¿Una persecución contra el uribismo?

El Centro Democrático sostiene que la agenda del fiscal Montealegre orbita alrededor de molerlos a punta de investigaciones. Una afirmación tan peligrosa como ligera. La credibilidad de la justicia sigue en juego.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez. / Senado

El poder que acumuló el gobierno de Álvaro Uribe llevó a varios de sus colaboradores a cometer excesos. Su afán por derrotar a las Farc y someter al paramilitarismo dejó una secuencia de hechos que la justicia condenó o aún investiga. Cinco años después, el exmandatario califica de persecución política las indagaciones que, respecto a esos mismos episodios, se han ampliado en la Fiscalía que hoy orienta Eduardo Montealegre. ¿Le asiste razón al Centro Democrático?

Los tiempos son distintos. Cuando Uribe asumió la jefatura del Estado el fiscal era Luis Camilo Osorio, denunciado por decisiones calificadas de obsecuentes con el paramilitarismo entre 2001 y 2005. El DAS, en manos de Jorge Noguera, y tiempo después con José Miguel Narváez, tampoco combatió a las autodefensas. Al revés. El gobierno mismo impuso una ley para lograr su transición a la política.

Con denuncia penal a bordo por anomalías en el trámite de la reforma constitucional que le permitió a Uribe ser reelegido en 2006, la historia empezó a cambiar cuando las verdades del paramilitarismo desnudaron nexos con políticos que respaldaban al gobierno. El fiscal ya era Mario Iguarán, exviceministro de Justicia de Uribe, quien a pesar de sus impedimentos, inició el rastreo de algunos casos.

El escándalo de la parapolítica, sin embargo, tuvo eco mayor en la Corte Suprema de Justicia, juez de los congresistas, que para noviembre de 2006 ya había ordenado apresar a varios indagados. La réplica, desde sectores afines al gobierno, se concretó en acciones para desacreditar las pesquisas. La conspiración del caso Tasmania en 2007, por ejemplo, a través de la cual se intentó enlodar al magistrado auxiliar de la Corte Iván Velásquez.

En ese momento ya la negociación entre el gobierno Uribe y el paramilitarismo había entrado en crisis, pero las confesiones en Justicia y Paz tenían en jaque a aliados del Ejecutivo. Entonces el DAS, que ya cargaba con el lastre judicial de Noguera y Narváez, la emprendió contra la Corte Suprema. Con el apoyo de funcionarios del círculo inmediato del presidente Uribe, incentivó una campaña de desprestigio. Fue la génesis de las chuzadas.

Además de indebidas acciones de espionaje contra periodistas u opositores del gobierno, el DAS enfiló baterías contra los magistrados de la Corte e incluso se atrevió a colocar micrófonos ocultos en su Sala Plena. Un contexto en el que también se produjo la visita clandestina de voceros y abogados del paramilitarismo a la Casa de Nariño. Entre 2008 y 2009, la pelea pública entre el gobierno Uribe y la Corte Suprema llegó a niveles extremos.

En medio de la confrontación se alteró el relevo en la Fiscalía. La Corte objetó los candidatos del gobierno y el organismo cayó en la interinidad. Aunque Iguarán dejó andando la mayoría de procesos contra el entorno uribista, en los breves mandatos de Guillermo Mendoza y Viviane Morales no se alcanzaron algunas definiciones. Casos como el de Andrés Felipe Arias y Agro Ingreso Seguro o la llamada yidispolítica quedaron en etapa de juzgamiento.

Con estos antecedentes, en 2012 llegó Eduardo Montealegre a la Fiscalía. Los coletazos de las chuzadas del DAS, los nexos del general Flavio Buitrago –exjefe de seguridad de Uribe– con alias el Papero, o el escándalo de los falsos positivos, no permitieron un cambio de rumbo. Aunque comenzaron a cuestionarle su silencio frente a procesos como Saludcoop (fue abogado de Carlos Palacino) o el magnicidio de Álvaro Gómez, no se apartó de hechos de la era Uribe.

En medio de la pelea de Uribe y Santos, comenzó a trascender que el proceso de paz de La Habana era blanco de infiltraciones indebidas. En el contexto de sucesivos escándalos por la divulgación de información reservada de los diálogos de paz, o el indebido uso de la Sala Andrómeda por parte del Ejército, el asunto derivó en averiguaciones contra la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga.

Sin embargo, el protagonismo mediático del fiscal Montealegre dio pie para que Uribe y su entorno lo cuestionaran. La premura con que apoyó la deportación de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado a Colombia, la captura del hacker Andrés Sepúlveda en la recta final de la campaña presidencial de 2014 y ahora las imputaciones contra el exsecretario jurídico Edmundo del Castillo y el de Prensa, César Mauricio Velásquez, son calificados por Uribe como persecución.

Salvo casos excepcionales, habitualmente en Colombia la justicia llega tarde y toca a algunos poderosos cuando ya no lo son tanto. Esa tendencia parece advertirse hoy. Los excesos en la era Uribe son recientes y deben ser investigados. Pero en opinión de analistas, el estilo mediático de Montealegre riñe con la postura que se espera de un fiscal que además se sabe jugado por el proyecto de Santos: el proceso de paz.

Le quedan nueve meses de gestión que no serán para encarar el caso Saludcoop ni mucho menos para incomodar al gobierno. Lo que se espera es que se salden los capítulos inconclusos de los tiempos de Uribe, que en las fricciones del poder no salieron a flote. El caso Job es uno de ellos. Hasta ahora no era más que un escándalo; hoy la Fiscalía busca establecer qué ocurrió en abril de 2008 en la “Casa de Nari”.

Y no será el único caso. En la guerra contra las Farc o el proceso con las autodefensas, quedaron graves hechos que deberán ser esclarecidos: la operación Orión en 2002, el impune bloque Capital y sus conexiones con la Fuerza Pública, las ejecuciones extrajudiciales presentadas como guerrilleros dados de baja en combate. Es probable que cuando Montealegre ya esté leyendo a Kant en Alemania, sigan siendo temas de la agenda judicial.

Lo demás es el dilema de siempre: la judicialización de la política o la politización de la justicia. Es decir, el juego de los denunciantes de oficio, los dirigentes que crecen en las encuestas alentando escándalos, las filtraciones de piezas procesales a la prensa, el protagonismo de algunos bufetes de abogados enriquecidos con el dinero de poderosos en desgracia o, en general, los desequilibrios entre el debido proceso y las presiones sociales agigantadas en los micrófonos.

Por complot contra la Corte

Siete años después de la visita de alias Job a la Casa de Nariño, la Fiscalía imputará cargos a los exsecretarios jurídico Edmundo del Castillo, y de prensa, César Mauricio Velásquez. El proceso se relaciona con un supuesto montaje para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia. El ente investigador asegura tener pruebas de que en el complot se usó de manera ilegal el DAS para obtener información de magistrados.

A Del Castillo y Velásquez se les imputarán los delitos de concierto para delinquir y a Castillo, adicionalmente, le endilgarán el delito de violación ilícita de comunicaciones y peculado por apropiación. La audiencia está programada para el 3 de agosto.