Una finca de terror en Tuluá

La Fiscalía inició el proceso de extinción de dominio de una propiedad donde alias “Porrón”, el mismo jefe de los Rastrojos que extorsionaba al exfutbolista Tino Asprilla, habría cometido asesinatos y descuartizamientos.

Alias “Porrón” fue capturado en una lujosa finca en Jamundí (Valle), en febrero de 2015. / Revista de la Policía Nacional

La finca del terror, cree la Fiscalía, en la que dos jefes de los Rastrojos en Tuluá (Valle) habrían mantenido a personas secuestradas y en la que se halló un cuerpo desmembrado, quedó en manos de la Fiscalía en un proceso de extinción de dominio. A la finca Villa Isabel, ubicada en el corregimiento de Aguaclara, Tuluá, Óscar Darío Restrepo Rosero, alias Porrón, y Jhon Estiven Idrobo Pérez, alias Jerry, habrían llevado a las víctimas que extorsionaban para que les pagaran las sumas de dinero que les exigían, luego de amordazarlas y someterlas a golpizas.

La macabra historia de vejámenes y torturas que habrían infligido Porrón y Jerry a sus víctimas de extorsiones se conoció por el relato de un hombre que logró escapar de ese cautiverio. Se trata de F*, quien la noche del 28 de mayo de 2010 fue secuestrado mientras esperaba un transporte en el centro comercial La 14 de Calima, en el norte de Cali. Él le contó a la Fiscalía que dos hombres armados lo interceptaron y obligaron a subir a una camioneta.

F les dijo a las autoridades que lo golpearon en el carro y le vendaron los ojos para llevarlo a un apartamento ubicado en un octavo piso del sur de Cali, donde había más miembros de los Rastrojos. Los captores le dijeron que mientras uno de sus primos no cancelara una deuda de $85 millones, no sería liberado. Esa noche fue drogado, amordazado, fotografiado y filmado. Las imágenes fueron enviadas a su familia como prueba de supervivencia.

F declaró que, luego de tres días de maltrato, el lunes 31 de mayo de 2010 fue trasladado a Tuluá, a la finca Villa Isabel. Al llegar fue recibido por un hombre al que luego identificó por fotos y que se llamaba César Tulio González Pérez, quien además era tío de alias Jerry y la persona que vivía en el lugar. Lo encerraron en un cuarto del segundo piso, que tenía una reja a la que le ponían cadena.

Esa noche, contó F, desde su ventana veía una llamarada grande y percibía un olor fétido, como si estuvieran quemando carne humana. Asimismo observó que las personas que estaban en la finca llevaban bolsas negras de un lado a otro. F explicó que en medio del desorden que había quedado, escapó de la finca en la mañana del 1º de junio y llegó a un puesto de la Policía.

Al enterarse de la historia, las autoridades armaron un operativo. En la finca Villa Isabel encontraron la maleta y los documentos de F en la habitación del segundo piso en la que estuvo recluido. Capturaron a César Tulio González, que era el único presente en el lugar, y rastrillaron todo el predio. Entonces encontraron restos de lo que habría sido una fogata. Al recordar lo que F dijo sobre el olor fétido, ordenaron al CTI y Medicina Legal inspeccionar la finca.

Las autoridades removieron la tierra y hallaron restos óseos carbonizados. La diligencia se convirtió en una exhumación en la que encontraron partes incineradas de una tibia, un cúbito, un radio, entre otras. Asimismo, entre los rescoldos había fragmentos de una mandíbula que aún tenía dientes. Se corroboró que existía evidencia física de la quema de un cuerpo, por lo que la Fiscalía abrió una investigación por el desmembramiento y homicidio de una persona de género masculino no identificada.

Tanto Porrón como Jerry y César Tulio González fueron identificados por F como sus captores en un reconocimiento fotográfico. Asimismo, la Policía le entregó a la Fiscalía el organigrama de la estructura de los Rastrojos en Tuluá, en el que aparecían Porrón y Jerry como jefes de una oficina de cobro al servicio de los hermanos Comba, jefes del cartel del Norte del Valle. Porrón y Jerry, señalaban las autoridades, eran los amos y señores de las extorsiones en Tuluá, al punto que Porrón fue denunciado por el futbolista Faustino Asprilla, quien tiene finca en ese municipio.

Otra de las pruebas que recogió la Fiscalía fue el testimonio de R*, una mujer que estuvo en la noche del 31 de mayo en Villa Isabel. Ella confirmó la versión de la llamarada y de los hombres que cargaban bolsas de un lado a otro. Asimismo, ante las autoridades rindió declaración Z*, un hombre que dijo haber conocido a César Tulio González en 2010, cuando llegó a la cárcel tras ser capturado. Z testificó que González le había relatado que él únicamente le había prestado la finca a Porrón para que hiciera una fiesta y que a la mañana siguiente, cuando estaba limpiando, fue capturado sin saber que ahí habían quemado a una persona.

Las autoridades comenzaron la persecución contra los responsables de la barbarie ocurrida en la finca Villa Isabel. El primero en caer fue Jerry, arrestado por la Policía en Santa Marta. Tres años más tarde el turno fue para Porrón, quien estaba en la mira de las autoridades desde 2012, por las constantes denuncias por extorsión en Tuluá —entre sus víctimas estaba el Tino Asprilla— y por los asesinatos que empezaron a aumentar en Tuluá. Porrón fue capturado el 6 de febrero de 2015 en Jamundí (Valle) y ha sido señalado en por lo menos 50 asesinatos registrados en el centro y el norte del Valle del Cauca.

Los dueños de la finca Villa Isabel, que se la habían alquilado a César Tulio González, alegaron que no sabían de sus actividades ilícitas o las de su sobrino, alias Jerry, y Porrón. Gustavo Velásquez, propietario del inmueble, le dijo a la Fiscalía que conocía a César Tulio desde el bachillerato, 30 años atrás, y que por esa razón le había arrendado la finca. La Fiscalía, sin embargo, consideró que si bien la forma en que compraron la finca fue legal, “(los dueños) faltaron a su deber de cuidado y vigilancia sobre su inmueble para evitar que se le diera una destinación ilícita por parte de sus moradores”.

La extinción de dominio de la finca Villa Isabel es uno de los primeros procesos en los que la Fiscalía, con el apoyo de la Policía Antinarcóticos, busca arrebatarle a la mafia un inmueble que no tenía nada que ver con el narcotráfico. Es decir, que no se trataba de una propiedad que se compró con dineros sucios o con la que se lavaron activos, sino que se habría utilizado para cometer escabrosos crímenes. El ente investigador insiste en que la responsabilidad de los propietarios radica en la vigilancia que ellos hagan de sus inmuebles para evitar que ahí se cometan actos criminales.

 

* Nombres modificados para protección de las personas involucradas en esta historia.