maza Márquez.

Luis Carlos Galán era precandidato liberal en 1989, al igual que lo eran Ernesto Samper, Hernando Durán Dussán y Alberto Santofimio. / Archivo El Espectador

Un período de cinco días parece ser suficiente para obligar al país a recordar que a sus mejores hombres los ha callado la violencia. Hace apenas cuatro días se cumplieron los 15 años del magnicidio del periodista, humorista y —más importante aún— crítico de la realidad nacional Jaime Garzón. Estado del proceso: total impunidad. Y mañana, 18 de agosto, es el aniversario número 25 de la muerte de Luis Carlos Galán. El paupérrimo número de condenas que figuran en este expediente (dos) es tan sólo una muestra más de que, a pesar de su transcendencia, en este caso hasta los invertebrados parecen ostentar más velocidad en su andar que la justicia colombiana.

Todo lo que rodea el magnicidio de Galán, sin embargo, apunta a una cruda realidad: que la mafia no habría podido eliminarlo sin la complicidad de agentes del Estado. De ese mismo Estado que Galán anhelaba liderar. La Fiscalía calificó este caso de crimen de lesa humanidad justo cuando se cumplieron los 20 años del asesinato porque, según explicó el fiscal general (e) de la época, Guillermo Mendoza Diago, se trató de “una actuación organizada (...) un plan sistemático (...) para eliminar a ciertas personas que se oponían a los narcotraficantes”. Así, el proceso se volvió imprescriptible: no hay fecha límite para dejar de investigar. ¿Servirá esa medida realmente para resolver este crimen?

“Cuando Galán tomó la decisión de pisar los predios de la plaza de Soacha ya estaba muerto”, le dijo a la Fiscalía, más de dos décadas después del homicidio, Mario Rueda León. El 18 de agosto de 1989, día en que Galán fue acribillado en la plaza de Soacha, Rueda León fungía como jefe de información de la Sijín de la Policía de Cundinamarca y, en sus propias palabras, aunque estaba disponible en las oficinas del F-2, ningún superior suyo lo envió a labores de inteligencia. “Ni antes, ni el día del atentado ni al otro día hubo uniformados o personal de la Sijín”, agregó. Para terminar escuchando al final de esa noche, de boca de uno de sus propios compañeros: “Por fin cayó ese hijueputa”. Mientras dos oficiales más del F-2, aseguró Rueda León, abrían una botella de whisky y celebraban.

Si hay algo que reconocerle a la Fiscalía es que puso bajo su radar un asunto fundamental para esclarecer la muerte del político liberal: el rol que en este enmarañado episodio de la violencia nacional pudo haber tenido la Policía. De esa forma, por ejemplo, en octubre comienza el juicio contra el entonces comandante del Distrito de Policía de Soacha, el mayor (r) Luis Felipe Montilla, y contra el coronel (r) Manuel González, quien era en 1989 jefe de protección del DAS. A finales de agosto, además, empieza el juicio más esperado de esta historia: el del exdirector del DAS, el general (r) Miguel Maza Márquez. La Fiscalía asegura tener las pruebas necesarias para obtener sus condenas; los tres, no obstante, han negado cualquier relación con el crimen.

Según la Fiscalía, Montilla sacó de Soacha a los uniformados que debían reforzar la seguridad de Galán y su comitiva; González nombró a Jacobo Torregrosa como jefe de la escolta del precandidato liberal para facilitar su muerte; y Maza Márquez, como cabeza del Departamento Administrativo de Seguridad, no sólo colaboró para que Galán pudiera ser ejecutado, sino que fue una de las cabezas del grupo de criminales que decidió cómo y dónde debía morir. “Este es un ‘falso positivo’ más grave que el que le montaron a Jubiz Hazbún”, le dijo hace poco a El Tiempo Jairo Herrera, defensor del mayor (r) Montilla. “Yo no tuve nada que ver con la muerte de Galán”, ha afirmado Maza Márquez una y otra vez.

Los años 80, como es bien sabido, fueron el infierno. Bombazos por doquier sorprendían a los transeúntes en las calles, mientras las balas de los sicarios segaban las vidas de hombres ejemplares como el director de este diario, Guillermo Cano. Pablo Escobar había pasado de tener inmunidad parlamentaria a ser el jefe del cartel de Medellín, el capo de capos y el corazón de la guerra del narcotráfico contra el Estado. Políticos, jueces, policías, civiles; nadie estaba a salvo. Ese contexto, descrito aquí de la manera más escueta, fue fundamental para que la hoy llamada Dirección de Análisis y Contexto (Dinac) de la Fiscalía reconstruyera el crimen de Galán con base en su premisa esencial: encontrar patrones de macrocriminalidad.

Dicha premisa se refiere a la tarea del organismo investigativo de hallar elementos comunes entre la muerte del político santandereano y otros episodios similares, tal cual sucedió el año pasado: en agosto, el organismo anunció que había una conexión irrefutable entre los magnicidios de Luis Carlos Galán y de dos candidatos presidenciales que representaban la izquierda, Bernardo Jaramillo Ossa (líder de la Unión Patriótica) y Carlos Pizarro Leongómez (desmovilizado del grupo guerrillero M-19). En los tres casos había factores en común como el tipo de arma, escoltas, participación de agentes estatales, asesinato de los autores materiales o desviación de las indagaciones judiciales.

Una de las más grandes víctimas de esas desviaciones, en lo que al caso Galán se refiere, fue el barranquillero Alberto Jubiz Hazbún. Murió en abril de 1998 de un infarto, con 62 años, esperando el resultado de una demanda que había presentado contra el Estado luego de pasar casi cuatro años tras las rejas, señalado de haber participado en el magnicidio. Tres días después de la muerte de Galán, los entonces directores de la Policía y el DAS, los generales (r) Óscar Peláez Carmona y Miguel Maza Márquez respectivamente, le dijeron al país que Jubiz Hazbún era tan culpable del crimen que en su casa se había encontrado la subametralladora Ingram con que Galán fue acribillado.

Jubiz Hazbún defendió su inocencia a capa y espada. En un momento pudo recobrar su libertad por cuestiones de trámite pero, en vez de irse, hizo escándalo y llamó a Juan Gossaín a RCN Radio para decirle al aire que, a menos que le dieran su libertad incondicional, no se iba a ningún lado. “Es la primera vez que veo a un preso que se niega a salir”, recordaba hace poco Gossaín. Apenas en febrero de este año el Consejo de Estado condenó a la Nación por la injusta detención del barranquillero y de sus dos compañeros de desgracia, Héctor Cepeda y Norberto Hernández, e indemnizó a sus familias por más de $3.000 millones.

Otro turbio episodio, sin embargo, quedó también entre interrogantes: el atentado contra el exministro de Obras Carlos Obando, quien había declarado que él estaba con Jazbún el día que Galán fue asesinado. Obando aseguró que personas que decían ser del DAS y de la Dijín le pidieron cambiar su versión, y que el día que un supuesto teniente se presentó en su casa terminó recibiendo varios disparos por la espalda. Obando sobrevivió, mantuvo su testimonio y denunció a Carmona Peláez y a Maza Márquez como posibles autores del atentado. El papel que jugó Ezequiel Sanabria, juez tercero de orden público —quien llevaba la investigación de Galán y, por ende, mandó a Jubiz a la cárcel—, poco ha sido indagado.

Nadie pondría en duda que esta ha sido una investigación opaca y saboteada. El cabo (r) Josué Oved Ariza, quien es hoy para la Fiscalía un testigo estelar, fue ubicado para declarar en septiembre de 2009. La última vez que había hablado con la justicia había sido 20 años atrás, cuando el arma que acabó con la vida de Galán aún echaba humo. Por esa época, Ariza le dijo al Juzgado Tercero de Orden Público que su superior, el entonces capitán Luis Montilla (el mismo cuyo juicio comenzará en octubre próximo), les había ordenado a él y su escuadrón motorizado quedarse quietos frente a la Alcaldía “a ver qué decía ese mechudo (Galán)”, en vez de patrullar la zona, como era la orden inicial.

A finales de noviembre de 1989 la Policía le notificó a Ariza que había aceptado su retiro, con un pequeño detalle: él no lo había solicitado. Luego, su nombre desapareció de los registros de la institución. “Me fui a los Llanos por miedo”, le confesó a la Fiscalía. Ariza, además, confirmó la versión de otro expolicía, Jaime Bueno Cipagauta: que el grupo contraguerrilla había sido enviado a la sede de la Policía de Cundinamarca (en el occidente de Bogotá) antes del magnicidio y que había regresado a Soacha sólo cuando la tragedia ya enlutaba a la familia Galán. “Permanecimos disponibles dentro de las instalaciones y no fuimos utilizados para ningún hecho”, relató Jaime Bueno, quien comandaba el grupo contraguerrilla para esa época.

La declaración de Bueno Cipagauta la conoció la Fiscalía en noviembre de 2011 y desde entonces, con más razón, los nombres de otros oficiales de la Policía se volvieron alarmas encendidas: el del entonces comandante de Cundinamarca, coronel (r) Gustavo Adolfo Leal; el del subcomandante, general (r) Argemiro Serna Arias, y el del mayor (r) Gentil Vidal, comandante operativo. Ninguno de los tres ha sido vinculado formalmente al expediente pero, en junio de este año, la Fiscalía los llamó a ambos a declarar. Leal dijo que había dado las instrucciones que consideró necesarias para proteger a Galán; mientras que Serna Arias, desde 2011 viene diciéndole al organismo que su rol por esos días era solo administrativo. 

El tema Maza Márquez 

Hace 10 años, cuando el caso se reabrió, apenas era una indagación preliminar. En 2009, al declararse imprescriptible, empezó la investigación contra el exdirector del DAS, general (r) Maza Márquez, a quien la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía llamó a juicio por homicidio con fines terroristas y agregó un segundo cargo: concierto para delinquir. Para afirmar que Maza Márquez se alió con los narcotraficantes con el fin de matar a Galán, la Fiscalía se apoya en los testimonios del exparamilitar Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir; el exjefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez; John Jairo Velásquez, alias Popeye, y Wilson Pérez, hermano del jefe ‘para’ del Magdalena Medio Henry Pérez.

Armar el rompecabezas, sin embargo, no ha sido nada fácil. El hilo conductor de la Dirección de Análisis y Contexto hoy es que Maza Márquez fue el enlace del DAS con los paramilitares y el cartel de Medellín para facilitar la muerte de Galán. Para 1989, no obstante, tal era la guerra de los jefes del cartel de Medellín (Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha) contra el Estado, que le hicieron dos atentados a Maza: el de mayor potencia fue la bomba que pusieron en el DAS cuatro meses después del magnicidio de Galán Sarmiento, en el que murieron más de 60 personas. Para la Fiscalía, esos atentados no contradicen nada porque, como dijo Wilson Pérez, el hermano de Henry Pérez: “Si a Maza Márquez lo hubiera querido matar el narcotráfico, lo hubiesen hecho, en esa época no se salvaba nadie”.

No obstante, explicar ese momento de la historia requerirá de mucho más trabajo. El propio expresidente César Gaviria le contó a la Fiscalía que, cuando se posesionó en la Presidencia, fue informado de nexos entre Maza Márquez y el cartel de Cali, dirigido por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, enemigos jurados de Escobar y de Rodríguez Gacha. De hecho, el hombre que infiltró a la gente de Rodríguez Gacha y que ayudó a que la Policía lo abatiera el 15 de diciembre de 1989, era del cartel de Cali. La Fiscalía quiere demostrar que para el crimen de Galán se unieron los bandos enemigos (cartel de Cali y de Medellín), pero sustentar esa hipótesis es prácticamente reescribir un pedazo de la historia nacional.

La Procuraduría, por su parte, ha sido insistente en señalar la responsabilidad que tuvo Maza al cambiar el esquema de seguridad de Luis Carlos Galán para así generar las circunstancias que lo llevarían a la muerte. El Ministerio Público les ha dado plena credibilidad a testigos como Wilson Pérez, quien aseguró ante fiscales que su hermano, el jefe paramilitar Henry Pérez, se reunió con el general (r) Maza Márquez, Gonzalo Rodríguez Gacha y Jaime Rueda Rocha, este último señalado de ser uno de los sicarios de Galán y asesinado en 1992. Jacobo Torregrosa, el polémico jefe de escolta que fue señalado de haber hecho parte del complot, murió en 2000 por muerte natural, con 56 años y sin investigaciones en su contra. 

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