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“Sea lo que sea, soy una persona muy sencilla y muy modesta, pero yo en inteligencia batí un récord, yo en inteligencia fui comandante del Charry, del Coici (Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército) y de la Brigada 20 por cuatro años, nadie en la vida del Ejército ha sido comandante cuatro años, y yo me refiero a eso, y tuve cuatro comandantes de Ejército y no era por torturar, ni desaparecer, ni matar a nadie (...). Si hubiera sido otro el comandante del Coici para la época del Palacio (de Justicia) lo habían cambiado y no me cambiaron y duré un año más”.
Esa fue la carta de presentación que Iván Ramírez Quintero, general de la República en retiro, esgrimió el día que por primera vez tuvo que presentarse en la Fiscalía en calidad de investigado por los desaparecidos del Palacio de Justicia. Era entonces el oficial de más alto rango en el radar de la Fiscalía; la investigación y condena al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales vendrían después. Y ese día, 6 de mayo de 2008, el general (r) Iván Ramírez dijo exactamente lo que se esperaba de él: que nunca había cometido delito alguno. “Si yo hubiera tenido lunares, digámoslo, delictivos en mi carrera, yo no habría llegado a donde llegué”, señaló.
Puede que para cualquier ciudadano común el nombre Iván Ramírez Quintero no traduzca gran cosa. Pero para las Fuerzas Militares, los defensores de derechos humanos y quienes conocen del Palacio de Justicia, significa mucho. Este general de dos soles construyó una hoja de vida especializada en las operaciones no bélicas. “La inteligencia ha sido la razón de mi vida en la carrera militar”, se lee en la primera edición de la revista Inteligencia Militar, publicada el 2 de noviembre de 1996. “Si no fuera por la inteligencia militar, que se inició oficialmente en 1962, el país se hubiera acabado a finales de los años 60 o en los 70”, agregó.
El 15 de mayo de 1998, el gobierno de Estados Unidos canceló su visa. Un gesto diplomático que era, a todas luces, una cachetada a quien había comandado la Brigada XX –que fue siempre señalada de cometer o auspiciar crímenes–. Cinco días después de esa cancelación de visa le llegó el fin a la Brigada XX, y uno de los más interesados en su desactivación era el embajador de EE. UU. en Colombia, Myles Frechette. De él, el general retirado Ramírez dijo en indagatoria: “Me lo gané de enemigo (...) quiso mandar en mí cuando yo estuve en 1995 manejando la inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares y yo no permití esas cosas”.
El desencuentro con Estados Unidos no fue más que un tropezón en una trayectoria que incluía la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte) y haber trabajado con Rafael Pardo, ministro de Defensa del presidente César Gaviria. Cuando le quitaron la visa era el inspector general del Ejército, es decir, lideraba investigaciones internas. De allí salió para ser designado en Chile como agregado militar “y ahí sí me retiré porque se me acabó el techo”, aseguró el propio oficial. Ese techo, sin embargo, aguantó un poco más: luego fue contratado como asesor del DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Una hoja de vida cuestionada
La justicia puso sus ojos en el general retirado Iván Ramírez casi 10 años después de su salida del Ejército, lo que no quiere decir que, en sus casi 40 años de carrera militar, hubiera recorrido un camino impoluto. Hace más de 30 años se decía que era parte de la Alianza Anticomunista Americana, señalada de cometer atentados contra medios como Voz Proletaria, aunque nunca se comprobó nada. Hace cuatro años, el periodista Daniel Coronell hablaba de las menciones que figuraban en su contra en cables diplomáticos y de organismos de inteligencia de Estados Unidos.
El 27 de mayo de 2008, la Fiscalía lo arrestó bajo la sospecha de que tenía que ver con la desaparición de 11 personas que habían estado en el holocausto del Palacio de Justicia. Los cuestionamientos sobre su responsabilidad, sin embargo, venían de mucho más atrás: desde enero de 1991, cuando Bernardo Garzón Garzón, entonces sargento activo, declaró en la oficina de investigaciones especiales de la Procuraduría que el área de inteligencia del Ejército había secuestrado a la guerrillera del M-19 Irma Franco –de los 11 desaparecidos–, la había retenido en una camioneta “condicionada para interrogatorios”, y “al parecer se encuentra muerta”.
Desde 1978 Garzón Garzón perteneció al batallón Charry Solano –que luego se llamaría Brigada XX–. Con tanto tiempo en el área de inteligencia militar, no podían sonar menos grave sus confesiones ante la Procuraduría, incluida esta frase lapidaria: “Conociendo las cosas que allí se pueden hacer, sé que en cualquier momento me pueden desaparecer”. Cinco años después, el sargento Garzón Garzón echó reversa. Para el general retirado Iván Ramírez lo único cierto que Garzón Garzón ha dicho en su vida fue esa retractación: “Él mismo dice: ‘A mí me prepararon esas declaraciones en la Procuraduría’”.
Esta semana pasaron dos cosas muy importantes y ambas afectan al general retirado Iván Ramírez. La primera es que se identificaron los restos de tres desaparecidas del Palacio de Justicia: Cristina Guarín, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mary Portela. En enero de 2009 él, el coronel (r) Fernando Blanco y el sargento (r) Gustavo Arévalo –subordinados de Ramírez en el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia– fueron llamados a juicio por la desaparición de 11 personas, entre ellas las tres mujeres. En 2011 fueron absueltos por “duda razonable”, recuperaron su libertad y, hasta la fecha, el Tribunal Superior de Bogotá no ha confirmado ni revertido el fallo.
Al conocerse la noticia, el coronel (r) Alfonso Plazas Vega reiteró en medios lo que ha venido diciendo desde 2008: que a la guerrillera del M-19 Irma Franco “la desaparecieron otras personas del Ejército Nacional, miembros de inteligencia”. Y las prevenciones son mutuas: “Como (Plazas Vega) se casó con la hija del ministro (de Defensa), que era el general (Miguel) Vega, entonces siempre estuvo bien ubicado (...) Si usted le pregunta a cualquier persona de la promoción mía, nadie lo quiere. Y agregó: “Ahora verse detenido y que todas sus operaciones no valieron y que su heroísmo se acabó, entonces tiene que mirar a buscar un culpable y es la inteligencia”.
El segundo evento clave con relación al Palacio fue la decisión de la Fiscalía de vincular formalmente a 14 miembros retirados de la Fuerza Pública en una investigación que busca determinar quiénes fueron los responsables de las torturas que sufrieron algunos civiles después de la toma del Palacio de Justicia. Entre ellos, Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, entonces estudiantes de la Externado que llevan 30 años reclamando por la manera en que los torturaron en instalaciones militares: “Todo el que iba entrando nos pegaba patadas y nos cogía del pelo y nos decían ‘guerrilleros hijueputas’”, declaró, por ejemplo, Eduardo Matson.
En su indagatoria de mayo de 2008, el general retirado Iván Ramírez señaló que en la versión de Matson y de Santodomingo había varias contradicciones. Una de ellas, fundamental para Ramírez, que los estudiantes habían asegurado ver a uniformados en la Casa del Florero y, después, en la sede del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia. “Imposible –expresó Ramírez–, nosotros no tenemos personal uniformado”. Un detalle de total relevancia, pues desde hace más de 20 años Matson y Santodomingo vienen declarando que quienes los agredían eran “hombres principalmente de civil”.
El 6 y 7 de noviembre se conmemorarán los 30 años de la toma y recuperación del Palacio de Justicia. Más de un centenar de muertos, incluidos 11 magistrados de la Corte Suprema, confirman que lo del Palacio fue un desatino desde todas las orillas. Y si algo quedó claro esta semana, es que en este caso no hay nada más esquivo que la verdad. Todavía hay gente desaparecida, muertes sin explicación y, como si fuera poco, ahora hay familias que sufren porque se enteraron –o porque temen enterarse– de que han llorado un muerto ajeno. “La inteligencia militar es la búsqueda de la verdad”, dijo alguna vez el general retirado Iván Ramírez. Una frase que, al menos en la historia del Palacio, aún no adquiere sentido alguno.
Uniformados llamados a indagatoria
Catorce miembros retirados del Ejército y la Policía fueron llamados a indagatoria el pasado jueves por su presunta participación en las torturas contra los civiles que salieron del Palacio de Justicia, tras el holocausto del 6 y 7 de noviembre de 1985.
Entre los llamados están los generales (r) Iván Ramírez, Rafael Hernández, Alberto Fracica y Justo Eliseo Peña; y los coroneles (r) Fernando Blanco, Luis Carvajal y Edilberto Sánchez.
Varios de ellos ya han estado vinculados a procesos judiciales relacionados con el holocausto, como el general (r) Ramírez, comandante de Inteligencia del batallón Charry Solano, quien fue acusado y luego absuelto por desaparición forzada. Los otros tres generales (r) están siendo investigados por el asesinato del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán en los hechos del Palacio.