“Una masacre, esto no tiene un nombre distinto”: Diana Montilla

La defensora de derechos humanos de la Asociación de Juntas Comunitarias Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma) califica de "desmedida e irracional" la muerte de nueve campesinos de la vereda Puerto Rico Mitaje, zona rural de Tumaco, Nariño, a manos del Ejército y la Policía.

Archivo El Espectador

Ya son seis campesinos los que murieron en hechos confusos en la vereda Puerto Rico, en Tumaco (Nariño) en la mañana de este jueves. (Lea más en: Versiones encontradas por choque con la Fuerza Pública en el que murieron cuatro personas). 

La primera versión que proviene del Ejército y la Policía sostiene que fueron presa de un ataque de cinco cilindros bomba provenientes de la columna Daniel Aldana de un Grupo Armado Organizado (GAO) liderado por alias Guacho, por lo que se vieron obligados de contraatacar para defenderse mientras cumplían su labor de proteger a los erradicadores enviados por el Gobierno. 

Diana Montilla, en defensa de los campesinos, refuta la posición de la fuerza pública en cuanto "si esto realmente hubiese ocurrido en este momento no estaríamos hablando solo de campesinos heridos y muertos, sino que estaríamos hablando de militares y policías muertos; porque cinco cilindros bomba en un lugar donde ocurrieron los hechos que es tan cerrado y pequeño, hubiera arrojado otros resultados lamentables".

Además de los nueve muertos, Asominuma reportó 19 heridos y un niño desaparecido. Su versión cuenta que desde hace una semana, los uniformados y erradicadores hacen presencia en la zona alta de la vereda de Puerto Rico para continuar con la eliminación forzosa de los cultivos de coca que comenzaron en abril de este año, se suspendieron por unos meses hasta retomar a finales de julio. 

Los campesinos de la zona venían de un proceso de ratificación del punto 4 de los Acuerdos de Paz y del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos (PNIS) acordado con el Estado. Teniendo como precedente que "el territorio de Altamira es uno de las zonas que mayor número de hectáreas de coca tiene Colombia y que es una zona priorizada, no solamente para la implementación de los acuerdos, sino para el tema de sustitución" recuerda Montilla.

El problema sigue agudizándose porque el Gobierno no está subsanando la situación de los campesinos que se quedan sin el sustento del único cultivo que saben trabajar. "Incluso las comunidades que se les ha erradicado no se les ha entregado una sola ayuda, ni se les ha hecho un solo paso en el acompañamiento que deberían tener para mitigar los efectos que la erradicación forzada trae consigo, sabiendo que la coca es el único medio para que las familias solventen la salud, la educación de sus hijos" continúa Montilla. 

El reclamo por parte de las asociaciones campesinas de Nariño, y los demás departamentos que cuentan con cultivos ilícitos en sus territorios, es que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa cumpla con lo pactado en los acuerdos finales y con las ratificaciones en cada jurisdicción que manifestó su voluntad de atenerse a las reglas de la sustitución voluntaria.

Otros encuentros entre Ejército y campesinos que se oponen a la erradicación forzada se han presentado en los últimos meses. El caso de Nariño no es un caso excepcional y todas las organizaciones cocaleras y campesinas se han unido para reclamar por los atropellos a los pactos y a los civiles. (Lea más: Según campesinos, Gobierno incumplió en acuerdo de sustitución de cultivos ilícitos).

Por otro lado, Asominuma, en voz de Montilla, exige claridad en los hechos. "Le hemos solicitado al Ejército y la Policía que se remitan a informar con claridad lo que ha ocurrido, con imparcialidad". 

Nota de la editora: la versión original de este artículo decía que hasta el momento se habían reportado nueve personas muertas. Sin embargo, la Fiscalía ha aclarado que la cifra oficial es de seis personas muertas, incluida un menor de edad.