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El inicio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), nada menos que el mecanismo creado para investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes que se han cometido en el conflicto colombiano, ha sido hasta el momento un espectáculo en el que los protagonistas se lanzan duras acusaciones, que incluso rayan el límite de lo ilegal. La pelea entre el secretario ejecutivo, Néstor Raúl Correa, y algunos magistrados solo ha logrado opacar el inicio de una labor que estaba concebida para buscar un cierre de las heridas de la guerra.
En un lado del “ring” está Correa, quien ejerció funciones como secretario de manera provisional desde septiembre de 2016 —y oficialmente desde enero 2017— hasta su renuncia, que se hará efectiva este lunes 30 de abril. En el otro están algunos magistrados. Las disputas empezaron cuando los magistrados se posesionaron y no encontraron en muchos casos ni papel, ni impresoras, ni sistemas de información. Y se agudizaron por un asunto clave: la participación que Correa quería tener en la toma de decisiones y en el diseño y contratación del personal que apoyará a los magistrados en los diez años de vigencia de la JEP, que se podrán extender hasta en cinco años más.
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La presidenta de la JEP, Patricia Linares, pidió públicamente cuentas a Correa y lo acusó de haber accedido a comunicaciones privadas de los magistrados de manera ilegal en las que expresaban sus opiniones sobre el proyecto de ley estatutaria de la JEP. El funcionario rápidamente cuestionó que no se haya denunciado el hecho ante las autoridades. Fuentes de la JEP consultadas por El Espectador explicaron que “se está analizando” interponer una denuncia ante la Fiscalía. Igualmente, cuestionaron la forma como Correa ha actuado ante los medios. El tufillo de fondo es uno solo: “Estamos quedando como si fuéramos unos corruptos, es un daño muy grande a la institucionalidad por defender una gestión”, dicen en la JEP sobre Correa.
Para las personas consultadas por este diario, la única forma de salir de esta bochornosa oleada de acusaciones es cumplir con el trabajo para el que fueron elegidos. Una tarea esencial, que también tiene unos plazos. “No vamos a sacar una sentencia en cuatro meses”, señaló otra fuente.
Pero, ¿en qué consiste la pelea? En su gestión, Correa facilitó que se suscribieran 8.432 actas de compromiso de parte de guerrilleros de las Farc, integrantes de la Fuerza Pública y agentes del Estado. Además, de US$4,7 millones aportados por la cooperación internacional, ejecutó en 2017 cerca de US$3,7 millones, especialmente para el funcionamiento de la entidad, personal, capacitación, los recorridos en los centros carcelarios para la firma de las actas, el arriendo de la sede actual y el contrato con la Universidad de los Andes para diseñar un modelo de servicios, operación y planta de personal.
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Correa dice que su propuesta consistía en una planta de 440 personas para toda la JEP, sin la figura de magistrados auxiliares, sino solo de tres asesores por despacho. Linares, junto con nueve magistrados más, propusieron una planta que sí contemplaba magistrados auxiliares y personal de apoyo que fue “acogida por unanimidad por los magistrados electos”. Correa dice que los magistrados vieron allí “un botín burocrático” al cual se opuso. Para los juristas, se trata de lo mínimo necesario para una carga laboral que por ahora apunta a 6.475 personas que han firmado actas de compromiso y más de 225.000 procesos relacionado con el conflicto armado que la Fiscalía planea entregar en 17 informes.
En la práctica, las cosas quedaron así; en el Tribunal de Paz habrá tres magistrados auxiliares por cada uno de los 20 despachos —hay 19 magistrados titulares posesionados, solo falta Yesid Reyes—. Ya cada despacho tiene un magistrado auxiliar y se pactó con Hacienda que los otros dos llegaran en agosto y en noviembre de 2018; más cuatro profesionales especializados, un auxiliar judicial y un conductor. Y en las salas de la JEP (la de amnistía, la de definición de situaciones jurídicas y la de reconocimiento), hay 17 de los 18 magistrados elegidos, pues Iván González no se ha posesionado. Allí habrá cinco profesionales grado 33—de los cuales hasta el momento hay tres en cada despacho—, un asistente administrativo y un conductor.
Este modelo es parecido al de las altas cortes. Por ejemplo, en la Sala Penal de la Corte Suprema, cada despacho cuenta con seis magistrados auxiliares, cinco profesionales grado 33 y un conductor. Su nombramiento y remoción dependen del magistrado titular, y esa misma facultad pidieron los magistrados de la JEP para armar sus equipos. Fuentes consultadas por El Espectador indicaron que son despachos pequeños, que apenas están implementándose. “Se están apoyando las salas y hay profesionales que irán al grupo de análisis de información”.
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Incluso el ministro de Justicia, Enrique Gil, señaló a CM& que Correa no podía suponer que tenía competencia para nombrar a los equipos de los magistrados. “Sería absurdo o al menos ilógico que el secretario vaya a asignar los funcionarios de cada despacho. Cada torero va con su cuadrilla, porque yo voy con mis magistrados de confianza”, señaló.
Otra fuente más aseguró a este diario que este bochornoso episodio “es un resquemor del secretario de verse desplazado del poder. Él era el dueño y el señor de la JEP y cuando llegó la presidenta tuvo que empezar a compartir el poder”. Las fricciones siguieron, mientras Correa cuestiona que Linares haya creado un “comité” con nueve magistrados más de la JEP. Varios de los magistrados, no obstante, creen que fue una disposición acertada para no tomar decisiones inconsultas.