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Para este miércoles este previsto el primer debate en la Sala Plena de la Corte Constitucional de la ponencia que presentó el magistrado Alejandro Linares, que busca la despenalización completa del aborto hasta la semana 16 (hoy se puede hacer solo en tres causales legales). En la sesión se deberán nombrar conjueces para resolver nuevas recusaciones que se han presentado contra varios de los nueve magistrados del alto tribunal que tienen la responsabilidad de tomar una de las decisiones judiciales más esperadas del año.
En una nueva entrega de la serie #AbortoConArgumentos, El Espectador habló con María Mercedes Vivas Pérez, Directora Ejecutiva y Representante Legal de la Fundación Oriéntame, una organización que presta el servicio de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que hace parte del movimiento Causa Justa para defender el aborto legal. Vivas explica el concepto que entregaron a la Corte Constitucional que estudia una demanda de la abogada Natalia Bernal en contra algunos artículos del Código Civil y del Código Penal, en donde se tipifica el delito de aborto.
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¿Qué le pidieron a la Corte Constitucional?
El concepto que se envió pide que se saque el artículo 122 del Código Penal, es decir, que no haya delito de aborto para ninguna mujer que accede a una interrupción voluntaria del embarazo. Al igual que no haya delito para los prestadores que ofrecen este servicio.
¿Por qué?
Porque, aunque llevamos 14 años de la implementación (del fallo que avaló el aborto en) tres causales, de todas maneras, no se puede garantizar plenamente el derecho para todas las mujeres colombianas. El hecho de que exista el artículo 122 en el Código Penal crea una situación de ambigüedad: que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho según la jurisprudencia de la Corte y, al mismo tiempo, es un delito. Esa una situación confusa tanto como para las mujeres, como para los prestadores de servicios que hace que las mujeres no puedan ejercer plenamente su derecho y acceder a servicios. 14 años después, todavía hay muchas barreras de acceso.
¿Cuáles han identificado?
Hay múltiples barreras. Por ejemplo, la solicitud de requisitos que no están establecidos por la sentencia de 2006. También, dilación innecesaria de los procedimientos haciendo que las mujeres avancen en su edad gestacional y limitando el servicio temprano. Una mal llamada objeción de conciencia en donde prestadores se escudan en el artículo 122 para no prestar los servicios de IVE y no remitir a las usuarias a lugares donde puedan recibir servicios seguros. La desinformación es una barrera gigante y juega en contra de las mujeres.
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Oriéntame tiene que enfrentarse a grupos de personas todos los días que tratan de impedir el ingreso de las mujeres que buscan un aborto seguro. ¿Qué implicaría la despenalización?
Es un mensaje poderosísimo: que desde el Estado no se estigmatice a las mujeres. Porque el artículo 122 del Código Penal además de hacer barrera, lo que hace es estigmatizar a las mujeres. Es un servicio de salud que es considerado un delito y es un servicio de salud que solo necesitan las mujeres. No hay ningún caso en que los hombres necesiten un servicio de salud que sea considerado delito. La despenalización legal, llevaría a despenalización social. Y reivindicaría el quehacer médico de los prestadores que sí elegimos, a conciencia, prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo.
La ponencia pide una despenalización hasta la semana 16. Y que, luego de ahí, se practique bajo las tres casuales legales. ¿Están de acuerdo?
Para nosotros sería una avance que hubiera despenalización hasta la semana 16. Sin embargo, el mundo ideal es que las razones por las cuales las mujeres tienen que interrumpir un embarazo, sean valoradas y consideradas en cualquier momento del embarazo. Los límites de edad gestacional se vuelven una barrera de acceso en sí mismos y se vuelven límites aspiracionales. Entonces, lo que termina pasando es que empiezan a dilatar y dilatar para que no pueda prestarse el servicio en ese lapso inicial. Sin embargo, la despenalización en las primeras 16 semanas es un avance. La mayoría de los servicios ocurren en el primer trimestre. Los casos más dramáticos y los que más necesitan de un sistema solido son los de mayor edad gestacional. Entonces, favorecería mucho sí, pero lo ideal sería que no hubiera penalización en ningún momento y que fuera libre.
¿Qué otro argumento incluyó en su concepto a la Corte?
Penalizar es una forma inefectiva de tratar de disminuir el número de abortos. Para poder hacerlo, si ese es el objeto, lo que funciona es la educación sexual integral, acceso a múltiples anticonceptivos e interrupción voluntaria del embarazo sin barreras, ojalá en el primer trimestre, pero que se pueda hacer tan temprano como sea posible y tan tarde como sea necesario. Penalizar no cambia esa realidad, no cambia la necesidad de las mujer de interrumpir (el embarazo), lo que hace es crear un ambiente enrarecido en contra de las mujeres y de los prestadores de servicio de salud.
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También le pedimos a la Corte que reconociera que las mujeres somos capaces de tomar nuestras decisiones y que la intervención de cualquiera, diferente a ellas mismas, es innecesaria. No hay ninguna circunstancia para los hombres en los que se esté metiendo el Estado para resolver sobre las decisiones que ellos toman de su cuerpo.
Además, no reconocer la interrupción voluntaria del embarazo como un servicio necesario va en contra de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Va en contra de la equidad de género. Confiar que las mujeres pueden manejar su fertilidad y maternidad permite que se disminuyan los ciclos de pobreza, que se puedan tener proyectos de vida propios, no decididos por terceros. Y, también, que todas las maternidades sean deseadas.
¿Qué pasaría si la Corte deja todo cómo está?
Oriéntame hace parte del movimiento Causa Justa y vamos a seguir pidiendo la despenalización total y que se saque del Código Penal. Las implicaciones son lo que pasa ahorita: que seguimos enfrentándonos a barreras, que seguimos enfrentando la estigmatización que viene de tener la interrupción voluntaria del embarazo en el Código Penal. Seguiríamos como estamos y es hora de avanzar.
En este debate hay muchos intereses políticos y religiosos. ¿Se desvía la atención a los argumentos?
El debate desordenado desdibuja el centro de la discusión y la necesidad de las mujeres que sigue estando intacta. Las mujeres necesitamos acceder a servicios seguros de interrupción voluntaria del embarazo, con discusión, con debate, con religión o sin nada de eso. Es un servicio de salud que las mujeres necesitan y así ha sido y será siempre. Complica la prestación del servicio y estigmatiza tanto a los prestadores de servicios como a las mujeres que solicitan la interrupción. Es un debate que no es profundo, que no es transparente y, en Causa Justa, buscamos dar los argumentos necesarios hasta que el debate sí sea transparente y con las mujeres en el centro.
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