Una vez más, la ANLA convoca a audiencia virtual para aspersión aérea

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La entidad levantó la suspensión de la audiencia sobre la reactivación del glifosato asegurando que ya cumplió con lo ordenado por las órdenes que le impartieron jueces de la República en dos instancias. Sostiene que la participación de las comunidades está garantizada, pero, para las organizaciones, el tema no se ha resuelto.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) convocó a una nueva audiencia virtual el próximo 1° de septiembre para avanzar en la reactivación de las aspersiones aéreas con glifosato. Según el edicto de la entidad, acatando las dos órdenes judiciales que se han proferido al respecto, la audiencia se realizará y se realizarán tres reuniones preparatorias el 11, 13 y 15 de agosto. No obstante, la decisión no cayo nada bien en las organizaciones que apoyan a las comunidades afectadas por el glifosato y aseguran las medidas no garantizan la participación de las comunidades.

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La entidad explicó que ha desplegado una serie de alternativas y herramientas de comunicación para informar a las comunidades y garantizar su participación en la audiencia clave para retomar el uso del glifosato a través de un audiolibro, cartillas, trasmisiones en radios comunitarias, y recalcó que “toda la información recopilada, así como las inquietudes y documentación que allegue durante el proceso participativo, será tenida en cuenta”. Además, indicó que se realizarán reuniones presenciales en los municipios sin casos de COVID-19.

Aunque la ANLA anunció, como dice el edicto, que “se establecerán en forma detallada las condiciones bajo las cuales se brindarán garantías reales y efectivas de participación para la comunidad en general y conforme a las pautas establecidas”, para abogados litigantes en el caso, la decisión es arbitraria y una burla a la justicia y a las comunidades. En dos ocasiones la justicia ha fallado a favor de proteger los derechos de las comunidades afectadas por la decisión de retomar las fumigaciones aéreas.

La primera decisión fue tomada primero por el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto el pasado 27 de mayo. En el fallo se ordenó suspender las licencias que pondrían en marcha las fumigaciones aéreas hasta que se garantice el derecho a la participación de las comunidades y ordenó organizar una consulta previa en los 104 municipios donde se planea retomar esta actividad. Asimismo, determinó que no hay posibilidades de realizar audiencias o consultas previas de manera virtual, dejando en veremos el regreso del glifosato, por lo menos, hasta que la emergencia sanitaria termine.

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La decisión fue impugnada por la ANLA, la Dirección Antinarcóticos de la Policía, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). En las intervenciones, las autoridades encargadas de retomar el programa de erradicación de cultivos ilícitos con glifosato le aseguraron al Tribunal Administrativo de Nariño que los mecanismos dispuestos garantizaban el acceso a la información y a la participación de las comunidades. Pero los argumentos no fueron suficientes para el Tribunal tampoco.

El pasado 19 de julio, esa instancia ratificó la decisión del primer juez y, además, ordenó al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud tomar cartas en el asunto. La justicia nuevamente le dio la razón a las 93 personas y 88 organizaciones que le expusieron los riesgos ambientales y sociales que el glifosato desencadena en los territorios. La decisión también coincidió con la propuesta que llegó al Congreso de Estados Unidos de que, para aprobar la destinación a Colombia de recursos para el programa de erradicación de cultivos de coca, esta partida debía condicionarse.

De acuerdo con la iniciativa de los parlamentarios del Partido Demócrata estadounidense, el 20 % de la ayuda antidroga se hará efectiva cuando el Gobierno colombiano certifique que los programas de erradicación respetan el Acuerdo de Paz firmado con la exguerrilla de las Farc y las condiciones dadas por la Corte Constitucional en 2017 para retomar las fumigaciones. Por eso, para el abogado Alirio Uribe del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el edicto de la ANLA es sorpresivo.

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En dialogo con El Espectador, Uribe le dijo a este diario: “Lo que está haciendo la ANLA y las demás entidades entuteladas, es desconocer los fallos judiciales. Nosotros consideramos que hay un desacato total a las sentencias”. El jurista advierte que “en los dos fallos de tutela se dejó claro que con los mecanismos que planteaba la ANLA estaban violando el derecho al debido proceso, el derecho de participación de las comunidades, el derecho de consulta de las comunidades y el derecho a la información”.

En este sentido, la abogada Jennifer Mojica, coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), asegura que el anuncio es una burla a la justicia y a las comunidades afectadas. “Es un desacato y es burlarse de las decisiones de los jueces y además burlarse de los derechos de las comunidades afectadas por el glifosato” señaló Mojica. Además, las organizaciones le insistieron a la ANLA suspender voluntariamente la audiencia y no incurrir en faltas disciplinarias.

Para Mojica la situación es grave debido a que “el plan propuesto por la ANLA es el mismo que ambos jueces encontraron como no viables para garantizar la participación e información a las comunidades. Es imposible que de aquí a un mes que está citada la audiencia la ANLA cumpla con las condiciones de las órdenes judiciales”. De acuerdo con la abogada, “el Gobierno debe ponderar entre los derechos de las comunidades, su derecho a la vida, al medio ambiente que están sacrificando con un programa antidrogas que no tienen ningún sentido y que no ha funcionado”.

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