Una negociación exitosa suspendida sin razón

Una fiscal de Medellín obtuvo valiosa información en un proceso judicial con exmiembros de la Oficina de Envigado. Sin embargo, fue trasladada y los avances en favor de la seguridad en la ciudad quedaron en suspenso. Hoy es blanco de amenazas.

Germán Darío Giraldo, director seccional de Fiscalía de Medellín.   / Archivo “El Colombiano”
Germán Darío Giraldo, director seccional de Fiscalía de Medellín. / Archivo “El Colombiano”

Hace diez meses, el 19 de noviembre de 2015, la Fiscalía de Medellín, basada en un principio de oportunidad, inició un proceso de negociación con Julián González (Barny), Edinson Rojas (Pichi) y Juan Camilo Rendón (Peluco), exjefes de “Oficina de Envigado”, hoy detenidos. El proceso fue liderado por la fiscal segunda seccional Alexandra Vélez Rincón, entonces coordinadora de la Unidad de Vida.

Las negociaciones generaron impacto positivo porque se logró la disminución de homicidios en algunas zonas de Medellín. Sin embargo, tres meses después, fueron interrumpidas por Germán Darío Giraldo, Director Seccional de Fiscalía de Medellín, quien ordenó el traslado de la fiscal Vélez y solicitó suspender la negociación.

La interrupción ocurrió después de que los exjefes de la “Oficina de Envigado” ofrecieron una contextualización sobre la criminalidad del centro de Medellín, en la que mencionaron al delincuente conocido como Pedro Pistolas, sin orden de captura pero considerado el “patrón” criminal del sector. Hoy, la fiscal Vélez es blanco de insistentes amenazas anónimas.

El origen de lo sucedido fue una investigación por dos homicidios ocurridos en el barrio Toscana, ubicado en comuna 5, al norte de la ciudad, en límites con el vecino municipio de Bello. Los fiscales del caso reunieron suficiente material probatorio para demostrar la presunta responsabilidad de los sujetos Barny, Pichi y Peluco en los hechos sucedidos.

El 26 de agosto de 2015, alias Barny envió un documento a la fiscal Vélez, manifestando su deseo de acceder a un preacuerdo basado en el principio de oportunidad. Dos semanas después, la fiscal se trasladó a la cárcel de Itagüí y le explicó las opciones. El sujeto reiteró su decisión de brindar información y se fijó reunión para el 29 de septiembre.

Ese día, Barny se comprometió a ubicar una caleta con armas y aportó información sobre siete homicidios en julio de 2015 en el barrio Toscana. Explicó el porqué de esos crímenes y motivaciones de otros. Todo se anexó a la investigación que se venía trabajando. A solicitud de Barny, por una intervención quirúrgica, la negociación se aplazó hasta el 4 de noviembre.

El proceso emprendido con Barny provocó que el 5 de octubre, alias Pichi se sumara a través de un documento para tratar de acceder a un preacuerdo. A su vez, Barny entregó información de una caleta con casi 80 armas ubicada en zona rural del corregimiento de Santa Elena, exactamente en terrenos del Parque Arví, como quedó acreditado en informe policial (Véalo aquí).

El 13 de noviembre, como lo había anunciado Barny, el individuo John Arley Londoño, alias La Pecosa, con orden de captura por concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y extorsión, se entregó voluntariamente. Cinco días después, la fiscal Vélez elaboró un oficio para solicitar a Germán Darío Giraldo crear un grupo y avanzar en el proceso.

Al día siguiente, el funcionario emitió una resolución en la que precisó: “se requiere que la investigación se impulse de manera estructurada, además porque se vienen adelantando conversaciones con un ex integrante de la denominada ‘Oficina de Envigado’, quien viene aportando valiosa información para la investigación”.

Ese mismo día, al despacho de la fiscal Vélez llegó un documento, esta vez a nombre de Peluco, con igual requerimiento que sus antecesores. En el momento en que se concretaban estos avances, era evidente el aumento de homicidios en el sector de La Loma de San Cristóbal en Medellín, especialmente durante los días finales de noviembre de 2015 y los primeros de diciembre.

Entonces Barny ofreció intermediar para frenar la problemática. La fiscal Vélez contactó a Arnulfo Serna, entonces asesor del Secretario de Seguridad de la Alcaldía de Aníbal Gaviria, y lo puso al tanto de la situación. Ambos acordaron promover un pacto de no agresión, con presencia de la comunidad, Ong y funcionarios de la Alcaldía.

La situación no se dio por el cambio en la administración municipal. Sin embargo, en el sector de Medellín no se habían vuelto a presentar homicidios que involucraran a bandas criminales. El 16 de diciembre, los exintegrantes de la “Oficina de Envigado” contextualizaron temas de extorsiones y surgieron los primeros nombres de jefes criminales.

De acuerdo con la fiscal Vélez, esas reuniones procuraban hacerse con la presencia de los exmiembros de la “Oficina de Envigado”, aunque sólo lograron reunirlos en dos ocasiones ya que Barny estaba en la cárcel de Itagüí, Pichi en la de Valledupar, y Peluco en Cómbita. Los encuentros ocurrieron a finales de diciembre y principios de 2016. También asistieron integrantes del CTI de Medellín.

En las reuniones se estableció que el centro de Medellín estaba controlado por el crimen organizado, asociado a organizaciones como Los Caicedo y La Terraza, u otros jefes conocidos como Carnero, Marroco y los hermanos Osorio. Casi todos rindiendo cuentas a un sujeto apodado Pedro Pistola, un hombre de 53 años que fue coordinador de Autodefensas en Anorí (Antioquia).

En ese momento, el nuevo alcalde, Federico Gutiérrez, ya estaba posesionado y comenzó su mandato con paso firme, reconociendo la problemática existente y prometiendo liberar del crimen al centro de la ciudad. Él mismo se dio un plazo máximo de un mes para mostrar resultados, empezando por el Parque Berrío.

Ante la nueva dinámica, la fiscal Vélez consideró necesario enterar al alcalde sobre las negociaciones con los exjefes de la “Oficina de Envigado”. Por eso se reunió con Gustavo Villegas, nuevo secretario de Seguridad. El encuentro se concretó el 12 de enero y Villegas se enteró de los pormenores. Además se mostró interesado porque encajaba con las nuevas políticas de seguridad en Medellín.

El 11 de febrero se dio la última reunión con Barny y Peluco y los delincuentes ofrecieron la entrega de otra caleta con material bélico que incluía un arma sofisticada, potente y de alta tecnología. Lo más importante, se comprometieron al desmonte gradual y luego total de las “vacunas” en la comuna 5, en el sector de Castilla.

No obstante, al día siguiente, sin explicaciones, la fiscal Vélez fue notificada por el director de Fiscalía Medellín sobre su traslado al Gaula. Tres días después, el proceso de negociación con los exmiembros de la “Oficina de Envigado” terminó. Ellos argumentaron que por situación de confianza.

Barny, Pichi y Peluco agregaron que en el pasado habían infiltrado a la Fiscalía de Medellín y por eso tenían desconfianza frente al director de la seccional. Paradójicamente, la fiscal Vélez había solicitado las capturas de Hernán Giraldo (Cesarín) y Marlon Javier Vergara (Marlon), exjefes de la “Oficina de Envigado”. Hoy purgan penas de 20 y 38 años.

El 25 de febrero, la fiscal Vélez envió un derecho de petición (véalo aquí) a Germán Darío Giraldo para saber las razones de su traslado. La respuesta (véala aquí) fue que en la jefatura de la Unidad de Vida había falta de diligencia y que, cuando se requería información, ésta era restringida. En entrevista para esta investigación, la fiscal observó que todo cambió cuando salió a relucir Pedro Pistolas.

Cuando Vélez fue trasladada, la Alcaldía de Medellín, así como integrantes del CTI, la respaldaron con documentos (véalos aquí) para avalar su conducta. A su vez, los exjefes de la “Oficina de Envigado” intentaron retomar los diálogos y enviaron cartas (véalas aquí) al entonces vicefiscal Jorge Perdomo. El 16 de febrero se realizó una reunión en Medellín con altos mandos de la Fiscalía y Vélez ofreció un minucioso informe de todo lo sucedido.

Quedó un acta (véala aquí) en la que se leen otras razones de Germán Darío Giraldo para pedir la suspensión de la negociación. “Se ha tenido conocimiento, por parte de un fiscal de Bacrim, que tenía rumores acerca de que los indiciados están aprovechando sus traslados desde otras cárceles para reorganizarse”. El nivel central negó la solicitud pero dos meses después Perdomo, ya como Fiscal encargado, emitió una circular que definitivamente alejó a Vélez del proceso.

Desde el pasado 7 de marzo de 2016, existe queja disciplinaria (véala aquí) de la fiscal Vélez contra Germán Darío Giraldo, por presunto acoso laboral. No la han llamado ni siquiera a conciliar. En junio, a la Fiscalía de Medellín llegó un anónimo denunciando supuestos vínculos de la fiscal Vélez con la “Oficina de Envigado”. Después fue amenazada de muerte. Investigadores de la Dijin probaron que salió de un teléfono público ubicado en el sector de San Benito, zona de influencia de alias Pedro Pistolas.