Uribe denunciará al contralor por investigación al Ubérrimo

La Contraloría puso en duda 103 de las 1.500 hectáreas que posee. Según registros de Cámara de Comercio, la gerente es la exprimera dama, Lina Moreno de Uribe, y el gerente suplente es Santiago Uribe Vélez.

El Espectador / Archivo

El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunciará por prevaricato al contralor general de la República, Edgardo Maya por haberle solicitado a la Fiscalía y la Procuraduría indagar, si hubo anomalías en la forma como el senador se hizo al Uberrimo.

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“Voy a denunciar a Edgardo Maya por prevaricato. Maya es finquero en el Cesar, y aquí es un socialista pro Farc en Bogotá, lo voy a denunciar, así pierda yo estas 103 hectáreas o tenga que comprar el equivalente para dárselo a la agencia nacional de tierras”, dijo Uribe Vélez a Caracol radio.

El exmandatario sostuvo que investigar a la Sociedad Agropecuaria el Ubérrimo es muy fácil, “porque nosotros no tenemos testaferros, además esas escrituras se han hecho de acuerdo con la ley”, comentó.

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Las 103 hectáreas que hacen parte de una explotación agropecuaria de 1.500 hectáreas que tiene el grupo familiar fueron adquiridas según él en casos que habían salido del dominio del Estado: “A mí familia no le han adjudicado baldíos”.

Este martes, el expresidente había asegurado que: “Si se consolida este abuso y tengo que perder este pedazo de tierra, lo haré, pero de manera ninguna renunciaré a mi vocación de empresario honorable del campo”, luego de que por medio de un comunicado la Contraloría indicacar que tras valorar los informes de actuaciones especiales de 2013, 2014 y 2015, elaborados por la Contraloría Delegada del Sector Agropecuario, se veía en la obligación de poner en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría 33 casos de posible acumulación indebida de unidades agrícolas familiares (UAF) en Córdoba, Meta, Vichada y Antioquia.

Asimismo, el organismo de control le pidió a la Agencia Nacional de Tierras adelantar acciones para “anular las ventas de predios de origen baldío” cuando se comprueben las irregularidades.

En Colombia, a mediados de 2013, arrancó un duro debate que promovieron el Congreso, algunos medios y la ONG británica Oxfam: el acaparamiento de tierras en la altillanura. El país se empezó a preguntar cómo miles de hectáreas baldías, adjudicadas a campesinos, terminaron en manos de grandes empresas. Se descubrió que compañías, como la estadounidense Cargill, habían contratado a firmas de abogados colombianas, como Brigard & Urrutia, para crear sociedades de papel en el exterior o en Colombia, hacer una especie de triangulación y quedarse con las tierras de manera “disimulada”.

 

 

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